El mercado laboral es el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo remunerado1. Aunque habitualmente describimos los indicadores de situación del mercado laboral en un ámbito geográfico relativamente acotado (por ejemplo, en España, de ámbito nacional o autonómico), resulta evidente que la globalización y la internacionalización de las economías hacen insuficientes los análisis limitados de fronteras adentro. Los movimientos migratorios internacionales son un claro ejemplo de cómo lo que está sucediendo en países muy lejos de nuestro conocimiento y preocupación acaba influyendo en las condiciones de vida, salud, empleo y trabajo al lado de nuestra casa. Por otra parte, la actividad de las corporaciones financieras, la normativa promulgada desde las administraciones y la influencia de las asociaciones empresariales y de los sindicatos afectan directamente a las peculiaridades del mercado laboral en cada momento. Las fluctuaciones de este mercado se manifiestan en términos de empleo y desempleo, seguridad y precariedad laboral, ampliación y reducción de plantillas, absentismo y presentismo, duración de la jornada de trabajo y del periodo vital de actividad laboral, entre otros. Todo ello influye sobre la renta, los comportamientos y las condiciones de vida de las personas. A su vez, elementos tales como los sistemas de protección social y las redes sociales o familiares modulan en un sentido u otro las consecuencias de esta cadena de acontecimientos sobre la salud y el bienestar individual y colectivo2 (fig. 1).

Fig. 1.

Condicionantes del mercado de trabajo y su relación con la salud.

(0.28MB).

Todos los elementos incluidos en la figura 1 han motivado toneladas de textos y libros especializados, desde campos de conocimiento muy diversos. En este complejo sistema de relaciones, el objetivo del presente artículo se plantea en términos relativamente muy modestos: presentar evidencias y reflexiones que se han aportado desde la salud pública en relación con los riesgos para la salud derivados de algunas características principales del mercado laboral y también comentar una selección de indicadores de la situación actual del mercado laboral en España. En un intento de ampliar y completar en lo posible la bibliografía conocida y disponible en este campo, se han realizado búsquedas muy generales en PubMed, sin tener en ningún momento la pretensión de llevar a cabo una revisión sistemática sobre cada uno de los temas tratados. Al final se aventuran, a modo de conclusiones y puntos clave, algunas propuestas que, a juicio de la autora, podrían ser relevantes para proteger la salud de las personas en relación con los temas tratados

La investigación de los efectos del desempleo sobre la salud atrae la atención de la salud pública desde hace décadas. De hecho, la producción en este campo reproduce con bastante fidelidad la inquietud y la relevancia social del problema en diferentes momentos de nuestro pasado reciente. Con una búsqueda básica en PubMed, es fácil comprobar que los estudios sobre desempleo y salud están aumentando.

Una revisión reciente sintetizaba los principales efectos conocidos del desempleo sobre la salud mental: el riesgo de daños es mayor en los hombres que en las mujeres, y en los trabajadores manuales frente a los no manuales3. También se ha demostrado un aumento del riesgo de suicidio en relación con las situaciones de desempleo en estudios de base individual, aunque no siempre se observa esta asociación en estudios ecológicos4,5.

Por otra parte, muchos trabajos describen también un exceso de mortalidad en relación con las situaciones de desempleo, con frecuencia utilizando diseños longitudinales. Sin embargo, se ha argumentado que este aumento del riesgo podría aparecer por la interferencia de sesgos de selección directos (en el colectivo de desempleados pueden estar sobrerrepresentadas las personas con enfermedades previas) e indirectos (la ocurrencia de desempleo a menudo está asociada a otros factores previos de riesgo para la salud de tipo socioeconómico o personal)6. En uno de los estudios más recientes se apreciaba que, efectivamente, una parte sustancial del exceso de mortalidad se debía a factores de confusión, que podrían explicar entre el 54% y el 89% del aumento del riesgo para las distintas causas de muerte7.

Se han propuesto distintos modelos para explicar la relación entre desempleo y salud, y se ha evaluado su plausibilidad con datos empíricos. En el estudio de Janlert et al8, el denominado modelo de funciones latentes, basado en las aportaciones del trabajo remunerado en aspectos tales como la estructuración del tiempo, la oportunidad de contactos sociales con otras personas, la definición de la identidad individual o la participación en propuestas colectivas, ha demostrado el mayor poder explicativo, seguido por modelos basados en la privación económica o en factores tales como la falta de apoyo social o de control sobre la situación vital.

