Sra. directora:

El artículo de Esteva et al.1 publicado en su revista aporta datos de centros públicos para la atención a personas transexuales, donde se han presentado 3303 solicitudes de atención en los últimos 12 años. En algunos países de nuestro entorno, como Bélgica, en 2007 la prevalencia era de un/a transexual por cada 19.000 personas2; en Reino Unido, en 2009, de uno/a por cada 500 personas, y en 2011 la prevalencia era de un 1% de personas variantes de género3. Transfiriendo estas cifras a España, habría, por lo menos, unos 10.000 transexuales de ambos sexos. Constatando que solo se presentaron 3.303 solicitudes en España, podría pensarse que una gran parte acudió al sistema privado, nacional o en el extranjero.

Si hasta el 90% de los solicitantes quiere someterse a cirugía genitoplástica, como en los Países Bajos en 2007 y 20084, esto significa que de estas 3.000 solicitudes se han realizado solo el 12% en los pasados 11 años (unas 250, entre genitoplastia feminizante e histerooforectomia y genitoplastia masculinizante). Con una cuota de unas 50 cirugías genitoplásticas anualmente realizadas en los cuatro centros españoles, se calcula una lista de espera de unas décadas, sin tener en cuenta el incremento anual del 10% al 15%.

En la séptima edición, de 2011, la World Professional Association for Transgender Health – WPATH5 eliminó muchos límites, no solo temporales: el proceso de transición puede realizarse en 1 año para llegar a la elegibilidad para una faloplastia o una vaginoplastia.

Las UTIG (Unidades de Tratamiento de personas con problemáticas de Identidad de Género) aplican los estándares de cuidado con respecto a los plazos mínimos, pero con otra interpretación por falta de plazos máximos: los recomendados por la WPATH en la edición actual se convierten en España en un instrumento que justifica la escasa infraestructura e inversión en personal, que tiene como consecuencia un plazo de diagnóstico y asesoramiento psicológico de hasta 2 años, seguido por un tratamiento hormonal de otros 2 años. La Guía Clínica Española6, publicada por los mismos autores del artículo1, sigue más o menos los estándares de cuidado de la WPATH (sexta edición, de 2001), pero menciona un plazo de 18 meses para el proceso de transición que, realmente, dura hasta 4 años.

Agradezco la opinión de los autores del artículo con respecto a una descentralización de lo que están prestando, pero la práctica actual es que no reconocen análisis clínicos de otros hospitales, insisten en la patologización de transexuales y las/los tratan en consecuencia.

Habría tres realidades a mejorar: el escaso personal de las UTIG prestando servicios sanitarios necesarios para mejorar la situación del colectivo transexual, la escasa infraestructura existente, y un enfoque paternalista y defensivo de la práctica clínica que prolonga innecesariamente el proceso. Todos estos factores no pueden satisfacer las necesidades de una atención digna y suficiente, y se propone la posibilidad del cubrimiento de costes, en analogía a los españoles, si los pacientes se someten a las cirugías en clínicas fuera del país para reducir estas listas tan largas, cumplir con el tiempo legal de espera y reducir los otros gastos sociales innecesarios.