En el presente artículo analizaremos el impacto de la crisis en los hábitos alimentarios de la población española, a qué perfiles sociales afecta y qué consecuencias tiene. Nos preguntamos en qué medida, en el actual contexto de crisis, el derecho a una alimentación sana y saludable está plenamente garantizado.

El derecho a la alimentación supone el derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos1. La crisis aumenta la inseguridad alimentaria, es decir, las situaciones en que las personas no consumen lo suficiente para desarrollar una vida activa y sana2. La inseguridad alimentaria es un fenómeno en ascenso, asociada a casos de subnutrición (insuficiente ingesta de alimentos para satisfacer las necesidades de energía alimentaria), de malnutrición (desequilibrio por deficiencia o exceso de energía y nutrientes ingeridos) e incluso de desnutrición (como consecuencia de la falta de ingesta de proteínas, calorías, energía y micronutrientes).

Los grupos más proclives a verse sumidos en la inseguridad alimentaria son aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la comida3,4. Las dificultades para cubrir las necesidades alimentarias se han disparado a raíz de la crisis. La Federación de Bancos de Alimentos5 calcula haber repartido en 2012 unos 120 millones de kilos de comida, un 20% más que el año anterior, a un total de 1,5 millones de personas, mientras que en 2007 la cifra de beneficiarios era de 700.000. Cáritas6 señala que el número de personas atendidas ha pasado de 370.251 en 2007 a 1.015.276 en 2011. La demanda de ayuda económica para costear la comida es la más solicitada. Un 4% del total de la población española carece de recursos para hacer frente a su alimentación básica diaria7.

La inseguridad alimentaria de la población está relacionada no sólo con la falta de ingresos fruto del desempleo, sino también con el problema de la vivienda que se ha agudizado por la crisis. En Estados Unidos se ha constatado que la inseguridad alimentaria es mayor en las familias que dedican más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda y que tienen atrasos en el pago del alquiler8. La falta de instalaciones adecuadas para cocinar en los hogares de bajo nivel socioeconómico y en infraviviendas (a menudo por impagos de suministro energético) contribuye al consumo de dietas menos variadas y de alimentos preparados4.

La inseguridad alimentaria afecta a personas de todas las edades. Estudios en Estados Unidos muestran cómo, aunque incide menos en los adultos de edad avanzada que en los jóvenes, la inseguridad alimentaria creció entre los primeros un 34% de 2007 a 2010, afectando sobre todo a aquellos con menos ingresos, menos estudios, de minorías étnicas y residentes en Estados sureños pobres9.

Es necesario prestar atención a la situación de la infancia, al ser ésta un periodo fundamental para el desarrollo físico e intelectual de un individuo. UNICEF estima en 2.200.000 los menores que en España viven en la pobreza, una condición social que incluye malnutrición y dietas desequilibradas10. En Cataluña, en 2011 había 50.000 menores de 16 años, un 4% del total, que recibían una dieta pobre y sin la diversidad de nutrientes necesaria para su correcto desarrollo11. Un aspecto específico del impacto de la crisis en la alimentación infantil tiene que ver con los comedores escolares. Por un lado, se ha detectado una tendencia al empeoramiento de la calidad dietética de los menús que revierte la tendencia de mejora experimentada en la última década12. Por otro lado, la crisis ha comportado un aumento de los alumnos que llevan tupper a la escuela al no poder pagar sus familias el coste del comedor escolar. Si bien no existen cifras oficiales ni datos para toda España, según datos de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos (AMPA) de Cataluña entre un 15% y un 20% de las familias han prescindido del comedor13. La irrupción del tupper ha generado preocupación entre los actores sociales sobre su gestión en cuanto a que en algunos casos esto implique dietas desequilibradas.

