Resulta estimulante recibir la aclaración (mediante una fórmula tan cortés como la de matizar) de que iniciativas locales de prevención del cáncer de colon, como la que se lleva a cabo en Barcelona y la comarca del Alt Penedés, sí cuidan como se merecen algunos de los aspectos prácticos necesarios para conseguir una cobertura eficiente y equitativa. Cuestiones éstas a las que no siempre se presta la atención necesaria, aunque condicionen decisivamente el impacto final que en términos de mortalidad general y específica se alcanza.
Precisamente porque son factores que tienen que ver con la gestión cotidiana, a menudo se dejan para el final o incluso se olvidan, de donde surgía buena parte de las dudas y reticencias expresadas en mi artículo1 que ha merecido la amable atención de Guayta et al.2 Claro que me hubiera gustado más recibir el desmentido que demostrara que todos los programas que se han ido poniendo en marcha en España garantizan el buen funcionamiento de las actividades implicadas, y en particular que se comprueba efectivamente el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, entre los cuales merece destacarse que las pruebas de confirmación diagnóstica sean efectuadas por profesionales específicamente acreditados y mediante procedimientos objeto de validación continuada para alcanzar el máximo grado posible de seguridad, de lo cual podrían hacer dudar algunos episodios que han trascendido a los medios de comunicación3. Pero con ser imprescindible, la seguridad no es más que una de las características de los programas preventivos que convocan a personas que, en la mayoría de los casos, no padecen lesiones.
Además, desde luego, de la efectividad, hay que tener en cuenta la eficiencia y la equidad. Y para evaluar a todas ellas conviene disponer de información sobre la evolución de la incidencia de este tipo de tumores en la población diana. Una información que, para la mayoría de la población española, no está disponible directamente, ya que los registros de cáncer de ámbito poblacional cubren menos del 30% del conjunto y las diferencias entre ellos son notables: entre 27,2 y 12,6 por 100.000 varones (tasa estandarizada) en Girona y Cuenca, respectivamente4.
Tampoco queda claro el compromiso de los servicios sanitarios públicos a la hora de garantizar la continuidad de estas actividades, que perderían todo su potencial sentido si se convirtieran en prácticas esporádicas de detección oportunista, como lamentablemente ocurre en muchas de las consultas médicas de nuestro país y de otros países ricos, en las que entre otras actividades clínicas preventivas de dudoso valor y éticamente discutibles5 es habitual que a los varones de más de 50 años de edad se les solicite una determinación del antígeno específico de próstata, aunque resulte contrario a las recomendaciones científicas6. Quizás, pues, conviniera poner énfasis en la prevención de esta iatrogenia y despilfarro que, por cierto, se recomendaba a bombo y platillo en un reciente telediario de TVE7.