Al margen de algunas discrepancias, hay evidencia suficiente sobre los efectos negativos del desempleo en relación con muy distintas dimensiones de la salud y el bienestar de las personas. Con mucha probabilidad, estos efectos están condicionados por variables contextuales que pueden diferir de manera sustancial entre colectivos, países y momentos históricos. Por ejemplo, en uno de los trabajos sobre este tema realizados en España9 se señalaba la importancia del efecto mediador de factores tales como la clase social, el sexo o los roles familiares, no siempre debidamente considerados en este tipo de estudios. En otro trabajo español muy anterior10 se sugería el posible efecto mediador de factores estructurales y sociales como explicación de las diferencias observadas en la asociación entre desempleo y salud en distintas regiones, especialmente entre autonomías del norte y del sur.

De hecho, muchos autores señalan la importancia de los sistemas de seguridad social y de las intervenciones activas sobre el mercado laboral, con la debida atención a las desigualdades entre los distintos colectivos afectados, para reducir el impacto del desempleo sobre la salud de los ciudadanos5,9. Diversos autores han destacado también la oportunidad de inversión en capital humano, mediante políticas sociales y de educación, en los periodos de aumento del desempleo2,11. Aunque escasa, también se dispone de alguna evidencia acerca de las intervenciones que desde la atención primaria y otros servicios de salud comunitaria se pueden implementar para prevenir, detectar y tratar los problemas de salud que con mayor frecuencia afectan al colectivo de personas desempleadas12.

Desde hace décadas se están potenciando en todo el mundo diversas iniciativas a favor de la flexibilidad en el empleo, con efectos evidentes sobre indicadores tales como los tiempos de trabajo, la estabilidad en el empleo o las modalidades de contratación13. Esta flexibilización del mercado laboral suele ser conveniente para las empresas, pero conlleva efectos negativos sobre los trabajadores en términos de reducción de salarios, empeoramiento de las condiciones de trabajo, falta de cobertura sanitaria o social, y dificultades para acceder a la protección sindical o normativa14.

Todo ello ha dado lugar a las denominadas formas atípicas de empleo. El empleo estable y a tiempo completo se ha reducido paulatinamente, dejando paso a trabajadores con contratos temporales o a tiempo parcial, trabajadores autónomos que funcionan como asalariados, al trabajo realizado desde casa o a distancia, y a distintas modalidades de economía sumergida15. Entre las diferentes situaciones generadas por estos nuevos planteamientos del mercado laboral, la que mayor atención ha suscitado en su relación con la salud es la del trabajo precario. En España, un grupo de investigadores de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona lleva años estudiando las dimensiones que caracterizan la precariedad laboral y su relación con la salud13,15–18. Siguiendo la propuesta de este grupo, la precariedad laboral se definiría como un constructo compuesto de seis dimensiones fundamentales: la inestabilidad en el empleo, la falta de poder, la vulnerabilidad, el bajo nivel salarial, la ausencia de beneficios o de protección social, y la incapacidad de ejercer los derechos propios como trabajadores19. Este mismo grupo ha extendido recientemente el estudio de las dimensiones de precariedad al colectivo de los trabajadores inmigrantes en España20. Algunas de las primeras voces sobre el impacto de la temporalidad en las condiciones de seguridad en el trabajo se levantaron también en nuestro país desde la salud laboral21, poniendo de manifiesto riesgos de accidente de trabajo dos veces mayores en los trabajadores temporales que en los fijos.

A finales de los años 1980 aparecen los primeros trabajos de ámbito internacional que desde la salud pública valoran la relación de la calidad del empleo con diferentes problemas de salud, algunos procedentes de las provechosas cohortes británicas de funcionaros incluidas en los estudios Whitehall22. Por otra parte, en un análisis de la ii Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, Benavides et al16 observaban una asociación consistente y positiva del empleo precario con la insatisfacción laboral y síntomas tales como fatiga, dolor de cabeza o molestias musculares. Curiosamente, en este mismo análisis los trabajadores con contratos precarios, en comparación con los trabajadores fijos a tiempo completo, referían menores índices de absentismo y de estrés. En un reciente estudio basado también en encuestas transversales llevadas a cabo en diferentes países europeos23, la inseguridad laboral percibida se asociaba claramente con un deterioro del estado de salud percibido en el análisis conjunto de todos los países, sin observar diferencias por sexo, nivel educativo, edad o estado civil.

