Las crisis, las emergencias y las épocas de disturbios se han relacionado con un aumento de la violencia interpersonal, incluida la violencia hacia las mujeres. Las pandemias no son una excepción, y a raíz de la epidemia de COVID-19 desde finales de marzo ya contamos con algunas cifras que dan una idea del problema1.

En febrero, los casos de violencia de género denunciados en una sola comisaría de policía de China se habían triplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado2. A medida que más países han ido aplicando medidas de contención, se ha ido informando de incrementos preocupantes. Las líneas de ayuda han registrado un aumento del 91% en Colombia, el 60% en México, el 40% en Australia, el 30% en Chipre y el 20% en los Estados Unidos3,4. En España, las llamadas al 016 (teléfono de información y de asesoramiento en violencia de género) han aumentado un 10,5% y las consultas on-line un 182,93% con respecto al mes de marzo del año anterior5. En Francia, las intervenciones policiales por violencia en el hogar han aumentado un 30% en una semana3.

Por otra parte, se ha observado un descenso de las denuncias por violencia de género. En España, por ejemplo, el Ministerio del Interior informó de una reducción del 40% desde que se pusieron en marcha las medidas de confinamiento. Este dato, examinado en relación con el número de consultas, da una idea de las dificultades que pueden encontrar las mujeres para interponer una denuncia debido al confinamiento y la convivencia directa con el maltratador6.

La declaración de cuarentena está generando un impacto negativo en la seguridad de las mujeres. El confinamiento puede aumentar los comportamientos de control de los maltratadores, incluidas las prácticas de aislamiento social. Los límites a la movilidad física aumentan potencialmente la vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia de género.

Además del aislamiento familiar y social, el acceso a los sistemas de protección, seguridad y apoyo puede ser limitado. Por ejemplo, es bien conocido que los servicios de salud muchas veces son la primera vía de salida para las mujeres. Sin embargo, en la actual situación de emergencia, las barreras que tradicionalmente dificultan la detección eficaz de la violencia de género (falta de tiempo, poca formación para abordar el problema, incomodidad para discutir temas delicados) se agudizan ante la sobrecarga de los servicios de salud motivada por la pandemia1.

En España, el desarrollo de medidas contra la violencia de género se inició formalmente a partir de 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Además de los teléfonos especializados de información y asesoramiento, existen protocolos de actuación profesional nacionales y autonómicos en diferentes ámbitos, incluido el sanitario; hay una red de centros de acogida y una serie de derechos de asistencia integral (jurídica, laboral y social), así como ayudas económicas para víctimas de violencia de género7. En 2017 se aprobó en nuestro país el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y los Presupuestos Generales del Estado se comprometían a designar la cantidad necesaria para la implementación de las medidas recogidas en el pacto.

A raíz de la declaración de estado de alarma y confinamiento se han puesto en marcha nuevas medidas encaminadas a paliar el posible impacto de la violencia de género. Dos días después del inicio de la cuarentena, el Ministerio de Igualdad aprobó un Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del coronavirus8. Este plan incluye diversas medidas necesarias para adaptar y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las víctimas de violencia de género en las actuales circunstancias excepcionales. El 31 de marzo, el consejo de ministros aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para proteger y asistir a las víctimas de violencia machista durante la crisis de COVID-199.

Entre las medidas adoptadas hasta el momento por el gobierno de España destacan:

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  Declaración de servicio esencial la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, garantizando el normal funcionamiento de los dispositivos de información de 24 horas, la respuesta de emergencia y acogida a las mujeres en situación de riesgo, y la asistencia psicológica, jurídica y social de manera no presencial (telefónica o por otros canales).

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  Activación de un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia de género mediante un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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  Campaña institucional para la concienciación contra la violencia de género durante el periodo de confinamiento. Hay dos líneas de materiales: una dirigida a víctimas, con el lema «Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas», con el objetivo de informar de los servicios disponibles y ampliados en el contexto de COVID-19, y otra dirigida a implicar a la sociedad en la denuncia de la violencia y el apoyo a las mujeres que lo necesiten, con el lema «La violencia de género la paramos unidas, estamos contigo»10.

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  Elaboración de una guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19. Recoge información sobre los recursos disponibles y las pautas de actuación concretas en función de la situación personal de la mujer11.

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  Servicio psicológico inmediato vía WhatsApp a través de los teléfonos facilitados por el Ministerio de Igualdad11.

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  Uso de los establecimientos de alojamiento turístico en caso de que no haya plazas disponibles durante el estado de alarma en los centros designados para ello y sea necesario para garantizar la seguridad de las víctimas9.

