En España, a diferencia de otros países europeos, las políticas de vivienda se han caracterizado por la utilización de la construcción como motor económico del país, y el fomento de la vivienda en propiedad en detrimento de la vivienda social en alquiler, dejando al mercado inmobiliario un amplio margen de actuación1,2. En los años previos al inicio de la actual recesión, gran parte de la población se encontraba altamente endeudada debido a la vivienda, propiciado en gran medida por las facilidades en las condiciones de financiación y otras flexibilidades bancarias específicas para este sector3,4. Con el estallido de la crisis en el año 2008, el aumento del desempleo y la reducción de las rentas de los hogares han supuesto la extensión, la intensificación y la cronificación de la pobreza5,6, dando lugar al desalojo de familias y a una situación de emergencia habitacional7. Sólo en el primer trimestre de 2015 se han iniciado 11.250 certificaciones de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas, el 78,2% correspondientes a primeras viviendas8.

Un proceso de desahucio es largo en el tiempo y las personas no sólo se ven sometidas a carencias por la situación de privación material, sino que además constituye en sí mismo un evento vital estresante, que impacta en la salud física y mental de las personas afectadas y en la propia comunidad9,10. Es principalmente en los Estados Unidos y en algunos países europeos donde se ha analizado el impacto de la actual crisis en la vivienda y en la salud, centrándose en el impacto de los procesos de desahucio en la salud mental de las personas afectadas11–15. Son escasos los estudios que analizan otros indicadores de salud, si bien se han puesto de manifiesto una peor salud percibida16 y un mayor riesgo de experimentar problemas cardiovasculares, entre otros problemas de salud17,18.

En España, trabajos recientes han puesto de manifiesto el deterioro del estado de salud de las personas en situación de exclusión habitacional19–21, así como el agravamiento de la salud mental según se va avanzando en un proceso de desahucio22. Pese a ello, el nivel de evidencia es insuficiente, en especial si tenemos en cuenta que España presenta particularidades respecto al contexto internacional en relación a los desahucios: por un lado, hay un mayor porcentaje de personas que optaron por la compra de una vivienda (por los incentivos a la compra) y que se hallan actualmente pagando hipotecas, y por otro lado tenemos un sistema que no permite la liquidación de la deuda con la entrega de la vivienda, entre otras características1,2,4.

El objetivo principal de este trabajo es analizar el estado de salud percibida, la presencia de enfermedades crónicas, el consumo de tabaco y otros hábitos relacionados con la salud en personas adultas que se encuentran en un proceso de desahucio, en comparación con la población general andaluza. Por «personas en proceso de desahucio» hacemos referencia a aquella población en riesgo de ser desalojada de su vivienda habitual, siendo su vinculación con esta el régimen de propiedad o de alquiler. Pueden encontrarse en cualquier etapa del proceso, desde las fases iniciales, en las cuales hay serias dificultades para afrontar el pago mensual de la hipoteca o del alquiler, hasta ya desalojadas de sus viviendas.

Se ha realizado un estudio transversal, mediante encuesta administrada por personal entrenado. Se ha encuestado a una muestra de personas de 18 y más años de edad, afectadas por el proceso de pérdida de la vivienda habitual, sea esta de propiedad o de alquiler, asistentes en al menos una ocasión a las asambleas semanales de la Plataforma Stop Desahucios en la ciudad de Granada y su área metropolitana. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Stop Desahucios) es un movimiento social surgido en 2009, que actúa principalmente mediante concentraciones, protestas y negociaciones con los bancos, y se organiza mediante asambleas periódicas23.

El cuestionario aplicado se componía de variables pertenecientes a la Encuesta Andaluza de Salud (EAS) 2011: variables de salud percibida, enfermedades crónicas, consumo de fármacos, hábitos relacionados con la salud, uso de servicios sanitarios y caracterización de los hogares. La EAS 2011 está conformada por una muestra representativa de la población residente en Andalucía mayor de 16 años (N=6511 personas)24. También se incluyeron escalas validadas de salud mental (estrés postraumático, depresión, ansiedad, riesgo de suicidio) y preguntas diseñadas expresamente sobre el proceso de desahucio (fases y características del proceso, factores desencadenantes, redes de apoyo, etc.). El cuestionario está disponible contactando con las personas autoras.

