El 18 de octubre de 2019 se inició en Santiago de Chile una revuelta popular gatillada por el aumento de 30 pesos (0,03 euros) en el valor del tren metropolitano (4% de su precio). En menos de 24 horas, la movilización se extendió a todas las grandes ciudades de Chile1. Las principales causas fueron la profunda desigualdad social, la corrupción de los políticos, las fuerzas armadas y la colusión de empresarios, junto con los bajos salarios y pensiones, y la falta de acceso a educación de calidad y de una cobertura de salud efectiva en gran parte de la población2. Esta nota describe los efectos iniciales en la salud de los chilenos, producto de la respuesta del Estado frente a las movilizaciones.

El 18 de octubre de 2019 marca el inicio del estallido social en Chile bajo la consigna «Chile despertó». Cientos de estudiantes de secundaria traspasaron los torniquetes del tren metropolitano, generando movilizaciones pacíficas espontáneas, pero también destrozos y saqueos en todo el país1.

La respuesta del gobierno fue declarar el estado de excepción durante 9 días, suspendiendo algunas garantías constitucionales (toque de queda) y llamando a las Fuerzas Armadas para controlar las revueltas. Pese a esto, el 25 de octubre de 2019 se registró una gran concentración, en la que se conoce popularmente como Plaza Italia, en el centro de Santiago, de alrededor de 1.200.000 personas, y 800.000 más en el resto del país3.

Desde el comienzo, las agrupaciones de derechos humanos reportaron la vulneración de estos por parte de la policía. Hasta el 18 de marzo de 2020 se habían registrado 2520 querellas, de las cuales 1730 fueron por apremios ilegítimos, 460 por tortura y 5 por homicidios. Se reportaron en los hospitales 3838 personas heridas y 460 lesiones oculares, 34 de las cuales fueron estallidos oculares (2 de ellas con pérdida de visión bilateral irreversible) (tabla 1)4.

Los principales daños a la salud se generaron por el uso indiscriminado de balines contra los manifestantes, generando una epidemia de lesiones oculares de carácter único en el mundo5. Solo en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador se atendieron 259 personas, hasta el mes de noviembre de 2019, con una edad promedio de 26,3 años, en su mayoría hombres6. En algunos casos no se logró extraer los balines, que mostraron densidad metálica en las pruebas de imagen, y algunas de estas lesiones podrían evolucionar a una pérdida completa de la visión dada su gravedad. No existen cifras oficiales del número total de lesionados ni su caracterización por edad y sexo por parte del gobierno. Muchos de los lesionados fueron impactados por numerosos balines, y se desconoce si ello puede asociarse a niveles de riesgo de plomo en sangre7.

Un año después se sigue reportando un uso excesivo de bombas lacrimógenas, que no solo afectaron a los manifestantes, sino también a los residentes de la llamada «zona cero», ubicada en Plaza Italia en la ciudad de Santiago y en otras ciudades del país, donde las manifestaciones siguen ocurriendo y la exposición pasiva a los gases lacrimógenos ha sido constante. No se ha realizado una vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria de residentes mayores, niños, embarazadas y pacientes crónicos, y en algunos casos se han creado organizaciones locales que buscan el cese del uso de gases lacrimógenos en las áreas residenciales8.

Según el gobierno, el principal compuesto utilizado es el clorobenzilideno malononitrilo, lanzado como proyectil contenedor de partículas en suspensión o arrojado por carros lanza-aguas; se han reportado quemaduras por parte de los manifestantes, quienes refieren, además, el uso de gas pimienta. No se conocen todos los químicos contenidos en los proyectiles, pese a la indicación de la Convención de Armas Químicas, adscrita por Chile 9. A pesar de que las autoridades refieren que se cumple con la concentración permitida de clorobenzilideno malononitrilo y con el uso de protocolos, no se ha cuantificado la concentración de estos gases cuando los proyectiles se lanzan de manera repetida y permanentemente en el mismo lugar. Además, se ha gastado una gran cantidad de recursos públicos en la compra de estos elementos (fig. 1).

Figura 1.

Distribución regional del gasto público (millones de pesos) para la compra de bombas lacrimógenas y su número total, utilizadas por Carabineros entre los días 28 de octubre de 2019 y 6 de diciembre de 2019 (rangos), Chile. Fuente: RSIP N.° 49500 (28 enero 2020),.https://twitter.com/openmapchile/status/1226177286967365633?s=20. Fuente cartográfica: openmapchile.cl (febrero 2020).

