La relación entre el trabajo remunerado y la salud es compleja y bidireccional. Por un lado, el trabajo decente y seguro, según lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1, es la principal fuente de ingresos económicos y de protección social de las personas; a su vez, la salud y el bienestar de las personas que trabajan son requisitos para que el trabajo que desarrollan sea productivo. Y por otro lado, no hace falta recordar que el trabajo es fuente de riesgos que producen daño a la salud, sea en forma de lesión o enfermedad, lo que a su vez produce en numerosas ocasiones incapacidades que impiden a las personas trabajar, sea de manera temporal o permanente.

Ahora bien, el trabajo, como actividad productiva remunerada (empleo), nacida en su formato actual con la revolución industrial, está experimentando profundos cambios. La globalización económica, la digitalización de los procesos productivos y la fragmentación de las cadenas globales de suministros, como señala la OIT respecto al futuro del trabajo2, están transformando profundamente la organización y la regulación del trabajo, las relaciones laborales y los sistemas de prestación social en todos los países y empresas del mundo. A ello hay que añadir los cambios sociales y demográficos, como el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios y el cambio climático.

En la actualidad, la carga de enfermedad relacionada con el trabajo está definida por una reducción de las lesiones por accidentes de trabajo, junto con un incremento de las enfermedades crónicas, las cuales aumentan la incidencia y la duración de los episodios de incapacidad laboral, sea temporal o permanente3.

En este contexto, es más necesario que nunca disponer de sistemas de información que faciliten la vigilancia y la monitorización de las tendencias de los efectos del trabajo sobre la salud; unos sistemas de información que sean capaces de anticipar posibles cambios y, con ello, sugerir las necesarias adaptaciones. De manera especial interesa conocer el impacto que los cambios de los ciclos económicos y la regulación del mercado de trabajo están teniendo en la salud de las personas que trabajan, así como valorar en qué medida los beneficios sociales modifican su impacto4.

El objetivo de este trabajo es describir las tendencias de la incidencia de la incapacidad permanente y de la mortalidad prematura por todas las causas en una muestra de hombres y mujeres afiliados al régimen general de la Seguridad Social española entre 2004 y 2015.

La tabla 1 muestra la distribución global de las tasas de IP y MP por cohorte según sexo, ocupación y actividad. En primer lugar, se observa que ambas tasas fueron siempre más altas en los hombres, y para la cohorte de mayores (IP: 90,4 y 59,2, y MP: 31,5 y 10,9 por 10.000 personas-año, en hombres y mujeres, respectivamente). En relación con la ocupación, la no manual cualificada presenta las menores tasas de IP y MP en las tres cohortes de nacimiento (IP: 13,7 y MP: 6,5 en global). Finalmente, en relación con la actividad económica, las actividades inmobiliarias, seguidas de la industria manufacturera, presentan las tasas globales más altas de IP (43,3 y 33,8, respectivamente). En cuanto a la tasa de MP, la construcción es la que tiene una mayor tasa global en las tres cohortes (16,5), seguida de las actividades inmobiliarias (14,0).

Al observar la tendencia temporal en los 12 años de seguimiento se ve un paulatino incremento de la incidencia (figs. 2 y 3), sobre todo en los hombres de la cohorte de mayores (PCPA = 14,5% para IP y PCPA = 8,5% para MP). En las mujeres, aunque no se visualiza gráficamente, existe un importante crecimiento de la incidencia de IP en la cohorte joven (PCPA = 20,4%). Sin embargo, en relación a la MP, el PCPA sigue un gradiente decreciente desde la cohorte de mayores hasta la joven (8,9%, 7,6% y 2,2%, respectivamente).

Figura 2.

Evolución de la incidencia de la incapacidad permanente y de la mortalidad prematura en el periodo 2004-2015 según cohorte de nacimiento y estratificado por sexo.

(0.4MB).

Figura 3.

Evolución de la incidencia de la incapacidad permanente y de la mortalidad prematura en el periodo 2004-2015 según la cohorte de nacimiento y estratificado por sexo en los puntos en los que hay solapamiento en la edad. CJ: cohorte joven; CMA: cohorte mayores; CME: cohorte media.

(0.19MB).

Centrándonos en la IP, vemos que a lo largo del periodo de observación las ocupaciones no manuales cualificadas son las de menor incidencia en ambos sexos (fig. 4). No obstante, la tendencia aumenta en las cuatro categorías ocupacionales, en especial en los hombres (PCPA = 14,2%) y las mujeres (PCPA= 18%) con ocupaciones no manuales cualificadas.

Figura 4.

Evolución de la incidencia de la incapacidad permanente en el periodo 2004-2015 según ocupación y estratificado por sexo.

(0.22MB).

