En España, el gasto farmacéutico representa el 22% del gasto sanitario, más que en otros países europeos1. Desde el punto de vista epidemiológico, la importancia del problema de la cardiopatía isquémica en nuestro entorno es de primera magnitud por frecuencia, consumo de recursos y mortalidad. Durante más de una década, la doble terapia antiagregante plaquetaria con ácido acetilsalicílico y clopidogrel se ha considerado de referencia para el síndrome coronario agudo con intervencionismo coronario percutáneo2. Sin embargo, un número importante de pacientes continúa sufriendo eventos isquémicos en el seguimiento con este régimen terapéutico, lo que se debe en parte a la gran variabilidad interindividual de respuesta al clopidogrel; además, hay amplia evidencia de la pobre respuesta a dicho fármaco en caso de eventos isquémicos2. Este hecho ha llevado al desarrollo de nuevos fármacos con un efecto más rápido, más potente y con menos variabilidad, como el prasugrel y el ticagrelor2.

En España, en los últimos años hemos asistido a un proceso de encarecimiento de los precios unitarios de los nuevos fármacos, de tal forma que la inflación de estos precios por encima de la inflación general constituye, en términos de importancia económica, una causa de crecimiento del gasto sanitario3,4. A este respecto, en nuestro país se han comercializado dos nuevos antiagregantes plaquetarios: el prasugrel y el ticagrelor. Sus precios de referencia son 63,38 € y 59,69 €, respectivamente. En comparación con el precio del clopidogrel (16,83 €), supone que los nuevos antiagregantes plaquetarios cuestan 3,5 veces más.

Queremos presentar el caso de un paciente que, bajo nuestro punto de vista, ha sido una “víctima” del sistema, por culpa de la crisis económica que atraviesa nuestro país y la inflación de los precios de los nuevos fármacos por encima de la inflación general.

Paciente de 47 años que ingresa con un infarto agudo de miocardio. Se le realiza intervencionismo coronario percutáneo sobre la arteria causante. A su alta, según las guías clínicas, se le pauta tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico y ticagrelor. Este tratamiento debe mantenerse durante 12 meses como mínimo. Dada la situación económica del paciente, percibiendo una prestación por desempleo de 402 € hasta 2 meses antes de su ingreso, decide no tomar el ticagrelor por su alto precio, y sufre un nuevo episodio de infarto agudo de miocardio 7 días después del alta. En este segundo ingreso se procede a realizar intervencionismo coronario percutáneo sobre una reoclusión trombótica de la misma arteria tratada en el ingreso anterior. Su evolución fue favorable. Considerando la economía del paciente, se decide tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopidogrel, a pesar de que las guías clínicas actuales recomiendan el uso de los nuevos antiagregantes2.

Por lo tanto, este caso nos debe hacer reflexionar sobre que la industria biomédica y nuestros responsables políticos tendrán que aprender un lenguaje común para que ningún paciente vuelva a ser una “víctima”.