Cuando un hogar presenta dificultades para contar con los servicios mínimos y necesarios, como la refrigeración, la cocción de alimentos, la iluminación, la calefacción o el agua caliente, se considera formalmente que sufre pobreza energética1,2. Esta situación suele seguir un gradiente social, afectando más a personas en hogares con ingresos bajos o inestables, lo que suele corresponderse con pautas ligadas a la clase social ocupacional, el género o la etnia, entre otras variables de estratificación social2–8. Adicionalmente, la pobreza energética9–12 se asocia con un mayor riesgo de sufrir mala salud física o mental y excesos de mortalidad en periodos de frío o calor extremos3. Este estudio explora la asociación entre pobreza energética y salud autopercibida en población general y en población gitana, en España, con información de 2016.

En Europa y en los Estados Unidos existen dos enfoques diferenciados para medir la pobreza energética2,6,13–16: el enfoque de gasto, basado en lo que representa el gasto de suministros sobre el presupuesto mensual de un hogar, y el enfoque de consenso, basado en la percepción sobre el confort térmico y las condiciones de la vivienda5,17–19. En esta investigación se emplea este último por ser el adoptado por las encuestas disponibles. Normalmente, la percepción se mide empleando tres indicadores: 1) capacidad económica para mantener el calor dentro de la vivienda; 2) presencia de humedades en la vivienda; y 3) retrasos en el pago de las facturas de los suministros (electricidad, agua, gas, comunidad, etc.). Tanto la humedad en el interior de la vivienda como la exposición al frío por no encender la calefacción para ahorrar energía pueden tener un efecto directo sobre la salud10,11,20,21. De hecho, experimentar estas condiciones incrementa el riesgo de reportar mala salud física o mental22,23, ataques de asma, alergias, accidentes vasculares cerebrales e infartos de miocardio, resfriados, dolores de garganta, migrañas y úlceras gástricas o duodenales6,11,24.

En España, la pobreza energética es paradójica4, porque históricamente este fenómeno se ha asociado con el frío y el periodo invernal; sin embargo, en nuestro país los inviernos son suaves y contamos con más días de calor anuales que cualquier país del norte de Europa19,25. En general, en países como el Reino Unido, Francia o Finlandia, el porcentaje de hogares en pobreza energética suele ser inferior al 13%. En España, según García Álvarez y Tol19, en 2016 un 23,5% de los hogares españoles (8,1 millones de personas) tenían pobreza energética en al menos uno de los tres indicadores planteados por el enfoque de consenso. En España, este fenómeno afecta desproporcionadamente a mujeres, minorías étnicas y personas de estatus socioeconómico bajo26. Existen diversas causas que explican esta situación: por un lado, las ubicables en las políticas públicas y en la configuración de la estructura social, como la liberalización del mercado energético, los recortes en bienestar social, la falta de viviendas para alquiler social, el desempleo o la precariedad laboral25; y por otro lado, las relacionadas con la infraestructura de los edificios, que suelen ser ineficientes energéticamente o cuentan con sistemas de calefacción inadecuados19,25.

En Europa, varios estudios han documentado altos niveles de pobreza energética entre las poblaciones gitanas. Históricamente, estas poblaciones han sufrido segregación espacial, exclusión social y racismo ambiental en la mayoría de los países europeos donde residen21,27–30. En Hungría y Rumanía, la situación de gran parte de la población gitana se ha definido como de pobreza energética extrema31, dada la convergencia de todos los factores mencionados y otros adicionales como ingresos informales, viviendas inadecuadas sin derechos de propiedad o carencias de acceso e incluso de disponibilidad de servicios esenciales (electricidad, agua, alcantarillado)17,31.

Hasta la fecha no se ha publicado ninguna información estadística sobre la brecha en materia de pobreza energética para la población gitana en España. No obstante, sí existen evidencias contextuales sobre desigualdades considerables entre esta población y la población general. En 201632, el 98% de la población gitana estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Un 59% vivía en hogares de baja intensidad laboral (17% en la población general). El 27% mencionaba vivir en un entorno inmediato sucio o contaminado (10,2% en la población general). Además, un 47% percibieron discriminación por su origen étnico-racial, aunque tan solo un 5% lo denunciaron. Tampoco la ayuda formal española, el denominado «bono social de electricidad»19, a pesar de contar con criterios socioeconómicos de elegibilidad, reconoce la interseccionalidad de género, clase, edad, etnia, número de hijos, vecindario33 ni la exclusión social y espacial arraigada de las personas gitanas31,34. Se puede indicar que la pobreza energética en la población gitana es invisible para el sistema estadístico convencional y en las políticas para abordarla, tanto en España como en otros países del entorno europeo35–37.

Los objetivos de esta investigación son, primero, cuantificar y comparar el nivel de pobreza energética, mediante el enfoque de consenso, en la población general y en la población gitana en España; y segundo, analizar en qué medida los factores ambientales (pobreza energética), demográficos, sociales y económicos (edad, género, educación, situación ocupacional, estado civil) se asocian con la salud autopercibida en la población general y en la población gitana de España.

