En Guatemala, casi la mitad de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar1. Las agresiones sexuales están entre las formas de violencia más silenciadas, hecho que se refleja en la enorme brecha que hay entre los registros de la Policía Nacional Civil y los casos ocurridos. El abuso sexual a menores (< 18 años) alcanza una prevalencia en mujeres menores de 15 años del 4,7%2, y una tercera parte de los casos son incesto3. La violencia contra mujeres y niñas tiene su origen en las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y es entendida como un instrumento de dominación y control social4. La violencia y la violación pueden exacerbar el riesgo de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)5.

El objetivo de esta nota es describir la experiencia de un proyecto de atención integral a las víctimas de violencia sexual en Guatemala.

Este proyecto, dirigido a mujeres, hombres y niños/as víctimas de este tipo de violencia de seis municipios de Escuintla, fue implementado por la Fundació Sida i Societat, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala entre 2007 y 2009.

El proyecto incluyó (fig. 1): 1) atención médica, psicológica y búsqueda activa de casos; 2) prevención de la violencia sexual mediante formación, sensibilización y material educativo y promocional, y 3) incidencia política y trabajo en red.

Figura 1.

Componentes del proyecto de atención integral a víctimas de violencia sexual, Departamento de Escuintla, 2007-2009.

(0.66MB).

Un/a facultativo/a recogía información sociodemográfica, clínica y del suceso de este tipo de violencia mediante un cuestionario, tomaba muestras ginecológicas y sanguíneas para determinar ITS, VIH y embarazo, y derivaba a la víctima a una psicóloga (fig. 1). Ante la baja adherencia al seguimiento, una trabajadora social realizó desde marzo de 2009 una búsqueda activa de casos que no acudían a la segunda visita médica. En el domicilio, se entrevistaba con la víctima, o con un adulto de referencia en caso de menores, sobre las barreras y la satisfacción con la atención recibida mediante un cuestionario, y se le citaba para la próxima visita. Los datos fueron analizados con el paquete SPSS v. 17.0 y descritos con media, desviación estándar (DE) (variables cuantitativas) y frecuencias (variables categóricas).

Se atendieron 164 víctimas de violencia sexual: 141 (86,0%) mujeres, 23 (14%) hombres, 152 (92,7%) guatemaltecos/as y 119 (72,6%) de etnia ladina (no indígena). En total, 111 (67,6%) eran menores de edad, 91 (64,5%) mujeres con una media de edad de 12 años (DE: 3,9) y 20 (86,9%) hombres con una media de edad de 8,3 años (DE: 4,1). No se dispone de información del 28,0% de los casos sobre el tipo de violencia sexual sufrida. De las víctimas que sí respondieron, el 69,6% reportó acto sexual con penetración (vaginal, anal o ambas). El 20,7% de las agresiones fueron perpetradas por más de un agresor, en el 30,5% de los casos desconocido y en el 12,8% un familiar de la víctima. El agresor fue identificado como reincidente (agresión en más de una ocasión) en el 19,5% de los casos, el 34,4% era un familiar y en el 25,0% cohabitaban. En el 33,5% de las agresiones, la víctima fue amenazada con un arma. Se tiene constancia de que 37 de éstas (22,6%) denunciaron la agresión a las autoridades.

Se detectaron 11 casos de ITS (una tricomoniasis, siete vaginosis bacteriana, una Chlamydia trachomatis y dos sífilis), tres de ellos en menores, y cuatro pruebas de embarazo positivas (una de ellas en una menor).

La víctima de violencia sexual acudió al servicio de atención a las víctimas como primera opción en el 42,6% de los casos. Se atendió al 31,7% durante las primeras 72h desde la agresión y se suministró profilaxis postexposición al 34,1% de éstas. En la segunda visita médica, se perdieron 117 (82,3%) víctimas, de las cuales en 65 se disponía de dirección para iniciar la búsqueda activa y 31 de ellas (47,7%) fueron localizadas. La tabla 1 presenta las características que influyen en la búsqueda de atención. En 2008 se siguió a seis víctimas de violencia sexual, mientras que en 2009 fueron 29, lo que supuso un incremento de la tasa de seguimiento del 361%.