El cambio de pautas de consumo no es fruto de elecciones individuales descontextualizadas, sino que está condicionado estructuralmente por la situación económica, siendo aquellas personas cuya situación económica es mala, y como tal es percibida, las que modifican más su comportamiento14. Los ciudadanos han cambiado sus hábitos de consumo para recortar gastos. Un 41,2% dice haber modificado sus pautas alimentarias para economizar; una cifra importante, pero que queda sensiblemente por debajo de otras partidas como las del agua, la electricidad y el gas (69,8%), la compra de prendas de vestir (64,2%), el ocio (69,9%) o las vacaciones (66,1%)15. La Encuesta de Presupuestos Familiares de 2012 muestra que la reducción del gasto en alimentación (−0,2%) está por debajo de la reducción media del gasto familiar (−3,2%), aunque el gasto en comer fuera de casa sí experimentó una reducción relevante superior a la media (−7,4%). Entre 2006 y 2012, el gasto en este capítulo descendió un 18,9%, bastante más que la reducción media del gasto familiar total (−6,8%) y que el gasto alimentario doméstico (−4,7%)16.

Los estudios sobre la crisis económica asiática a finales de la década de 1990 muestran que las familias reducen primero el gasto en los alimentos más caros, como los de origen animal, la fruta y la verdura, así como la cantidad de alimentos ingeridos. Después, si el gasto ahorrado no es suficiente, suelen seguir los productos alimentarios básicos. Ello implica que la ingesta de nutrientes específicos suele disminuir antes que la de energía, creando deficiencias en la ingesta de micronutrientes necesarios para el organismo17.

En España los datos indican que, en primer lugar, se producen cambios en el lugar donde se compra. El principal factor que determina hoy la adquisición de alimentos en un establecimiento u otro es el precio. En 2012, un 62,7% de los consumidores valoraba los “buenos precios” para elegir el lugar de compra de la comida, una cifra que en 2007 era sólo del 34,1% y que entre 2007 y 2012 aumentó de manera constante, aunque bajó al 55,3% en 2013. El número de personas que afirman haber modificado la forma de cocinar o comprar para ahorrar ha aumentado de un 44,4% en 2011 a un 52,1% en 2012 y a un 63,4% en 201318.

En segundo lugar, el volumen de alimentos consumidos por persona en el hogar ha experimentado cambios por la crisis. Si en 2008 el consumo aumentó un 6,8% respecto al ejercicio anterior, en 2009, 2010 y 2011 descendió un 1,1%, un 3,1% y un 0,6%, respectivamente, para repuntar en 2012 (0,3%) y 2013 (2,2%), aunque en porcentajes muy inferiores al de 200818. La crisis provoca, por tanto, la reducción del volumen de alimentos adquiridos.

En tercer lugar, se operan cambios en los productos comprados. La evolución del gasto debe ponerse en relación con el patrón de consumo alimentario en España, basado en la dieta mediterránea, a pesar de que en las últimas décadas haya habido signos de un alejamiento de ella19. El consumo de cereales, verduras, hortalizas y legumbres está por debajo de las recomendaciones, mientras que el de lácteos, pescados, carnes magras, huevos, grasas, dulces y embutidos se sitúa por encima de lo recomendado20. Puede constatarse la tendencia a la reducción del consumo de algunos productos más caros en beneficio de otros más económicos. En el caso de la carne, por ejemplo, hay una caída de la adquisición de carne más cara, como la de vacuno, del 6,5% en 2010, el 2,5% en 2011, el 2,6% en 2012 y el 4,5% en 2013, mientras que otras más baratas experimentan aumentos o descensos ligeros; es el caso del pollo (+4,9% en 2010, −0,3% en 2011, +1,8 en 2012 y −1,2% en 2013), de la carne transformada (−0,2% en 2011, +2,3% en 2012 y +0,9% en 2013) y de la congelada (+14,2% en 2011, +0,9% en 2012 y −1,7% en 2013).

El consumo de pescado experimenta también un descenso, aunque ligero: −1,9% en 2011, −1,2% en 2012 y −0,3% en 2013. La evolución de la compra de frutas y verduras es contradictoria y no parece seguir un patrón claro: se redujo el consumo de frutas (−0,8%) en 2011, subió en 2012 (2,7%) y cayó de nuevo en 2013 (−2,2%). En el caso de las verduras y hortalizas frescas se constata un descenso en 2010 (5,2%), un aumento en 2011 (3,7%), otro descenso en 2012 (−0,5%) y un nuevo crecimiento en 2013 (1,8%).

