Desde distintos medios de comunicación se ha abordado el tema de la gestación subrogada. El concepto de «gestación subrogada», por sustitución, vientres o úteros de alquiler, se considera fuera del ámbito de las técnicas de reproducción asistida, puesto que se trata de una práctica en la cual una mujer gesta para otra u otras personas mediante una fecundación in vitro1.

En España, la gestación subrogada no cuenta con validez legal2 y desde 2023 constituye una vulneración de los derechos reproductivos y una manifestación de violencia contra las mujeres3. En este sentido, el Parlamento Europeo no acepta esta práctica, por utilizar el cuerpo y las funciones reproductivas de las mujeres como materia prima4.

Este tipo de gestación sigue un modelo neoliberal en el que las mujeres ofertan su cuerpo como cualquier otro bien o servicio, lo que pretende dotarlo de una apariencia de libre autodeterminación5. Las situaciones de gestación subrogada altruista, recientemente aprobadas por el Código de Deontología Médica, son anecdóticas y con ellas se pretende conceder a esta práctica un valor positivo. La naturaleza gratuita de este acuerdo, dudosa y de difícil control, facilita el tráfico y venta de niños/as, genera un turismo reproductivo y representa una considerable fuente de ingresos de intermediación.

Desde el punto de vista de la salud pública, se debe destacar que la gestación subrogada se sustenta por la existencia de mujeres en situación de vulnerabilidad que son explotadas con el objeto de satisfacer el deseo de otras personas de ser padres o madres. No cuentan con autonomía ni con libertad para decidir debido a su situación socioeconómica, lo que traduce una desigualdad por razones de género que atraviesa todos los ejes de desigualdad5. Así mismo, desde esta óptica se deben considerar otras cuestiones, como el cambio de opinión de la gestante, o situaciones de niños/as nacidos/as con discapacidad, que es probable que ni la gestante ni los/las subrogantes los/las deseen, ya que este tipo de gestación no está pensada en interés del menor. También se han podido analizar multitud de problemas de distinta índole suscitados en tiempos de crisis sanitaria, cuando los/las recién nacidos/as permanecieron aislados/as sin contacto con sus madres gestantes (quedando limitado el contacto al momento del parto) ni con las personas subrogantes. Este hecho puso todavía más de manifiesto las diferencias sociales y de oportunidades entre unos y otros.

Por todo ello, la gestación subrogada debe ser tratada como un problema de salud pública, ya que produce una instrumentalización y una mercantilización del cuerpo de las mujeres, y representa la utilización del cuerpo de la mujer para la satisfacción de un deseo (maternidad o paternidad) que pretende convertirse en derecho (a tener hijos/as y a formar una familia). No debería ser una alternativa a la descendencia o a la familia normativa; los cauces para ello podrían ser la adopción o la reproducción asistida. No se puede admitir una normalización de esta práctica en virtud de la política de hechos consumados.