En la clínica se produce un conflicto de intereses cuando la atención al paciente se ve influenciada indebidamente por un interés secundario del profesional1. Los intereses secundarios más reconocibles son los económicos, aunque también pueden estar relacionados con la investigación, la formación, la carrera profesional, el prestigio social, las creencias religiosas, los vínculos familiares, etc.2 La presencia de un conflicto de intereses, sea real, aparente o potencial, supone un riesgo para la relación de confianza y la salud de los pacientes, por lo que el profesional debería saber identificarlo, comprenderlo y atenuarlo. La declaración de conflictos de intereses se ha generalizado en los últimos años, tanto en congresos como en revistas científicas3–5; sin embargo, en la relación clínica es anecdótica y tampoco parece ser un tema tratado en las facultades de medicina, lo que hace pensar que el problema persistirá en el futuro.

Hemos tratado de explorar la percepción que tienen sobre los conflictos de intereses estudiantes y residentes de medicina, mediante una encuesta con 13 afirmaciones con las que debían mostrar su grado de acuerdo, en una escala de 1 (nada) a 5 (totalmente). La encuesta, voluntaria y anónima, fue propuesta a 40 alumnos/as de 4° curso de medicina en prácticas hospitalarias y a 32 residentes de primer año, de diversas especialidades, durante un curso de bioética.

Analizamos 64 respuestas (32 residentes y 32 alumnos/as), cuyos resultados principales se muestran en la tabla 1. Observamos que la mitad de las personas encuestadas no ven conflictos de intereses en la medicina asistencial, que el 52% no consideran necesario declarar los intereses potenciales, que para el 59% no supone un conflicto de intereses el trabajo simultáneo público-privado y que la mayoría (83%) no han recibido información sobre este tema. Los/las residentes parecen ser más conscientes que los/las estudiantes de la frecuencia de los conflictos de intereses en general (69% vs. 34%; p=0,009), en la investigación (94% vs. 75%; p=no significativa [NS]) y en la asistencia (63% vs. 38%; p=NS), y reconocen mejor los conflictos de intereses económicos, como el trabajo simultáneo en la sanidad pública y privada (53% vs. 28%; p=0,049) y la remuneración por paciente en ensayos clínicos (84% vs. 75%; p=NS). Por otro lado, los/las estudiantes son más proclives a declarar los conflictos de intereses reales (78% vs. 69%; p=NS) y los potenciales (59% vs. 40%; p=0,047), y también parecen detectar mejor que los/las residentes los conflictos de intereses en la autoconcertación («peonadas») (77% vs. 56%; p=NS) o en el adelanto de una cita a un familiar (84% vs. 66%; p=NS).

Nuestra encuesta, aunque ofrece una visión limitada de la situación, sugiere que la información que han recibido estudiantes y residentes sobre los conflictos de intereses es insuficiente, lo que contribuye a que no los tengan en cuenta y sean vulnerables a las influencias externas que pudieran dar lugar a presentarlos. Deberían ponerse en marcha iniciativas formativas y de control interno y externo para atenuar la repercusión de los conflictos de intereses de los/las profesionales sobre los cuidados recibidos por sus pacientes2,3.