En cualquier caso, estas cifras contrastan con las de años anteriores a la crisis, marcados por una pauta general de aumento del consumo de frutas (10,4% en 2004, 5,2% en 2005, 4,5% en 2006 y 5% en 2007) y verduras y hortalizas (9,2% en 2004, 10,2% en 2005 y 6,3% en 2006). Finalmente, un aspecto a destacar es el aumento del consumo de legumbres desde el inicio de la crisis (revertiendo una tendencia histórica a su disminución iniciada en la década de 1960), precisamente como resultado de los reajustes presupuestarios familiares18.

Los cambios en el gasto alimentario tienen efectos diversos en términos de salud. Algunos son positivos, como el mencionado aumento de las legumbres; otros también pueden serlo, como es el caso de la reducción de las comidas fuera de casa. Y cambios como la búsqueda de establecimientos más baratos tampoco necesariamente tienen que tener consecuencias negativas en el ámbito de la salud. Sin embargo, en términos generales, como tendencia de fondo, la crisis favorece la compra de productos menos nutritivos, altamente procesados y ricos en calorías, lo que contribuye a fomentar una alimentación poco saludable21. En España ha aumentado el consumo de dulces envasados (galletas, chocolates/cacao y sucedáneos, bollería y pastelería), con un incremento del 3,8% entre 2012 y 201318. El tipo de hogar donde más se consumen está formado por parejas con hijos pequeños y medianos. También en Gran Bretaña, por ejemplo, la crisis ha hecho que las ventas de carne de cordero, verduras y fruta fresca hayan disminuido, mientras que el consumo de productos envasados, como galletas y pizzas, haya aumentado22.

Una cuestión específica a destacar, por tanto, es el vínculo entre crisis y obesidad. En España, la tasa de obesidad supera la media de la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El 39% de la población presenta sobrepeso y el 23% obesidad (sobrepeso equivale a un índice de masa corporal de 25–29,9kg/m2 y obesidad a más de 30kg/m2)23. Como ya ha sido ampliamente estudiado24, el consumo de productos menos saludables es mayor en los segmentos económicos más bajos, que viven en un entorno muy “obesogénico”. El nivel sociocultural bajo y el entorno desfavorecido influyen en la obesidad4. Los grados más altos de sobrepeso y obesidad se concentran en la población con el nivel de estudios más bajo: mientras el porcentaje de obesidad entre los hombres con estudios primarios es del 29,8% y el de las mujeres del 28,9%, las cifras entre los hombres y las mujeres con estudios universitarios disminuyen hasta el 21% y el 11,4%23.

La crisis provoca un aumento de la pobreza, y ésta entraña más riesgo de obesidad. Mala alimentación y obesidad se asocian a la pobreza, pues la dieta de muchas personas pobres puede superar las necesidades de energía, pero carece de los nutrientes necesarios, al basarse en alimentos de bajo coste con pocos nutrientes y alto contenido en grasas24,25. El menor consumo de vegetales y verduras por parte de los hogares y las regiones con menos ingresos es conocido26, y el desempleo está asociado a un menor consumo de vegetales y frutas y un mayor consumo de comida no saludable y rápida27. Las dificultades económicas provocadas por la crisis conllevan también una reducción de los gastos en actividad física de las familias (que afecta tanto a los adultos como a los niños)22. Todo ello muestra un nexo complejo entre el aumento de la pobreza provocado por la crisis, la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la obesidad28.

Es necesario señalar, sin embargo, la existencia de tendencias en dirección opuesta, como es el creciente interés por la alimentación ecológica, aunque se concentra sobre todo entre las clases medias con estudios. Ésta equivale aún sólo al 1% del mercado alimentario, una de las cifras más bajas de Europa, pero su crecimiento en los últimos 10 años ha sido del 25% de media, uno de los más altos del continente. La crisis no ha frenado su expansión y en 2011 el consumo de alimentación ecológica creció un 7%29.