La tabla 1 recoge los indicadores incluidos en el análisis: edad, salud autopercibida, indicadores de pobreza energética, nivel educativo, situación ocupacional y estado civil, para la población general y para la población gitana de España en 2016. Al comparar ambas poblaciones se observó una considerable diferencia en la edad media (50,9 años en la población general y 27,7 años en la población gitana). Las mujeres gitanas presentaron peor salud autopercibida en todos los casos considerados. La población gitana mostró más dificultades para mantener el calor en el interior del hogar (33,4% hombres y 41,3% mujeres) que la población general (8,5% hombres y 9,1% mujeres); vivían en mayor medida en viviendas con presencia de humedad (26,6% hombres y 32,5% mujeres) que la población general (15,1% hombres y 15,2% mujeres), y tenían más retrasos en el pago de las facturas de los suministros (52,2% hombres y 57,2% mujeres) que la población general (6,7% hombres y 6,3% mujeres). Más aún, casi un 45% de la población gitana mostró niveles moderados y altos de pobreza energética, mientras que este valor fue del 16,6% en la población general (fig. 1). La población general tuvo una mayor proporción de estudios terciarios (27,7% hombres y mujeres) que la población gitana (0,3% hombres y 0,4% mujeres). En cuanto a la situación ocupacional, la población gitana mostró mayores niveles de desempleo (66,2% hombres y 48,8% mujeres) que la población general (13,2% hombres y mujeres). En cuanto al estado civil, los resultados fueron similares, con predominio de las personas casadas.

Figura 1.

Comparación del índice de pobreza energética (bajo, moderado, alto) entre la población general y la población gitana. Datos para España (2016) tomados de EU-SILC y EU-MIDIS II. España, 2016. Personas que indicaron no tener ningún problema: 4,9% población general, 6,6% población gitana.

(0.08MB).

En la tabla 2 se detallan los tres modelos de regresión logística, construidos añadiendo progresivamente nuevas variables, para el análisis de mala salud autopercibida en la población gitana con respecto a la población general. El primer modelo incluye la edad y el género, el segundo añade indicadores de pobreza energética y el tercer modelo añade el nivel educativo, la situación ocupacional y el estado civil. En los tres modelos se observaron diferencias significativas de género y edad en relación con experimentar mala salud, siendo esta peor entre las mujeres y las personas de más edad. En el modelo 1 descubrimos un mayor riesgo de mala salud en la población gitana (OR: 3,11; IC95%: 2,59-3,74); no obstante, esta probabilidad se redujo en el modelo 2 cuando se introdujeron los indicadores de pobreza energética (OR: 1,69; IC95%: 1,39-2,06). Finalmente, en el modelo 3, al ajustar por el nivel educativo, la situación ocupacional y el estado civil, no observamos asociación entre población de adscripción y declarar mala salud (OR: 1,13; IC95%: 0,92-1,38). Los indicadores de pobreza energética, en el modelo 2 y en el modelo 3, tuvieron un impacto negativo sobre el estado de salud. No poder mantener una temperatura adecuada en el hogar fue el indicador que incrementó en mayor medida la OR de mala salud (OR: 2,10; IC95%: 1,90-2,32), seguido de presentar humedad en la vivienda (OR: 1,92: IC95%: 1,78-2,08) y, por último, tener retrasos en el pago de las facturas de los suministros (OR: 1,89; IC95%: 1,69-2,12) (modelo 2). Estos efectos negativos sobre la salud fueron menores al ajustar por el nivel educativo, la situación ocupacional y el estado civil en el modelo 3. En este último modelo se observó un gradiente social según el nivel educativo, ya que la probabilidad de experimentar mala salud disminuye a medida que aumenta el nivel educativo (para primaria, OR: 0,64, IC95%: 0,58-0,71; para secundaria, OR: 0,47, IC95%: 0,42-0,53; para estudios terciarios o superiores, OR: 0,33, IC95%: 0,30-0,37; siendo las personas que no han completado estudios de primaria el grupo de referencia). En cuanto a la situación ocupacional, se observó que el desempleo incrementó en mayor medida la OR de mala salud (para desempleo, OR: 1,43, IC95%: 1,30-1,57). Con respecto al estado civil, el estatus de casado/a mostró una reducción en la probabilidad de experimentar mala salud (OR: 0,90; IC95%: 0,82-0,98).

El peor estado de salud observado en la población gitana se explica por factores demográficos y ambientales (los indicadores de pobreza energética y socioeconómicos). En concreto, la población gitana, y especialmente las mujeres gitanas, muestran mayores niveles de pobreza energética en los tres indicadores considerados, así como mayores niveles de desempleo y un peor perfil educativo.

