La incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo remunerado representa uno de los cambios más importantes en nuestra sociedad a lo largo del siglo xx1,2. La entrada progresiva al mundo laboral ha modificado el concepto tradicional de familia y ha cambiado los roles en el reparto de las tareas domésticas y de cuidados a las personas dependientes. A su vez, y a pesar de desigualdades persistentes, como las salariales o el reparto de tareas domésticas, entre otras3, esta evolución de un papel meramente reproductivo a uno también productivo ha generado políticas tanto de protección de la maternidad como de igualdad de la mujer4.

La existencia de apoyo, tanto formal (guarderías, permiso de maternidad remunerado, etc.) como informal (estructura familiar, corresponsabilidad de la pareja, etc.), así como de unas adecuadas condiciones de trabajo y empleo (jornadas flexibles, alto grado de autonomía, etc.), son predictores de bienestar y salud no solo en la vida de la mujer, sino también en cuanto a su maternidad y a la salud de los hijos5–7.

En España, la protección a la maternidad se inicia en 1900, con la aprobación de una ley que reguló el trabajo de mujeres y niños por primera vez8, prohibiendo el trabajo las 3 semanas posteriores al parto y permitiendo acogerse a una licencia a partir del octavo mes de embarazo. A esta ley sigue el primer antecedente del actual permiso maternal con subsidio en 19299. En el año 1994 se reconoce la protección de la maternidad como una contingencia específica, desligándola de la prestación por incapacidad temporal10.

El principal impulso para la protección de la maternidad en el trabajo se produce en 1995, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales11, que legisla la obligación empresarial de proteger a todos los trabajadores de los riesgos derivados del trabajo y establece específicamente las medidas para proteger a las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia natural. De acuerdo con la literatura, estos riesgos incluyen la exposición a factores relacionados con la seguridad, la ergonomía, la psicosociología y los riesgos higiénicos12–17.

En 1999 aparece una nueva prestación social como protección específica de la maternidad, la prestación por riesgo durante el embarazo y/o la lactancia (PRE)18, con el objetivo de proteger el embarazo y su resultado frente a la exposición a factores de riesgo laboral. En 2007 cambia su regulación19 y se equipara a una situación de contingencia profesional, sin requerir periodo previo de cotización, cubriendo el 100% de la retribución y gestionada por las mutuas colaboradoras con la seguridad social.

Esta nueva medida de protección social parte del principio de que, durante el embarazo, la trabajadora pueda seguir desempeñando su trabajo, y en caso de no ser posible por la exposición a algún factor de riesgo laboral, desmedicaliza una situación que supone un momento de especial sensibilidad a dichos riesgos. No obstante, en caso de que la trabajadora presente algún problema de salud no relacionado con el trabajo que la incapacite para trabajar, debe recurrir a su médico de familia y acogerse a una incapacidad temporal por contingencia común (ITcc). Así pues, las trabajadoras embarazadas en España disponen de dos tipos de prestación para proteger su salud y la del feto, tanto frente a factores de riesgo de origen laboral como a problemas de salud no relacionados con el trabajo.

En cuanto al permiso de maternidad, actualmente tiene una extensión máxima de 16 semanas. La normativa solo obliga a la realización de las primeras 6 semanas posteriores al parto, pudiendo reincorporarse entonces al trabajo. Esto es, una trabajadora puede iniciar su licencia de maternidad hasta 10 semanas antes de la fecha probable del parto, siempre que cuente con la prescripción facultativa oportuna y, en casos de adopción internacional, también se podría iniciar las 4 semanas previas a que esta fuera efectiva. La mujer recibe el 100% de su salario, abonado íntegramente por la Seguridad Social. La ley de conciliación de la vida familiar y laboral permite al padre realizar hasta 10 semanas, a descontar de las 16 del total del permiso maternal. En el año 2009 se legisló el derecho del padre a acogerse a 4 semanas de permiso tras el parto sin menoscabo del permiso de maternidad, aunque no ha entrado en vigor hasta 201720.

En Europa la situación es muy diversa, pues aunque en el año 1985 una directiva obligó específicamente a la protección de la maternidad frente a riesgos laborales21, cada país la adaptó a su propia legislación haciendo énfasis en diferentes aspectos22. En la tabla 1 se resume la situación para una selección de países europeos y, por ejemplo, en Islandia, Noruega y Francia no existe la PRE.

Así pues, el objetivo de este trabajo es analizar la PRE y la ITcc previas al parto, en cuanto a número de episodios y porcentaje de días de ausencia, duración mediana y su distribución según las características de la mujer y del lugar de trabajo, en una cohorte de trabajadoras embarazadas del Parc de Salut Mar (PSMar), Barcelona (España), entre 2010 y 2014.