En general, para las actividades económicas se observa un patrón estable de incidencia de IP, descartando la Administración pública en ambos sexos y la construcción en el caso de las mujeres por pocos casos. La tendencia es creciente en todas las actividades excepto la construcción en los hombres (PCPA = −2,3%) y el comercio en las mujeres (PCPA = −2,8%) (fig. 5).

Figura 5.

Evolución de la incidencia de la incapacidad permanente según actividad económica en el periodo 2004-2015, estratificado por sexo.

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En los hombres, la tendencia creciente de la incidencia de IP en la actividad inmobiliaria se acelera de forma clara a partir del año 2009 (PCPA = 12,2%). En el caso de las mujeres, el sector de la educación muestra un incremento visible a partir del año 2013, acumulando un PCPA del 13,3%, mientras que la agricultura experimenta un descenso claro a partir del año 2007 (PCPA = −42,9%).

Por último, el comportamiento de los diferentes grupos de edad en los que existe solapamiento (fig. 3) muestra incidencias de IP y MP muy similares. Las diferencias son más evidentes entre la cohorte media y la de mayores para la IP en las mujeres, y para la MP en los hombres. Los resultados de la regresión lineal múltiple, incluyendo la interacción del sexo y la actividad económica, corroboran que únicamente hay diferencias significativas respecto a la IP para las mujeres que trabajan en actividades inmobiliarias (p = 5,66 e-07), que tienen menos probabilidad de presentar una IP en comparación con los hombres que trabajan en la misma actividad económica. En el caso de la MP, los resultados son similares, pero menos significativos (p = 0,058) (véase el Apéndice online) (tabla 2).

Además de estos resultados, en la plataforma en línea (www.upf.edu/cisal/workss) es posible observar las tasas y sus tendencias temporales de IP y MP para cada ocupación, actividad y cohorte de nacimiento, en hombres y mujeres por separado, en diferentes combinaciones.

Entre los resultados destaca, en primer lugar, que los hombres presentan tasas de IP y MP mayores que las mujeres en prácticamente todas las ocupaciones, actividades y cohortes de nacimiento; segundo, que hay una tendencia creciente en hombres y mujeres para ambas tasas, a lo largo del periodo de observación, en las tres cohortes, para todas las categorías ocupacionales y para prácticamente todas las actividades económicas; y por último, que la tasa de IP es unas tres veces superior que la tasa de MP en la mayoría de las comparaciones.

Entre las posibles explicaciones razonables de estos hallazgos, vemos que la mayor incidencia de MP en los hombres respecto a las mujeres en la edad activa es un hecho conocido, posiblemente debido a la mayor tasa de mortalidad prematura en los hombres asociada a las enfermedades en comparación con las mujeres15, y en menor medida a diferencias de género en ocupaciones y conductas con más riesgo de lesiones por accidentes de trabajo y de tráfico16, lo que por otro lado explica, entre otras razones, la mayor esperanza de vida de las mujeres12. Esta sería también una explicación razonable a la mayor incidencia de IP en los hombres. De nuevo, unas condiciones de trabajo con más exposición a factores de riesgo de seguridad e higiénicos en las ocupaciones históricamente asociadas al hombre, como la construcción y la industria, podrían explicar esta diferencia13. Sin embargo, la principal explicación podría recaer en la diferente afectación de las enfermedades según el sexo, ya que 9 de cada 10 casos de IP son por contingencia común14. Es una hipótesis que habría que confirmar en futuros estudios.

En cuanto a la tendencia de constante incremento de la incidencia tanto de IP como de MP en los 12 años de seguimiento, en hombres y mujeres, en ocupaciones manuales y no manuales, y en cada una de las cohortes de nacimiento, se confirma un patrón que, por un lado, refleja con claridad el efecto edad, pues los trabajadores van envejeciendo y, con ello, aumentan las probabilidades de IP y de MP. Al mismo tiempo, entre las cohortes media y de mayores se observa un cierto efecto cohorte, ya que la probabilidad de MP o de IP para individuos de una misma edad disminuye con los años. Esto puede estar relacionado con el efecto de las mejoras en la atención sanitaria o con cambios normativos relacionados con la gestión de la IP. Cuando en un trabajo previo analizamos la tendencia del total de las IP observamos una tendencia estable entre 2000 y 2010, lo que confirma el nulo efecto de los posibles cambios normativos en este periodo17.