El trabajo de campo se desarrolló entre abril de 2013 y mayo de 2014. Se realizaron encuestas en un total de siete asambleas celebradas semanalmente en los distintos barrios de la capital y su área metropolitana. La captación se realizaba en los instantes previos al inicio de las asambleas, presentando el estudio ante los/las asistentes con invitación a participar. A continuación se pasaba por la sala y se anotaban sus nombres y números de teléfono. A estas asambleas también acudían otros acompañantes, como amistades y profesionales voluntarios/as, por lo que un criterio de exclusión fue el encontrarse fuera del proceso. También se determinó entrevistar sólo a una persona por familia. En un posterior contacto telefónico se acordaba una cita para realizar la encuesta durante la hora previa al inicio de la próxima asamblea, en el lugar de celebración de esta. Al inicio de la encuesta se les entregaba una carta institucional presentando el estudio y demás información relevante del proyecto, y se obtenía el consentimiento informado. A partir del número total de ejecuciones hipotecarias en la provincia de Granada en el año 201225, se calculó una muestra de 278 personas a entrevistar para un nivel de confianza del 95% y un error máximo para estimaciones globales de ±5,5% para el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%).

Se obtuvo una muestra total de 205 personas AD, con edades comprendidas entre los 25 y los 74 años, el 59,5% (122) de ellas mujeres y el 40,5% (83) hombres. El 43,4% de los hombres y el 55,7% de las mujeres tenían edades comprendidas entre los 36 y los 50 años, observándose más jóvenes y más mujeres en comparación con la población andaluza (EAS). También se observó un mayor porcentaje de personas en desempleo: 74,4% frente al 28,3% en los hombres y 53,9% frente al 21,2% en las mujeres. Hay más personas AD con estudios secundarios y, en el caso de las mujeres, también universitarios. Para el 45,8% de los hombres y el 42,5% de las mujeres AD, los ingresos totales mensuales en el hogar eran inferiores a 500 euros (frente al 4,8% y al 4,0% respectivamente, de la muestra EAS) (tabla 1).

Son las mujeres AD quienes en mayor porcentaje informan de una salud percibida deficiente (80,9%) en comparación con las de la EAS (24,5%) y con los hombres de ambas muestras (57,3% y 14,9%, respectivamente). El 10,8% de los hombres y el 8,2% de las mujeres AD informa tener una enfermedad cardiovascular, frente al 4,1% y el 3,5%, respectivamente, de la población EAS (p<0,001). También se observa una mayor proporción de personas con depresión, ansiedad u otros trastornos mentales en la muestra AD (p<0,001). Las mujeres AD, de nuevo, presentan una mayor prevalencia (57,4%) en comparación con las mujeres EAS (12,5%) y los hombres de ambas encuestas (28,9% y 4,8%, respectivamente) (tabla 2).

El consumo de tabaco es más frecuente en los hombres AD (56,8%) y en las mujeres AD (48,2%) en comparación con la EAS (42,5% y 29,8%, respectivamente), siendo la diferencia entre las mujeres de ambos grupos superior a la observada entre los hombres. Hay un mayor porcentaje de personas totalmente sedentarias en su tiempo libre entre las AD. Así, el 50,4% de las mujeres AD son sedentarias y el 35,8% de los hombres AD son sedentarios, frente al 28,6% de las mujeres EAS y el 23,0% de los hombres EAS. Es menos frecuente el consumo habitual de fruta entre las mujeres y los hombres AD (68,3% y 50%, respectivamente), con resultados similares para el consumo de verduras y hortalizas (62,2% y 62,7%, respectivamente).

En la tabla 3 se presenta un modelo final para diversos indicadores de salud, mostrando las probabilidades del grupo AD en comparación con las de la población EAS. Una vez ajustado por sexo, edad, número de convivientes, nivel educativo, situación laboral e ingresos, la población AD tiene una probabilidad casi 13 veces mayor de tener una salud deficiente (OR: 12,63; IC95%: 8,74-18,27) y tres veces mayor de tener una enfermedad cardiovascular (OR: 3,08; IC95%: 1,54-6,16), en comparación con la probabilidad del conjunto de la población andaluza. También es más probable en este grupo el consumo de tabaco (OR: 1,68; IC95%: 1,21-2,33), y comer fruta menos de tres veces por semana (OR: 3,3; IC95%:2,34-4,64). Por el contrario, el consumo de alcohol es menor entre el grupo AD (OR: 0,36; IC95%: 0,19-0,69).