La crisis ha modificado los hábitos de consumo y alimentarios. El gasto familiar en alimentación se reduce, aunque menos que otras partidas como energía, ocio o vestimenta. El precio es un factor más influyente que antes en la elección de dónde se compra, el volumen de consumo de alimentos tiende a reducirse y disminuye el consumo de algunos de los productos más caros.

La crisis y los cambios en el consumo de alimentos implican un aumento de la inseguridad alimentaria. Por un lado aumentan las dificultades para conseguir una ingesta de alimentos suficiente para cubrir las necesidades energéticas; por otro, aumentan los hábitos alimentarios poco saludables, que conllevan el incremento de problemas como la obesidad.

Los grupos sociales más proclives a verse sumidos en la inseguridad alimentaria son aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la comida. Dicha situación afecta a personas de todas las edades, aunque conviene recalcar sus efectos en la infancia al ser ésta un periodo fundamental para el desarrollo físico e intelectual de los individuos. Los hábitos alimentarios poco saludables afectan más a los colectivos en situación de pobreza o desempleo.

Puede afirmarse, por tanto, que la crisis contribuye a vulnerar el derecho a una alimentación sana y saludable de aquellos sectores sociales con menos recursos económicos.

El gobierno español, como firmante del Pacto Internacional para los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación a todos sus ciudadanos. Sintetizaremos aquí algunas propuestas para hacerlo efectivo:

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  La inseguridad alimentaria y otros problemas de alimentación no pueden solucionarse si las medidas dirigidas al sistema alimentario no van acompañadas de una política en el terreno del empleo y la vivienda de expansión de derechos, y no de recortes en el gasto público. Garantizar el derecho a una alimentación sana y saludable requiere un fortalecimiento de los regímenes de bienestar.

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  Potenciar y desarrollar los programas específicos para garantizar una alimentación sana y saludable, como la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud) establecida en 2005. Los recortes presupuestarios de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) van en sentido opuesto. Una estrategia global para combatir la alimentación poco saludable debe incluir una intervención formativa (programas de sensibilización y educación, como el PERSEO en las escuelas), informativa (elaboración de guías alimentarias), mecanismos de regulación de la agroindustria (es decir, de la oferta alimentaria), de la publicidad (p. ej., el código PAOS como referencia ética para la publicidad alimentaria dirigida al público infantil) y de la producción (apoyando ciertos productos saludables)30.

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  En el terreno de la alimentación escolar, resulta una prioridad garantizar el acceso a los menús, el mantenimiento y la continua mejora de su calidad31.

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  Fomentar iniciativas de abaratamiento del coste de verduras y frutas, así como experiencias concretas prácticas que incentiven su consumo entre los segmentos de población con menos ingresos y menor nivel educativo. A título de ejemplo, la iniciativa de la Veggie Mobile en 2008 en Estados Unidos, una tienda móvil que recorría barrios con bajos índices de consumo de vegetales y verduras, consiguió un aumento de su consumo32.

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  Abordar el debate sobre grabar productos alimentarios poco saludables como mecanismo disuasorio para los consumidores. Algunos autores33 sostienen que dichos impuestos tendrían un efecto real si su cuantía fuera en torno a un 20%, y que deberían complementarse con medidas de promoción y subsidio de alimentos saludables. Otros autores cuestionan este mecanismo señalando que no tiene ningún efecto educador y que no está claro que provoque cambios permanentes en los hábitos alimentarios, ni que éstos vayan en una dirección saludable34.

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  Promover los esfuerzos de solidaridad que una amplia variedad de organizaciones sociales (bancos de alimentos, ONG…) están realizando en favor de quienes viven en la inseguridad alimentaria. Sin embargo, conviene recordar que el papel de las organizaciones sociales no puede ser sustitutivo de las responsabilidades de la administración, y su actividad paliativa por sí sola no puede solventar problemas estructurales.

Ambos autores han contribuido de forma sustancial en la realización de este trabajo, tanto en lo que se refiere a la concepción y diseño, escritura y revisión, y aprobación de la versión presentada.

Ninguna.

Ninguno.