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Según la literatura internacional, los efectos asociados a estas armas químicas van desde síntomas agudos y leves, como irritación de mucosas y de conjuntivas, hasta situaciones más graves, como hemorragia vítrea, descompensación de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, edema pulmonar agudo, disfunción grave de vías aéreas, quemaduras y muerte, entre otros. No existe suficiente evidencia epidemiológica de que la exposición prolongada sea segura10. Durante la crisis se han reportado casos de traumatismos craneoencefálicos graves, incluso en niños, debido al uso de bombas lacrimógenas como proyectil.

Adicionalmente, el impacto que la crisis ha tenido en la salud mental de las víctimas directas y en el resto los chilenos es todavía incierto. Para muchas personas, la violencia vista desde octubre ha generado una revictimización de las experiencias vividas en la dictadura (1973-1989)11. El Ministerio de Salud no ha presentado un plan de acción específico para abordar eventos agudos durante el estallido, ni el eventual aumento del número de suicidios, ya observado en otros países luego de crisis sociales y económicas12 como la que se vive en Chile desde el año pasado y agravada por la pandemia de COVID-19.

Las poblaciones más afectadas, en situaciones precarias, no recibieron atención especial ni refuerzo de profesionales en servicios de salud, que se vieron superados por la demanda asistencial, lo que dejó a estas personas aún más vulnerables a otros eventos catastróficos como la COVID-19. Las acciones sanitarias se centraron en la cobertura de prótesis y atención para quienes sufrieron lesiones oculares, pero no se ha reportado una vigilancia epidemiológica de lesiones ni de la exposición a lacrimógenos por parte de la autoridad sanitaria. Las estadísticas provienen de organizaciones de defensa de los derechos humanos, lo que podría dificultar la evaluación del impacto sanitario, la generación de medidas de mitigación del brote o acciones reparatorias por parte de las autoridades.

El estallido social chileno del 18 de octubre de 2019ha demostrado que el acuerdo de «Nunca más» permitir las violaciones de los derechos humanos, realizado en los años 1990, ha sido insuficiente para enfrentar esta crisis social en tiempos de democracia. Dado que la violencia policial se ha conformado como un problema de salud pública, es urgente establecer un sistema oportuno y transparente de vigilancia, y educar a los equipos de salud en el abordaje de lesiones físicas de este tipo, además de dar respuesta inmediata a eventos críticos de salud mental. El gobierno debe comunicar con transparencia la totalidad de los compuestos químicos usados como lacrimógenos, al igual que la composición de los balines y proyectiles.

La reparación de quienes han perdido la visión o han sufrido lesiones oculares u otro tipo de lesiones debe ser integral. Se deben estimar la invalidez y la discapacidad generadas en la población joven y laboralmente activa, que son la mayoría de los afectados. Este tipo de daños en la salud de los ciudadanos no puede repetirse por parte del Estado.

La falta de estudios del impacto epidemiológico de los gases lacrimógenos obliga a realizar un debate bioético sobre los riesgos poblacionales frente al beneficio de su uso, dado que existe controversia en cuanto a su efectividad en la dispersión de masas6. La crisis ha demostrado que las manifestaciones persisten pese al aumento del uso de gases lacrimógenos, reflejado en el aumento del gasto estatal en su compra (fig. 1). El Estado debe dar un uso correcto a estas herramientas, considerar la prohibición de su uso y garantizar el derecho a manifestarse, así como de la totalidad de los derechos humanos, pilares fundamentales de la democracia. Además de las medidas reparatorias esperables en las personas afectadas, deben realizarse planes preventivos de la violencia política y policial para que realmente podamos decir que «Nunca más» el Estado de Chile violará los derechos humanos de sus ciudadanos.

Carlos Álvarez Dardet.

Las autoras de este trabajo contribuyeron por igual en la concepción, la redacción, el análisis y la discusión de los hallazgos, así como en la redacción del manuscrito y su revisión crítica, hasta llegar a la versión final para su publicación. La autora correspondiente, en nombre del resto, garantiza la precisión, la transparencia y la veracidad de la información contenida en este documento.

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Ninguno.