Este trabajo realiza un amplio abordaje del estado de salud de la población adulta AD en Andalucía, una de las comunidades autónomas con mayor número, en términos absolutos, de ejecuciones hipotecarias8,25. Todo parece indicar que el número de familias afectadas va a seguir aumentando25, y nuestros principales resultados muestran que la salud de esta población es peor que la de la población general, lo que puede traducirse, de no producirse cambios, en un empeoramiento de la salud de la población en los próximos años.

Según nuestros resultados, las personas AD tienen 13 veces más probabilidades de tener mala salud percibida: el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres informan de mala salud. En un reciente estudio publicado sobre desahucios en Cataluña, el 40% de los hombres y el 57% de las mujeres refirieron mala salud general21. En el contexto internacional, Cannuscio et al., en los Estados Unidos, observan una mayor prevalencia de salud deficiente (22,9%) en las personas en situación de ejecución hipotecaria o retrasos en los pagos que en otros propietarios sin estrés causado por la vivienda (9,2%) o con estrés moderado (14,4%) (p=0,031). La probabilidad de tener una salud deficiente fue de 2,5 veces más en estas personas (OR: 2,49; IC95%: 1,32-4,69), una vez ajustado por edad, sexo, raza/etnia, educación, estado civil e ingresos17. Resultados similares observan Burgard et al. (OR ajustada: 3,09; IC95%: 0.76-12.9), y concluyen que, si bien el impacto en la salud se explica en algunos casos por el nivel socioeconómico, los procesos de desahucio en el actual contexto de crisis tienen un impacto independiente en la salud de las personas16.

También encontramos una mayor probabilidad de tener problemas cardiovasculares, al igual que lo observado en el contexto internacional17,18. De hecho, se ha encontrado que la propia exposición a los desahucios en el barrio puede conllevar un aumento de la presión arterial entre sus residentes, con independencia del impacto en las condiciones del barrio27,28; no obstante, nosotros no hemos explorado esa relación. En la relación entre los procesos de pérdida de la vivienda y la salud operan tanto factores individuales como del entorno. Individualmente, el propio estrés de la vivencia, ya desde las fases iniciales, impacta en los hábitos relacionados con la salud y en la propia salud física y mental. En la comunidad, la presencia de desahucios en el barrio también puede impactar en la salud por el deterioro de los entornos15.

El hábito tabáquico, mayor en el caso de las mujeres AD, puede ser una estrategia de afrontamiento del estrés generado por estas situaciones10,18. El menor consumo de fruta y verdura observado también en estas personas puede estar relacionado con los recursos económicos y con el hecho de que, aun conservando un empleo e ingresos, tienen que realizar todo tipo de ajustes y comprar alimentos más económicos en coste y en elaboración, o menos saludables29,30. En nuestro estudio es mayor el consumo de legumbres, pasta, arroz y patatas en el grupo AD, y menor para el resto de alimentos (carne, pescado, huevos, etc.), en comparación con la población EAS.

Este estudio presenta diversas consideraciones metodológicas y limitaciones, relacionadas principalmente con posibles sesgos de selección. En primer lugar, decidimos utilizar el conjunto de la población andaluza de la EAS para la comparación por no observar diferencias estadísticas en las principales variables del estudio en comparación con la población granadina, aportando un número mayor y más estable de personas. Podría influir en los resultados el hecho de que ambas encuestas se hayan realizado en períodos diferentes.