Nuestros datos revelan que existen altos niveles de pobreza energética en los hogares gitanos, confirmando así una brecha energética entre la población gitana y la población general. Este resultado es concordante con los de investigaciones previas sobre la concentración de este fenómeno en grupos de población socioeconómicamente desfavorecidos, población gitana incluida, en España19,25,26 y en otros países2,4. No obstante, las investigaciones precedentes se centraron en aspectos socioeconómicos (ingresos, clase social o nivel educativo) para explicar este tipo de pobreza33,37. Por esta razón, hasta donde sabemos, nuestro estudio es uno de los primeros que examina esta cuestión en relación con la salud con datos sobre la población gitana de España.

El mayor riesgo que tiene la población gitana de declarar mala salud observado es similar al reportado en estudios previos, basados en datos de encuestas a población gitana de 2006 y 2014, que analizaron el gradiente social en salud en España7,8. Del mismo modo, el efecto negativo de la pobreza energética sobre la salud detectado también se ha investigado anteriormente en el contexto global23 y en el entorno europeo5,6,11,12, obteniendo resultados similares, pero sin incluir explícitamente a la población gitana. De hecho, estos trabajos han convertido a los indicadores de pobreza energética en proxis adecuados para indagar en el efecto de los determinantes ambientales sobre la salud12,22,24–26. Si se toman como marco interpretativo las investigaciones previas sobre la historia y las condiciones de vida de las poblaciones gitanas, en España o en Europa Central y del Este27–31, una posible interpretación de los resultados sería que tanto los malos indicadores en términos de pobreza energética como el efecto de esta sobre la salud dependen o está subsumidos en la condición socioeconómica y en la posición genérica de desventaja en la estructura social de la población gitana. Esto estaría en línea con los trabajos precedentes que han explicado la relación entre pobreza energética y salud mediante indicadores socioeconómicos, si bien estos estudios no consideran la variable étnica ni, específicamente, el caso de la población gitana3,5,21,23–25,36.

Este estudio presenta varias limitaciones. La primera es que la pobreza energética tiene componentes espaciales (región climática, barrio, edificio), pero no incluimos ninguna variable de este tipo en el análisis (si bien las preguntas a los individuos se refieren a su vivienda). La segunda limitación es que el enfoque de consenso se basa en la percepción, la cual puede variar de forma subjetiva entre hogares, sobre aspectos como el confort térmico, las condiciones de la vivienda o el retraso en el pago de facturas. La tercera es que la población gitana no forma parte de ningún marco muestral, lo que plantea desafíos técnicos que han sido descritos en la metodología de la encuesta analizada39. Y la cuarta limitación es que existen diferencias considerables en los tamaños muestrales empleados para cada una de las poblaciones analizadas, lo que afecta a la precisión de los estimadores obtenidos y dificulta profundizar en las diferencias de género entre las poblaciones estudiadas. Debido a todas estas limitaciones, la interpretación de estos resultados debe hacerse con precaución.

Este estudio confirma la brecha de pobreza energética entre la población general y la población gitana, y que la pobreza energética explicaría una parte de la diferencia en salud entre ambas poblaciones. De hecho, al considerar conjuntamente factores ambientales (pobreza energética), sociales, económicos y demográficos, las diferencias en salud desaparecen. Esto sugiere dos implicaciones fundamentales para la práctica de la salud pública: 1) el potencial para mitigar los problemas de salud relacionados con las carencias de servicios energéticos (por ejemplo, mediante estrategias de eficiencia energética en el hogar, subvención de suministros, manejo del presupuesto familiar o revisión de los criterios para ayudas sociales) y 2) se debe avanzar hacia cambios estructurales en el largo plazo, abordando la discriminación de las minorías étnicas en el acceso a educación, empleo, salud y vivienda, mejorando la eficiencia energética de los edificios o regulando el mercado energético. La pobreza energética, con estos resultados y a falta de modelos longitudinales óptimos, puede interpretarse como parte de un proceso causal amplio que relaciona pobreza general y mala salud. Futuros estudios deberían investigar estos aspectos a nivel de área y mejorar los sistemas de información para poder explorar estas interpretaciones.

Todos los datos empleados para el análisis de este trabajo están disponibles en GESIS y Eurostat.

Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad de Alicante (A-2021-02-24).

Carlos Álvarez Dardet.

El autor principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

A. Chuquitarco-Morales: conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, preparación de datos, redacción del borrador original y realización de tablas y figura. D. La Parra-Casado: conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, recursos, redacción, revisión y edición, supervisión, administración del proyecto y obtención de financiación. J.F. Estévez-García: conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, preparación de datos, redacción, revisión y edición, y supervisión.

Este estudio se ha realizado gracias al contrato recibido del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario (FPU), concedido por el Ministerio de Universidades del Gobierno de España al primer autor. Agradecemos a Emma Brown por su trabajo de edición e interpretación del resumen en inglés del artículo. Igualmente, agradecemos su trabajo al editor de la revista y a los revisores anónimos.

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional [CSO2017-83787-P]. Los costes de producción y edición de este artículo han sido cubiertos por la convocatoria AICO 2022-2024 para grupos consolidados de la Generalitat Valenciana (CIAICO/2021/019). Este artículo forma parte de la tesis doctoral del autor de correspondencia, en la Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig (Alicante).

Ninguno.