El gobierno brasileño bajo la presidencia de Jair Bolsonaro propone cambios en la política de salud mental que desmantelarán la Red de Atención Psicosocial (RAPS). En los últimos 20 años, a pesar de la insuficiente financiación en el Sistema de Salud de Brasil, ha sido posible crear esta compleja red compuesta por diversos servicios de salud e intersectoriales, basada en un modelo asistencial multiprofesional que privilegia las acciones territoriales y comunitarias en detrimento de la lógica segregativa y manicomial1.

El documento Directrices para un modelo de asistencia integral a la salud mental en Brasil2, publicado por la Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) en octubre de 2020, está de acuerdo con las propuestas de contrarreforma neoliberal del Estado y con la Nueva Política de Salud Mental publicada por el Ministerio de Salud de Brasil a partir de 2017, con énfasis en la Ordenanza GM/MS 3.588/20173. Se trata de dispositivos y reglamentos opuestos a los avances y logros de la reforma psiquiátrica, en aplicación desde la década de 2000.

La ABP y los signatarios del referido documento componen un conjunto de actores históricos que representan a la corporación médica en el campo político hegemónico ideológico y asistencial del modelo hospitalocéntrico, que reivindican la centralidad de los conocimientos de la psiquiatría y del psiquiatra para la evaluación y el tratamiento de los trastornos mentales.

Ante los retrocesos de las políticas de salud mental y la crisis sanitaria y social en el contexto pandémico del coronavirus, se ha establecido un levantamiento más organizado y fortalecido en el país, en un amplio frente nacional, que engloba los movimientos sociales y de actores sociales más progresistas, basados en la reforma psiquiátrica y en la lucha antimanicomios. Este amplio frente antimanicomios se ha revitalizado en el país con la participación de congresistas, investigadores, trabajadores, usuarios y familiares en el ámbito de la salud mental y del Sistema Único de Salud, corroborado por un manifiesto de psiquiatras en contra del lobby de la ABP. Se trata de actores sociales, presionados por un impulso ético y social de resistencia en defensa de los derechos humanos de los usuarios de la salud mental, frente a la reanudación del modelo de asistencia biomédica, del desmantelamiento de los servicios de salud mental para otros sectores, de la privación de libertad, de la abstinencia y de la no participación de los usuarios en las decisiones sobre los procesos terapéuticos.