El proyecto fue pionero en Escuintla, implementándose en el seno del sistema de salud público e involucrando al personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, condición indispensable para su sostenibilidad. Este proyecto de pequeña escala tuvo un efecto dinamizador a nivel nacional, catalizando la elaboración de un protocolo nacional de atención a las víctimas de violencia sexual, la revisión de los indicadores de esta violencia del Plan Estratégico Nacional de VIH/sida y la presencia de este tipo de violencia en la agenda política. En 2010, Escuintla fue nombrado departamento piloto para implementar la estrategia de educación integral en sexualidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El proyecto presenta varios retos que reflejan la dificultad de trabajar con la violencia sexual en un país que atraviesa por uno de los momentos más violentos de su historia6,7. El relativamente bajo número de víctimas atendidas y sobre todo las elevadas pérdidas de seguimiento pueden atribuirse al miedo, al estigma asociado a este tipo de violencia, al sentimiento de culpabilidad de las víctimas y a la falta de información sobre los servicios (menos de la mitad acudieron al servicio de atención a las víctimas como primera opción). Es susceptible de ser mejorado mediante la promoción en medios masivos de comunicación y a través del entrenamiento del personal de salud para la detección precoz de víctimas. La gravedad de la mayoría de los sucesos de violencia sexual (la mayor parte reportaba violación) contrastaba con el retraso en la búsqueda de atención (sólo una tercera parte durante las primeras 72h), dejando a las víctimas sin opción de beneficiarse de la anticoncepción de emergencia y de la profilaxis postexposición. Hubo numerosas pérdidas de seguimiento, aunque esto mejoró con las búsquedas activas. Sin embargo, es necesario evaluar si a pesar de sus limitaciones operativas este sistema es coste-efectivo en un contexto de escasos recursos. Es importante destacar la dificultad en la recogida de información del episodio de violencia sexual, en particular entre menores. Por último, preocupa la falta de denuncia de las agresiones a menores por parte de los/as médicos/as, aunque sea requerida por la ley. Debe facilitarse orientación legal para incrementar el número de denuncias, mejorando así los mecanismos de protección de la infancia. También hay que establecer programas de detección y prevención de la violencia continuando el trabajo iniciado con el personal sanitario, el personal docente, la policía y otros actores.

Como en otros estudios de la región2,8, la mayoría de víctimas de este tipo de violencia son mujeres, menores de edad y son agredidas por un familiar que frecuentemente convive con ellas. También llama la atención el 12% de niños/adolescentes víctimas de estas agresiones, aunque coincide con otros estudios8. Estas características enfatizan la desprotección en la que se encuentran ante la violencia sexual. Sus escasos recursos económicos y sociales ponen en entredicho el cumplimiento de los derechos humanos. Su vulnerabilidad indica inequidad social y precisa respuestas de la clase política y social. En este sentido, en 2009 se aprobó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, un marco legal para proteger a estas víctimas y garantizar el resarcimiento por el daño ocasionado9. La ley no ha trascendido en cambios de las normas sociales que toleran la violencia sexual y perpetúan la impunidad de los agresores, ni en la mejora de la calidad de vida de las mujeres; de hecho, entre 2009 y 2010, 1.415 mujeres y niñas fueron asesinadas en el país10. Deben intensificarse las actividades dirigidas a promover cambios en la sociedad, hacia valores de equidad de género, respeto y protección de la infancia.

J. Casabona, M. Sabidó, C. Agustí y M.I. Pedroza conceptualizaron y diseñaron el estudio. J. Casabona y M. Sabidó obtuvieron los fondos para su realización. C. Agustí, K. Guzmán y M. Sabidó supervisaron el estudio. K. Guzmán y M.I. Pedroza obtuvieron los datos. J. Casabona y M.I. Pedroza se encargaron de las relaciones institucionales. C. Agustí y M. Sabidó realizaron el análisis de los datos y redactaron el manuscrito. J. Casabona, K. Guzmán y M.I. Pedroza realizaron la revisión crítica del manuscrito. Todos los autores han aprobado la versión final del artículo.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya.

Ninguno.