Muchos otros de los efectos y asociaciones descritos en el estudio de los efectos del desempleo sobre la salud se han observado también en las distintas dimensiones relacionadas con la flexibilidad laboral. En una revisión del año 2008, Ferrie et al24 sintetizan la evidencia disponible respecto a los efectos sobre la salud de las regulaciones de empleo (downsizing), la inseguridad en el trabajo y la temporalidad. Los efectos relacionados con la salud psíquica son los más consistentes, aunque también se han descrito efectos negativos de todas estas situaciones en forma de diversas alteraciones de la salud física, incapacidad temporal, accidentes de trabajo o aumento del uso de servicios sanitarios, entre otros. Una revisión anterior25 se centra en los efectos del trabajo temporal, definido como toda relación de empleo remunerado que no tiene carácter ilimitado, incluyendo contratos de obra (fixed-term jobs), subcontratos y proyectos. La evidencia disponible muestra relaciones consistentes entre estos tipos de empleo y distintos indicadores de morbilidad psicológica. En sus conclusiones, los autores destacaban la importancia de definir los diferentes tipos de trabajo temporal, de investigar los mecanismos de las asociaciones observadas, de valorar la contribución relativa del efecto del trabajador sano a estas asociaciones y de considerar el marco social como un determinante adicional. De hecho, otros estudios han señalado la importancia de factores moduladores sobre las relaciones entre las distintas formas de empleo y la salud, tales como el sistema de seguridad social o la cobertura sanitaria de los trabajadores17, que intentábamos también representar en la figura 1. Adicionalmente, se ha llamado la atención sobre el impacto diferencial de estas condiciones atípicas de empleo en determinados colectivos, en especial la mayor vulnerabilidad de las mujeres18,26, los trabajadores manuales26 y los inmigrantes27.

Los grandes movimientos migratorios siempre se han relacionado con la búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo. Así, la llegada masiva de trabajadores inmigrantes a España ha influido sustancialmente en la economía y el mercado de trabajo de nuestro país28. Hay una abundante producción bibliográfica en España centrada en el estudio del fenómeno migratorio, en su mayoría desde la antropología y la sociología, pero también desde el punto de vista sanitario29. El proyecto ITSAL (Inmigración, Trabajo y Salud), en el cual participan investigadores de diferentes ciudades e instituciones30, ha generado algunas evidencias sobre las condiciones de empleo y trabajo de los inmigrantes en España combinando metodologías cualitativas y cuantitativas.

En general, las condiciones personales y laborales de los trabajadores inmigrantes en España son extremas. Es una población joven, con un nivel de estudios elevado, con dificultades para trabajar en sus países de origen y en una situación de trabajo en España que con frecuencia no les permite resolver sus necesidades económicas y las de su entorno familiar. A menudo los inmigrantes presentan mayor vulnerabilidad que la población autóctona para padecer condiciones de vida y trabajo deficientes31,32. A ello se suman las condiciones de irregularidad administrativa y de precariedad laboral, así como el escaso conocimiento de sus derechos y de los recursos y apoyos disponibles33. La literatura nacional e internacional ha demostrado repetidamente el mayor riesgo de este colectivo, en comparación con la población autóctona, de padecer exposiciones perjudiciales y presentar problemas de salud de distinta naturaleza, con frecuencia relacionados con las condiciones de trabajo32,34,35.

Nadie pone en duda que la actual situación de crisis en Espańa está afectando de manera muy significativa al colectivo de trabajadores inmigrantes, más desprotegidos, en situaciones más precarias y a menudo ocupados en los sectores coyunturales más afectados por los bandazos económicos. El texto que acompañaba una viñeta del dibujante El Roto resulta bastante explícito al respecto: «se ruega a la población inmigrante que vuelva a sus lugares de origen hasta que se les necesite de nuevo» (El País, 3 de abril de 2008). Casi nada sabemos de las condiciones de regreso de estas personas o de cómo sobreviven los que han perdido sus empleos y no pueden o no quieren volver.

En el momento de preparar este texto, los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa en España (EPA, cuarto trimestre de 2009)36 reflejan una situación desoladora. El número total de ocupados, en torno a los 18,5 millones de personas, desciende una vez más respecto al trimestre anterior. En 2009, más de 1,2 millones de personas perdieron su empleo. A finales de ese mismo año teníamos más de 4,3 millones de parados (personas mayores de 16 años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo), con una tasa de desempleo del 19%. El número de hogares con todos sus miembros activos en paro es de 1.220.000 (los activos, según la EPA, son personas mayores de 16 años que tienen un trabajo remunerado o están en condiciones de tenerlo).

El descenso de asalariados en 2009 (815.500 personas) se ha producido principalmente en el colectivo de trabajadores con contratos temporales (668.000). Los mayores descensos en el número de ocupados afectan a Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana. En comparación con el año anterior, la ocupación baja en todos los sectores (−3% en servicios, −17% en construcción, −12% en industria y −3% en agricultura). La tasa de actividad respecto al trimestre anterior aumenta en las mujeres (hasta el 52%) y disminuye en los hombres (situándose en el 68%). Por edad, las disminuciones más marcadas en el número de ocupados afectan a los más jóvenes (más de 180.000 trabajadores pierden su empleo en el grupo de 16 a 29 años). La tasa de actividad en población extranjera (76%) sigue superando a la de la población española (57%), pero manifiesta un descenso mucho más acelerado (47 centésimas menos respecto al trimestre anterior para los trabajadores extranjeros frente a una centésima menos en los españoles). La tasa de paro es del 17% en los españoles y del 30% en los extranjeros.

