Los flujos migratorios, las desigualdades sociales, los conflictos políticos, la globalización y las facilidades de comunicación actuales constituyen el caldo de cultivo de un fenómeno que ha crecido de forma alarmante en los últimos años7. Estos factores empujan a las víctimas a engrosar una demanda de emigración especialmente atractiva para las redes criminales, cuyo principal objetivo es el lucro económico obtenido a partir de actividades asentadas en la restricción o la demanda legal desatendida de servicios sexuales8. Si bien el negocio de la prostitución y la explotación sexual ha sido un negocio tradicional del crimen organizado9, en los últimos años ha supuesto una oportunidad criminal transnacional alternativa frente a mercados mucho más fiscalizados o explotados, como el tráfico de drogas10.

De la más amplia base de datos de víctimas traficadas en todo el mundo (5.233 casos) podemos inferir algunas características que nos muestran el perfil de las víctimas de trata con fines de explotación sexual1. El 80% son mujeres, el 74% tiene menos de 25 años, más del 55% son solteras, divorciadas o separadas, y el 27% tienen hijos. Si bien no todas las mujeres están desempleadas antes de ser víctimas, más de la mitad tienen un empleo por el cual perciben menos de 100 dólares al mes.

Los estudios realizados por entidades y organizaciones no gubernamentales11 encargadas de la protección de las víctimas de trata nos alertan reiteradamente sobre su situación de vulnerabilidad: son víctimas de amenazas y abusos por parte de sus traficantes, son extranjeras en situación irregular en el país de explotación, y padecen graves secuelas físicas y psicológicas como consecuencia de la coacción y la explotación sexual continuadas12. Según uno de los pocos estudios existentes sobre los riesgos de salud de las víctimas de trata, éstos se producen en las diferentes fases de la trata. Con anterioridad al proceso de trata, la violencia física sufrida por las víctimas (60%) es superior a la violencia sexual (32%). Esta proporción se invierte durante el transporte al país de desino, donde el abuso de carácter sexual (90%) es ampliamente superior al físico (76%). Finalmente, en la fase de explotación, los abusos sexuales son más graves durante los primeros días, pero a largo plazo las secuelas y los problemas físicos son los más abundantes y persistentes.

En relación a las consecuencias físicas y psicológicas de la trata con fines de explotación sexual, los estudios destacan con mayor frecuencia los siguientes13: a) problemas físicos, como lesiones, roturas de huesos, quemaduras, cortes o heridas, trastornos alimentarios, problemas de sueño, fatiga o relacionados con la privación de necesidades básicas; b) problemas relacionados con la salud sexual o reproductiva, como violaciones y abusos sexuales, prácticas sexuales traumáticas, abortos y embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc.; c) consumo y dependencia de medicamentos o drogas como forma de sometimiento y explotación; y d) problemas de tipo psicológico, como estrés agudo, estrés postraumático, ansiedad, fobias, ataques de pánico y depresión.

La reclusión forzosa a que se ven sometidas las víctimas por parte de sus explotadores les impide tomar conciencia de su victimización y acudir a las autoridades en busca de ayuda. Por ello, la actitud de las instituciones públicas debe ser especialmente proactiva respecto a la provisión de información sobre las consecuencias físicas y psicológicas de la explotación sexual, a la identificación de casos sometidos a dicha explotación y a la puesta en marcha de servicios especializados. En este sentido, las instituciones sanitarias desempeñan un papel esencial por constituir lugares de referencia a los cuales acuden muchas víctimas solicitando asistencia médica.

Desde el año 2008, España cuenta con un «Plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual» que incluye, como una de sus acciones, el establecimiento de protocolos de detección y denuncia de situación de trata y explotación en el ámbito sanitario. Estos instrumentos constituyen una herramienta de vital relevancia para la puesta en marcha de los dispositivos de protección y apoyo que se prevén en nuestra legislación (periodo de reflexión, permiso de residencia y trabajo, programas de protección y centros de acogida, programas de retorno o inserción laboral). Sin embargo, hay un alto porcentaje de víctimas que no acuden a las instituciones sanitarias por carecer de estatus legal en nuestro país o por impedimento forzoso por parte de sus captores14. Es imprescindible que los poderes públicos establezcan mecanismos para que estas víctimas no sólo puedan disponer de una atención sanitaria adecuada, sino que cuenten con información sobre los riesgos sanitarios y psicológicos asociados a la explotación sexual y los recursos existentes.