El estudio está centrado en las personas que acuden a las asambleas de la plataforma Stop Desahucios, el único movimiento que facilita asesoramiento y apoyo mutuo, motivo por el cual aglutina a la mayoría de las personas afectadas. Desconocemos si las personas que, pese a estar pasando por este proceso, no acuden a estas asambleas, difieren en sus características de las que sí lo hacen y por tanto podrían presentar otros resultados de salud. Un estudio realizado en Málaga sobre el perfil de las familias AD, a partir principalmente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero también de organismos como la Oficina de Intermediación Hipotecaria, Servicios Sociales Comunitarios, Cáritas Diocesanas y Cruz Roja, presenta un perfil muy similar al encontrado en nuestro estudio31 y en el realizado en Cataluña21. Por otro lado, dado el papel de apoyo mutuo y solidaridad que ejerce la plataforma, creemos que aquellas personas que (perdiendo su vivienda habitual) no están formando parte de esta podrían presentar peor salud, por lo que nuestros resultados podrían estar infrarrepresentando el estado real de salud de las personas AD.

Nuestro trabajo también presenta las limitaciones propias de los estudios transversales para el establecimiento de relaciones causales. El hecho de desarrollar una enfermedad puede aumentar el riesgo de una ejecución hipotecaria, en parte debido al riesgo de perder el puesto de trabajo y la disminución de los ingresos32. No obstante, sabemos que la principal causa de inicio de la situación fue la pérdida de trabajo (el 58,1%) o la pérdida de ingresos (17,7%) en el contexto actual de crisis, en concordancia con resultados similares de otros análisis en nuestro contexto7.

Finalmente, cabe señalar que la encuesta aplicada perseguía conocer la salud individual, por lo que el número de personas entrevistables se redujo considerablemente en tanto que a las asambleas acuden varios miembros de una misma familia, y de ahí que no alcanzáramos las encuestas previstas. Por otro lado, las personas que acuden a las asambleas varían cada semana, lo que ha imposibilitado determinar una tasa de respuesta. La experiencia desde el trabajo de campo fue positiva; la principal negativa a responder la encuesta fue por falta de tiempo, y entonces citábamos a la persona en otro momento, facilitando así la participación. La dilatación del trabajo de campo durante tantos meses, y la asistencia semanal del personal entrevistador a las asambleas, favoreció que se encuestara a la práctica totalidad de las personas que habitualmente asisten.

Nuestros resultados indican que las personas AD en Granada y su área metropolitana, en el actual contexto de crisis, expresan una peor salud en comparación con la población general andaluza. Dada la importancia de la vivienda y de las políticas vinculadas a ella como determinantes de la salud, resulta necesario seguir investigando y generando nueva evidencia sobre la salud y los desahucios desde diferentes aproximaciones metodológicas para una mejor comprensión del fenómeno.

Carlos Álvarez-Dardet.

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Ninguna.

J. Bolívar Muñoz ha participado en todas y cada una de las etapas de la investigación realizada y de manera importante en el diseño del instrumento (cuestionario), el trabajo de campo (coordinación del equipo encuestador y realización de encuestas), el análisis estadístico de los datos y la interpretación de los resultados; ha escrito el manuscrito presentado y es la responsable de su envío y del seguimiento de todo el proceso de revisión. El resto de personas firmantes han contribuido, en diverso grado, en las distintas fases de la investigación y en la redacción o la revisión del manuscrito. Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública: M. Bernal Solano ha contribuido al diseño del estudio, la recogida de datos y su análisis posterior, y ha revisado el artículo, aportando valiosas sugerencias; I. Mateo Rodríguez y A. Daponte Codina han coordinado el proyecto, han participado en la concepción y el diseño del trabajo, y en la elaboración de los instrumentos, y han contribuido a la determinación de los objetivos de este primer manuscrito y a la interpretación de los resultados, así como a su revisión crítica; C. Escudero Espinosa y C. Sánchez Cantalejo han colaborado en el diseño del trabajo, la elaboración de instrumentos y la recogida de datos, y han revisado críticamente el manuscrito, realizando sugerencias de mejora. El equipo de la Facultad de Psicología: I. González Usera, H. Robles Ortega y J.L. Mata Martín han contribuido de la misma forma al diseño del estudio, la elaboración del instrumento (escalas de salud mental) y la recogida de datos. Finalmente, C. Fernández Santaella y J. Vila-Catellar han participado también en la concepción y el diseño del trabajo, y han coordinado el trabajo de campo. Todas estas personas han realizado valiosas aportaciones en la fase de revisión del manuscrito en sus diferentes versiones.

Ninguno.