El consumo de bebidas azucaradas ha aumentado en todo el mundo. En España, asumiendo que los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se refieren a la declaración de compras en el hogar y fuera del hogar (hostelería y colectividades), es posible afirmar que la evolución de la disponibilidad de las bebidas refrescantes y gaseosas en los últimos años (2005-2012) ha tenido un incremento de un 21,2%, equivalente a un aumento anual de 0,750 litros por persona. En el año 2012 la disponibilidad fue de 2114,6 millones (consumo medio estimado de 45,9 litros por persona al año) y en el año 2005 de 1745 millones (consumo medio estimado de 40,6 litros por persona al año)2.

Además, el consumo frecuente de bebidas azucaradas se ha relacionado con el aumento de peso y el riesgo de sobrepeso y obesidad3, con el desarrollo de síndrome metabólico y de diabetes de tipo 24, y con cardiopatías5. En conjunto, la evidencia de que la disminución de su consumo se asocia a una disminución del riesgo de obesidad y de enfermedades relacionadas, como la diabetes de tipo 2, es convincente6.

En los estudios de intervención en centros escolares7, las intervenciones para disminuir el consumo de bebidas azucaradas se han sistematizado en tres grupos: 1) las destinadas a limitar el acceso y la disponibilidad de las bebidas; 2) las políticas educativas que pretenden cambiar los hábitos de consumo, y 3) las centradas en un aumento del precio de las bebidas. De ellas, las últimas pueden ser implementadas de manera universal en un territorio y bajo formato legal, como el supuesto de los impuestos o tasas.

El precio es uno de los principales factores que influye en la elección de alimentos8, y las estrategias de fijación de precios, tanto mediante la implantación de impuestos como de subsidios, se han propuesto como un medio para mejorar la dieta de la población y reducir la prevalencia de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles. Precios altos en determinados productos pueden tener un importante efecto sobre su consumo, sobre todo en los países de bajos ingresos y entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos9. Diferentes estudios de simulación han sugerido que gravar con impuestos algunos alimentos, como las bebidas azucaradas10 o los alimentos con alto contenido en grasas saturadas y sal11, podría modular su consumo y en consecuencia influir en la reducción de la obesidad y de la mortalidad cardiovascular.

De forma concreta se han propuesto impuestos específicos que graven cada centímetro cúbico de todas las bebidas azucaradas con una tarifa fija (1 céntimo de dólar por onza [30ml]), de tal forma que se produjera un aumento del precio en torno al 15% o 20% para las bebidas estándar (591ml). Esta modificación ha de tener en consideración el concepto de elasticidad del precio a la demanda, que se define como el coeficiente que describe el porcentaje de cambio sobre la cantidad demandada de un alimento en respuesta a un incremento del 1% en su precio. Así, se estima que considerando la elasticidad del precio de la demanda como mínimo entre -0,8 y -1, la ingesta energética equivalente en esos refrescos supondría una disminución del 10%, o de 20 Kcal, por persona y día, reduciendo considerablemente el riesgo de obesidad12. En la población joven (2-19 años de edad) se ha estimado, mediante modelos de simulación, que resultaría una reducción del consumo equivalente a 32kcal/día, con unos valores máximos (54,2kcal/día) para el grupo de 12 a 19 años de edad13.

Una revisión sistemática, contextualizada en Estados Unidos, sobre la elasticidad del precio de la demanda de diferentes alimentos y bebidas con los resultados del peso corporal, estimó la misma para la demanda de bebidas azucaradas, comida rápida, frutas y verduras en -1,21, -0,52, -0,49 y -0,48, respectivamente. Los estudios que estimaron la asociación entre los impuestos a los refrescos y las variaciones en el peso mostraban un impacto mínimo. Sin embargo, se observó que estos impuestos existentes sobre las ventas de ámbito estatal eran relativamente bajos14. Quizás otra razón podría ser que los obesos fueran más elásticos a los precios (relación entre la demanda de un alimento dado y su coste económico), comportamiento sobre cuya realidad no existe evaluación en nuestro entorno.

El establecimiento de estas tasas y su justificación presentan valores añadidos a su efecto disuasivo de consumo. Por ejemplo, desde el punto de vista informativo haría tomar conciencia a la población de la asociación existente entre un consumo excesivo de bebidas azucaradas y los riesgos para la salud. El marketing y la promoción de bebidas de este tipo en situaciones ideales las hace gratificantes, cotidianas y adecuadas para la salud. Por otra parte, el largo periodo necesario para ver sus efectos acumulativos, pero imperceptibles, no evoca su implicación en los problemas de salud que comportan, situación especialmente frecuente entre los jóvenes, en quienes la satisfacción inmediata hace olvidar futuras consecuencias.

Lo ideal sería que los impuestos sobre las bebidas azucaradas fueran lo suficientemente altos como para reducir su consumo, para soportar y atender la carga de afectación propia de la salud, así como para revertir en la implementación de programas de salud para la población general y, de esta forma, mejorar los resultados de salud. En cualquier caso, esta última no debería ser su finalidad principal, ya que éticamente sería un contrasentido poco sostenible que las estrategias de salud de un gobierno dependieran económicamente de los estilos de vida no saludables de su población.

En general, los grupos más desfavorecidos resultan más afectados por las enfermedades que están relacionadas con las dietas poco saludables. Se sabe que los precios son inferiores para los alimentos menos saludables y con alta densidad de energía (energía por gramo) que para los alimentos saludables, efecto más visible cuando ajustamos el precio en función de la energía de los alimentos. De esta forma, gravar con impuestos las bebidas azucaradas sería una medida que afectaría en mayor proporción a la población con menos recursos, si bien las bebidas azucaradas no son necesarias para la supervivencia y la hidratación puede realizarse con agua, que está disponible a bajo coste. Por tanto, un impuesto que hiciera cambiar la ingesta de bebidas azucaradas por agua beneficiaría a este grupo, tanto en términos de salud como económicos. Esta medida siempre puede ir acompañada de incentivar (mediante subsidios) las opciones alimentarias más saludables (frutas y verduras). No cabe duda de que una visión más radical debería ser capaz de proveer aquellas circunstancias que mejoraran las condiciones sociodemográficas de estos grupos con mayor deprivación (educación, empoderamiento, trabajo, etc.).

La obesidad es un proceso multicausal que requiere un enfoque global y con diferentes aspectos, por lo que coherentemente un conjunto de medidas estratégicas puede influir en la magnitud de este problema. Se han propuesto otras medidas, como la promoción de etiquetados especiales15, la limitación del tamaño de las raciones o la restricción del uso de máquinas dispensadoras de bebidas. Puede objetarse que gravar las bebidas azucaradas no es la solución a la obesidad, y que como estrategia afectaría incluso a los que consumen pequeñas cantidades de este tipo de bebidas. Sin embargo, tampoco otras medidas, como los sistemas de retención infantil, airbags y cinturones de seguridad eliminan totalmente los accidentes de tráfico, pero sí contribuyen a disminuir la morbimortalidad que producen. La reducción de la ingesta energética en un 1% a un 2% por año tendría un importante impacto en la salud para todas las edades, y los efectos colaterales de la medida sobre la carga económica de los que consumieran cantidades moderadas o mínimas serían coherentes con dicho consumo.

Ma José López.

J. Quiles-Izquierdo es el único autor del artículo.

Ninguna.

Ninguno.