En comparación con otros países de nuestro entorno, tenemos indicadores igualmente preocupantes (tabla 1). En las estadísticas más recientes de Eurostat37 aparecemos como el farolillo rojo en un marco de crisis que, sin duda, está afectando a todos los países, pero ante el cual parece que no todos estaban igualmente preparados y no todos están ingeniándoselas con similar habilidad para remontar la situación. Estando todavía en pleno proceso de caída según los últimos datos de la EPA, en España hemos doblado en 2009 la tasa de desempleo que presentábamos hace 5 años (pasando del 9% en 2005 al 18% en 2009). En el mismo periodo, la media para la Unión Europea de 27 países no se ha movido del 8,9%, mientras que en la Europa de los 15 ha aumentado sólo un punto (del 8% al 9%). En general, para la mayoría de los países no se aprecian mayores tasas de desempleo en las mujeres (en España hay un 18% de desempleadas), e incluso en algunos casos la caída del empleo parece haber afectado menos a las mujeres ocupadas que a los hombres (aunque en España, consultando los datos de la EPA desde el año 1977 hasta el último disponible, la tasa de paro en las mujeres siempre ha superado a la de los hombres). Por otra parte, en todos los países los trabajadores más jóvenes (menores de 25 años) presentan cifras mucho más altas de paro, y una vez más España destaca por encima del resto con los peores indicadores para este colectivo, con casi un 40% de desempleo (el doble del mismo indicador para el conjunto de la Unión Europea-27, con un 20%). La proporción de contratos temporales en nuestro país es también la más alta en la tabla, casi del 24% (a cierta distancia del siguiente país por la cola, Polonia, con un 21%, y doblando otra vez el indicador colectivo para la UE-27, con un 11%).

Ante los datos de la tabla cabe preguntarse qué nos hace tan diferentes de países como Italia, Bulgaria o Portugal, por no citar a Holanda o Dinamarca. En una reciente encuesta a trabajadores europeos38, uno de los factores que se consideraba más decisivo a la hora de buscar trabajo era la seguridad en el empleo (por detrás del salario y seguido de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo). No parece que las políticas económicas y de empleo en España estén atendiendo esta demanda de los trabajadores.

En unas circunstancias en que, por una parte, la clase empresarial exige mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, y por otra los trabajadores reclaman mayor seguridad en el empleo y en las prestaciones sociales (a la vez que se hacen necesarias medidas especiales de protección para los colectivos más vulnerables), el planteamiento denominado «flexiseguridad» parecía venir para contentar a todos, si ello fuera posible. Aunque el concepto se interpreta de distintas maneras en distintos contextos39, en la propuesta del gobierno danés, que acuñó el término por primera vez, se entendía que la flexiseguridad englobaría estrategias para la flexibilización del mercado laboral, defensa de la seguridad social y garantías de los derechos y deberes de los desempleados40. La Unión Europea fomenta activamente esta propuesta41, y más o menos la vienen desarrollando distintos países siguiendo modelos muy diversos42. Al margen de otras muchas consideraciones que pudieran hacerse al respecto, la evidencia demuestra que si no hay un sistema de protección social adecuado (por el lado de la seguridad) esta evolución del mercado laboral (hacia el lado de la flexibilidad) afectará muy negativamente a la salud y el bienestar de la población trabajadora y sus familias43–45.

La globalización, las migraciones, las desigualdades sociales, la exigencia de flexibilidad por parte de los empresarios y de seguridad por parte de los trabajadores, conforman un mercado laboral agresivo y complicado en el cual los grupos más vulnerables se llevan la peor parte. En los últimos años hemos visto implantarse formas atípicas de trabajo sin que estas nuevas fórmulas hayan demostrado ningún efecto de contención sobre el incremento desorbitado de las tasas de desempleo que ha afectado recientemente a nuestro país, lo cual resulta especialmente preocupante a la luz de la evidencia que relaciona consistentemente tanto la falta de trabajo como las formas atípicas de empleo con efectos sobre la salud mental y física de las personas.

De hecho, España presenta algunos de los peores indicadores del mercado laboral en Europa, una situación que sigue sin manifestar síntomas de mejoría. Economistas y decisores deben buscar e implementar las fórmulas que, según los datos disponibles, han protegido de manera mucho más efectiva la evolución de los indicadores cuantitativos y cualitativos de empleo en otros países con niveles de vida similares al nuestro. Los parados, las familias sin miembros ocupados, los trabajadores manuales, las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes, que son los colectivos más afectados según la evidencia y los datos disponibles, necesitarán protección especial por parte del Estado. Para evitar una mayor acentuación de las desigualdades, la financiación de la protección social debería distribuirse de manera directamente proporcional a las rentas y las capacidades económicas de todos y cada uno de los ciudadanos.