De las 428 trabajadoras embarazadas, un 13,1% (56 casos) no notificaron el embarazo en el servicio de Salud Laboral; de estas, el 96,4% (12,6% del total) se acogieron al menos a un episodio de ITcc y el 3,6% (0,5% del total) trabajaron durante todo el embarazo. Al observar las trayectorias de las 428 trabajadoras (fig. 1A) se aprecia que la mayoría estuvieron activas laboralmente las primeras 12 semanas, con algunos episodios de ITcc cortos. Esta situación se mantuvo en el segundo trimestre, en el que se incrementó la duración de los episodios de ITcc, y es en la transición al tercer trimestre cuando aparecieron las primeras PRE. Según avanza el embarazo aumenta el número de PRE y de ITcc, de manera que al final la mayoría de las trabajadoras estuvieron ausentes. En la figura 1B, tras agrupar los tiempos de las distintas trayectorias, se muestra esta misma distribución, pero con los días de ausencia acumulados, y se observa que el 50% de las embarazadas trabajó hasta el día 187. Del total de días teóricos de empleo (asignando 280 días por embarazo) de los casos (119.840 días), dos terceras partes permanecieron activas laboralmente y del tercio ausente, un 68% fue por ITcc y el resto por PRE.

Figura 1.

A) Seguimiento por días de cada una de las mujeres embarazadas. B) Seguimiento de los días de ausencia acumulados. En verde, los días trabajados; en lila, los días de baja por incapacidad temporal por contingencia común (ITcc); en naranja, los días de ausencia por prestación por riesgo durante el embarazo. Parc de Salut Mar (Barcelona), 2010-2014.

(0.33MB).

De todos los casos, 56 (13,1%) accedieron únicamente a la PRE, que representó 6126 días de ausencia, y 68 (15,9%) también accedieron a la PRE, con 7125 días de ausencia, pero con anterioridad habían acumulado 102 episodios de ITcc, que representaron 1820 días de ausencia (tabla 2). La mayoría de las trabajadoras embarazadas de la muestra (69,9%) se acogió solo a uno o varios episodios de ITcc, sin utilizar la PRE, con 545 episodios y 26.337 días de ausencia. Este hecho se observa en todos los grupos de edad (entre el 63% y el 79%), especialmente entre las administrativas (94,9%) y las médicas (87,5%), en consultas externas, exploraciones complementarias y apoyo diagnóstico (91,3%), y en farmacia y servicios no asistenciales (89,8%), entre los contratos eventuales y residentes (79,2%), en el grupo de más de 36 horas semanales (73,6%), en turno partido (86,4%) y en el grupo de docencia o dirección (100%). Finalmente, solo cinco mujeres (1,2%) trabajaron durante todo el embarazo sin acceder a ninguna prestación previa al parto.

La duración mediana de los episodios de ITcc en las trabajadoras que no se acogieron a la PRE fue de 20 días; esta duración mediana fue de 4 días cuando hubo una PRE posterior. Por otro lado, la duración mediana de la PRE fue igual en los casos en los que únicamente se acogieron a una PRE y los que tuvieron una ITcc previa (109 días). Se realizó un análisis para comparar la probabilidad de trabajar en los casos con una ITcc previa a la PRE o sin ITcc antes de la PRE, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (fig. 2).

Figura 2.

Comparación de la probabilidad de trabajar (días) de las embarazadas que acceden a una prestación por riesgo durante el embarazo (PRE) (n=56) directamente (IT=0) o si antes han accedido a una incapacidad temporal por contingencia común (n=68) (IT=1). Parc de Salut Mar, 2010-2014.

(0.1MB).

De los resultados del estudio se obtiene una primera evidencia que nos parece relevante: las embarazadas de nuestra muestra trabajan la mayor parte del tiempo del embarazo. En concreto, dos terceras partes del tiempo que potencialmente podrían haber estado trabajando permanecen activas laboralmente. Asimismo, también ponen de manifiesto que la ITcc es la prestación más utilizada para gestionar los posibles problemas de salud, relacionados o no con su maternidad o las exigencias del trabajo. Llama la atención que la duración mediana de los episodios de ITcc (19 días) en nuestra muestra fue 2,4 veces mayor que la del conjunto de los episodios de ITcc en las mujeres de Cataluña para el año 2010 (8 días)25. Esto hace pensar en un comportamiento distinto en cuanto al uso de la ITcc durante el embarazo, que debe ser estudiado con más profundidad. En este sentido, diversos estudios identifican las características propias del embarazo26, las condiciones laborales y las causas de las ITcc previas27, así como las propias ITcc del embarazo, como factores que justificarían la alta frecuencia de ITcc28. Así, Dørheim et al.29 citan como causas más frecuentes el cansancio y los problemas para dormir, el dolor en la cintura pélvica y lumbosacro, las náuseas y los vómitos, los episodios de ansiedad o depresión, y las complicaciones propias del embarazo. Otros autores, como Hansen et al.30, apuntan a causas no tan frecuentes, pero que también pueden influir en la ITcc de la embarazada, como son los tratamientos de fertilidad, la existencia de abortos previos o la prescripción de una ITcc «preventiva» para evitar el deterioro de la salud a medida que avanza el embarazo. También se observa un aumento en las ausencias al lugar de trabajo en casos de multiparidad, sobrepeso u obesidad, sedentarismo, tiempos prolongados hasta la concepción y consumo de tabaco u otros tóxicos. Estos factores deberían tenerse en cuenta para futuros estudios.

