Recientemente, a pesar de que ya en 1990 la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades, se ha desvelado que en España continúan practicándose las llamadas terapias de conversión, destinadas a «curar la homosexualidad»1. La comunidad científica y profesional considera estas pseudoterapias como una mala praxis, ya que son ineficaces2, afectan negativamente a la salud mental, generan sentimientos de vergüenza, depresión y ansiedad3, y favorecen el estigma y la discriminación4. Por todo ello, estas prácticas contravienen todos los principios fundamentales de la ética médica y han sido condenadas por el Parlamento Europeo5.

Además del impacto negativo en la salud individual de las personas sometidas a estas pseudoterapias, sus implicaciones se extienden mucho más allá. El solo hecho de presentar terapias para pretender «curar» la homosexualidad refuerza la idea de que la sexualidad no normativa es perniciosa per se, por lo que puede, o incluso debe, ser cambiada6. Este engañoso discurso conduce a un incremento de la LGTB-fobia en la sociedad y, por tanto, pone en mayor riesgo a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans (LGBT) y su entorno. Al mismo tiempo, se fomenta sistemáticamente el rechazo hacia un colectivo que ya se enfrenta en su día a día a situaciones de violencia y discriminación motivadas por su orientación sexual.

Por ello, todas las instituciones con funciones en materia de salud pública, desde las Administraciones hasta las sociedades científicas y profesionales, deben posicionarse con el objetivo de proteger la salud de las personas LGBT frente a estas pseudoterapias y sus efectos nocivos7. Es necesario fomentar el desarrollo de legislación frente a la LGTB-fobia conforme a la evidencia actual, que recoja penas para quienes realicen y promocionen estas prácticas8, ya que en la actualidad solo cuatro comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Valencia y Andalucía) las prohíben de forma expresa9. Hay que buscar la colaboración entre organizaciones religiosas, organizaciones LGBT y Administraciones10 para lograr una respuesta rápida y coordinada ante estas pseudoterapias, pues resulta más que probable que la situación detectada no sea sino la punta del iceberg y que estas prácticas se encuentren más extendidas. Esto, a su vez, permitiría trabajar elementos como el machismo, la LGTB-fobia, la transfobia y otras formas de discriminación dirigidas a este u otros colectivos, que pueden encontrar amparo en las posturas fundamentalistas de comunidades religiosas o de ciertos movimientos y grupos ultraconservadores. Finalmente, animamos a la comunidad científica y al personal de salud a denunciar este fenómeno que supone un atentado contra los derechos humanos.