Al cumplirse un año desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia en el Parlamento Español, los datos que muchas comunidades autónomas de España han comunicado a la prensa1 muestran mucha variabilidad entre ellas en cuanto a las eutanasias solicitadas, las eutanasias llevadas a cabo y los profesionales sanitarios que se han declarado objetores de conciencia. Tras ajustar las eutanasias por la población y el número de objetores por el de médicos de cada comunidad autónoma, persisten grandes diferencias entre ellas (tabla 1). También en los Países Bajos hay importantes diferencias entre el número de eutanasias en el norte de habla flamenca y el sur de habla francesa2. Nos planteamos si las diferencias entre comunidades autónomas en el número de eutanasias corregidas por población o el número de sanitarios objetores pudieran estar relacionadas con la renta per cápita, el porcentaje de mayores de 64 años o la proporción de voto a los partidos que se autodenominan «de izquierdas» en las elecciones generales de 2019 (datos del Instituto Nacional de Estadística). Solo encontramos una correlación lineal positiva entre la renta per cápita y las eutanasias solicitadas (coeficiente de correlación de Spearman ρ=0,745; p=0,013), pero no con las practicadas (ρ=0,484; p=0,079). Esta asociación positiva con el nivel de renta se ha encontrado también en Bélgica3. Las 172 eutanasias practicadas en España1 durante el primer año desde la aprobación de la ley (a las que habría que añadir las de Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla, sin datos todavía) son menos que las 259 o las 1882 que se produjeron en Bélgica4 y los Países Bajos5, respectivamente, en el año 2002, en el que se aprobaron sus leyes de eutanasia. En el año 2019 habían aumentado en estos países a 2565 y 6361, respectivamente.