Por último, y sin establecer una relación causal entre la IP y la MP, pues son personas diferentes en la mayoría de los casos (a lo largo del periodo 2004-2015 solo hay 306 personas que tengan una IP y luego mueran, lo que representa un 5,4% de todas las muertes y un 1,7% de las IP), la magnitud global de 29,7 casos de IP y 9,1 muertes antes de los 65 años por cada 10.000 personas-año afiliado representa una enorme carga de la enfermedad en el conjunto de la sociedad en general y del sistema productivo en particular. Futuros estudios deberían estimar el coste económico de esta carga, y lo que podríamos ganar todos si estas IP y MP, o una parte significativa de ellas, pudieran evitarse. La mejor y más reciente estimación disponible sobre el coste de accidentes y enfermedades en Europa lo cifra en un 3,3% del producto interior bruto18, en parte consecuencia de la IP y la MP. Sin embargo, la comparación con otros países se hace difícil dado que parte de las diferencias que puedan observarse se deben a la disparidad entre los sistemas de seguridad social19.

Los resultados de este estudio hay que interpretarlos con cautela porque presenta algunas limitaciones. Entre ellas, existe cierta imprecisión en la asignación de la IP o la MP a una categoría de ocupación o actividad económica, dado que pueden existir cambios en dichas variables durante el periodo de seguimiento, y por ello se ha asumido asignar anualmente a cada individuo a la categoría en la que ha estado más tiempo ese año. Otra limitación es que no se dispone de información sobre el diagnóstico médico de ambos indicadores. Esto ayudaría a formular conclusiones más específicas sobre las tendencias de la incidencia de IP y MP según grupos de diagnóstico concretos. Igualmente, aunque no conocemos con precisión la exhaustividad del registro de fallecimientos en la MCVL, hemos observado (datos no mostrados) que las tasas específicas por edad (25-34, 35-44 y 45-54 años) son siempre menores que las registradas por el Instituto Nacional de Estadística20 para el conjunto de la población en 2004 y 2015, lo que indica, muy posiblemente, el efecto del trabajador sano21; esto es, las personas que trabajan son en principio las más sanas, con menor discapacidad y menos mortalidad. Además, estas diferencias podrían explicarse también por basarnos en personas beneficiarias de una amplia cartera de beneficios sociales que las protege a lo largo de su vida. Asimismo, no quedan incluidas las personas trabajadoras que no tienen cobertura (empleo informal), que se estima que son alrededor del 5%, ni tampoco las personas trabajadoras autónomas22. Estas últimas se han excluido porque no podría hacerse un análisis de la IP, pues en el periodo de estudio no tienen cobertura frente a la IP, pero sí podría haberse valorado la incidencia de MP. Esta es una limitación que debería abordarse en próximos estudios.

No obstante, el estudio también cuenta con una serie de fortalezas. En primer lugar, la propia base de datos, que permite observar la tendencia de la incidencia de dos fenómenos de tanta relevancia sanitaria como la IP y la MP, en relación con la vida laboral. Además, estos primeros 12 años de seguimiento podrán ir ampliándose a medida que se publiquen los nuevos datos. Asimismo, el hecho de disponer de fechas de alta y baja de cada situación de la persona trabajadora ha permitido calcular el tiempo exacto en que ha estado en riesgo de acogerse a una IP o de morir, y con ello se ha podido trabajar con una densidad de incidencia exacta. Esto permite clasificar a los individuos según su grado de participación en el mercado laboral23, y en próximos estudios podrán valorarse diferentes tipos de vida laboral, desde más estables hasta más flexibles.

Este estudio supone un primer paso adelante para hacer accesible una gran cantidad de información administrativa existente que puede ayudar al diseño de políticas de prevención, a mejorar la gestión de la IP y a reducir la mortalidad prematura.

El acceso a la información sobre condiciones de empleo y salud de una persona en el transcurso de su trayectoria laboral es de suma importancia para entender patrones a lo largo del tiempo y poder planificar, en la medida de lo posible, nuevas políticas sociales y reformas laborales que se adecuen a la realidad del momento y contribuyan a evitar posibles desigualdades sociales en salud.

Juan Alguacil.

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Las tres personas firmantes concibieron el estudio y contribuyeron a su diseño. L. Serra preparó la base de datos, realizó los análisis de los datos y preparó el material numérico y gráfico para la plataforma online. Asimismo, L. Serra redactó la primera versión del artículo. F.G. Benavides y M. Ubalde realizaron una revisión crítica del manuscrito con importantes contribuciones. Las tres personas firmantes aprobaron su versión final para publicación.

De manera especial deseamos agradecer a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el acceso a los ficheros anuales de la Muestra Continua de Vidas Laborales, además de las aclaraciones a nuestras dudas que de forma precisa y rápida nos proporcionó Fernando García Segovia.

El estudio fue financiado por el Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 2013-2016, por el Instituto de Salud Carlos III – Subdirección General de Evaluación y Promoción de Investigación (PI17/00220), por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER y el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

Ninguno.