Por otro lado, los datos de nuestro trabajo muestran que la duración media de los episodios de PRE (106,8) fue 16,2 días más larga que la de todas las PRE del año 2016 en España (90,6 días)31. Rodríguez et al.32 relacionan un aumento reciente en la solicitud de la PRE con un mayor acceso a la información, empleos más estables y según los riesgos del lugar de trabajo.

En todo caso, al inicio del último mes de embarazo, la mayoría (n=359; 83,9%) de las mujeres de nuestra muestra estaban ausentes del trabajo, fuera por ITcc (n=235; 65,5%) o por PRE (n=124; 34,5%). Esto podría relacionarse también con la ocupación, pues hay estudios33 que describen que las mujeres que trabajan hasta más allá de la semana 36 son las que desempeñan trabajos con menor riesgo o con condiciones más favorables. Por su parte, Kristensen et al.34 describen una fuerte asociación entre la propia percepción de la embarazada sobre la necesidad de una adaptación en su lugar de trabajo y la posibilidad de reincorporación tras una ITcc, así como la disminución en casi un 11% del riesgo de ausencias de más de 2 semanas cuando se ha realizado alguna adaptación laboral. Hay que explorar intervenciones de este tipo si se persigue el objetivo razonable de facilitar la continuidad en el trabajo de las mujeres durante el embarazo.

En definitiva, el estudio de las ITcc en trabajadoras durante el embarazo debe ser valorado junto con la gestión de la PRE y su interrelación: la primera para proteger las consecuencias para la salud por motivos no relacionados con el trabajo, y la segunda diseñada para prevenir el daño ante la exposición a riesgos laborales. Esta es una investigación que debe profundizar en la compleja realidad de la maternidad y el trabajo, a la que este artículo es una primera aproximación, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional.

Así, entre otros argumentos, hay que considerar que la obtención de la ITcc puede resultar más sencilla desde el punto de vista administrativo que la tramitación de la PRE, contribuyendo con ello a que la trabajadora acuda a su médico de familia en lugar de al médico del trabajo como primera opción. Debe tenerse en cuenta que, para tener derecho a la solicitud de la PRE, a diferencia de la ITcc, no se requiere ningún periodo previo de cotización35. Esto podría decantar hacia el uso de la PRE a trabajadoras jóvenes en sus primeros contratos, cuando aún no pueden acceder a la ITcc. Todo ello plantea el problema de la doble dependencia de la gestión del alta y la baja que se reciben por una ITcc y por una PRE, pues la primera es asumida por el sistema sanitario público y la segunda por las mutuas, lo que dificulta una gestión eficiente de la situación, como ya se ha señalado que también ocurre para el reconocimiento de enfermedades profesionales36.

La interpretación de estos resultados debe hacerse con cautela, pues como todo estudio, este presenta limitaciones. La principal proviene de las propias características de la población de estudio, que impiden generalizar en cuanto a los resultados obtenidos. Nuestra muestra corresponde a trabajadoras de una empresa pública sanitaria en la que existe la complementación del sueldo en caso de ITcc y que equipara la retribución con la recibida durante la PRE. Además, la mayoría de las trabajadoras (casi el 90%) disponen de contrato indefinido. Esto obliga a reproducir este tipo de estudio en empresas de otros tamaños y sectores, con mayor proporción de contratos temporales.

Teniendo en cuenta dichas limitaciones, los resultados parecen mostrar un uso de la ITcc como complemento hasta que se reconoce la PRE para evitar los riesgos del trabajo o un mecanismo para gestionar las demandas fisiológicas y psicológicas del embarazo. En este sentido, aunque la utilización de la PRE se ha incrementado en los últimos años, el uso de la ITcc durante el embarazo continúa siendo importante. Ambas prestaciones tienen objetivos distintos y son utilizadas de manera complementaria. Todo ello sugiere plantear la necesidad de ampliar y flexibilizar el permiso de maternidad para cubrir las semanas anteriores al parto sin reducir las posteriores a este.

Por último, una fortaleza de nuestro estudio es la realización de un seguimiento desde la notificación hasta el parto de cada embarazada durante 5 años (2010-2014).

Carlos Álvarez-Dardet.

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Las cuatro personas firmantes concibieron el estudio y contribuyeron a su diseño. R. Villar realizó la recogida de datos y su interpretación, revisó la literatura científica y redactó la primera versión del artículo. L. Serra realizó el análisis estadístico y, junto con F.G. Benavides y C. Serra, realizaron una revisión crítica del manuscrito con importantes contribuciones y aprobaron su versión final para publicación.

Ninguna.

Ninguno.