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  Inclusión del «Botón SOS» en la App AlertCops, que permite tanto al personal sanitario como a las víctimas de violencia de género requerir de manera discreta la asistencia inmediata de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En las diferentes comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, se han realizado adaptaciones de todos los programas y servicios de atención que venían funcionando, y en la mayoría se están implementando medidas nuevas que aseguren la asistencia a las mujeres que quieran denunciar una situación de violencia de género y a aquellas que ya tienen reconocido el título que acredita la situación de «víctima de violencia de género», como la habilitación de un servicio de atención vía WhatsApp en varias comunidades (tabla 1).

Una de las iniciativas más extendidas es la «Mascarilla-19», acción inicialmente impulsada por el Instituto de Igualdad de Canarias y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las islas Canarias, desde donde se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas, como País Vasco, Andalucía, Valencia, Madrid, Cantabria, Ceuta y Melilla, entre otras. El objetivo de esta iniciativa es que las mujeres que se encuentren en una situación de peligro puedan ir a la farmacia y solicitar una «Mascarilla 19». El personal farmacéutico realiza una llamada a los servicios de emergencia y se pone en marcha el protocolo por violencia de género.

En el ámbito internacional es difícil identificar las medidas adoptadas porque es un proceso dinámico y, además, las medidas de confinamiento no son homogéneas y ni siquiera proporcionales al número de personas infectadas. En Europa, iniciativas similares a las adoptadas en España con la «Mascarilla 19» ya se están desarrollando en Francia y Noruega (tabla 2). En Alemania y los Países Bajos han reforzado las ayudas vigentes (web, teléfonos, medidas policiales, etc.) y han anunciado otras complementarias, como la ampliación de las infraestructuras de acogida (alquiler a corto plazo de hoteles y apartamentos). La línea de trabajo con hombres maltratadores (relevante en Alemania) ha quedado suspendida por la «distancia social».

En Italia, las ayudas económicas anunciadas por el gobierno aún no se han materializado, y en Portugal se han producido reuniones con los colectivos de mujeres que trabajan por la violencia de género para acordar la creación de más estructuras de recepción de emergencia, campañas de información y alerta, nuevas líneas y canales de comunicación con las víctimas.

En los Estados Unidos, las normas del estado de alarma no afectan a las mujeres que sufren violencia de género, que pueden abandonar su residencia para evitar agresiones, y aunque los centros de atención están temporalmente cerrados, se mantiene el contacto telefónico.

En los países de América Latina es donde más se han visibilizado las medidas para frenar la violencia de género. Países como Colombia, Argentina y Perú han reforzado las líneas de ayuda ya establecidas. En Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha lanzado un Plan de Contingencia específico para las víctimas.

En la tabla 2 se hace un resumen de las medidas adoptadas en diversos países.

Antes de la crisis por emergencia sanitaria, España ya era un país con un desarrollo legislativo óptimo en materia de actuación frente a la violencia de género, con hitos importantes en los últimos años, como la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género en 2017 o el inicio del trámite parlamentario de la Ley integral de protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales en marzo de 2020.

Hay tres aspectos que cabe destacar:

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  La ausencia de medidas económicas concretas planteadas hasta la fecha (en todos los países) y recordar que en la crisis económica reciente las estrategias de control del déficit público se utilizaron como argumento para recortar las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género. El progresivo desmantelamiento de dichas políticas simboliza la falta de priorización en materia de políticas sociales cuando estas entran en conflicto con otros intereses de índole económica12.

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  El Real Decreto-Ley de medidas urgentes no incluye la asignación de fondos adicionales para implementar estas medidas. Lo que sí hace el Ejecutivo es flexibilizar y simplificar los procedimientos para «favorecer la ejecución» de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

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  Los/las profesionales sanitarios/as han sido un elemento fundamental en la lucha contra la violencia de género. En la situación actual, la labor de identificación de indicadores de riesgo y seguimiento de casos en consulta ha pasado a un segundo plano. Habrá que evaluar el impacto que ha tenido y en qué momento el sistema sanitario estará en condiciones de volver a realizar las funciones que venía ejerciendo en esta materia.

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  Será urgente evaluar con los indicadores disponibles (denuncias, partes de lesiones, mortalidad, etc.) cómo ha afectado esta situación única a la violencia de género.

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  Sería deseable prever otras posibles circunstancias excepcionales e incluir en los protocolos de actuación sanitaria medidas para dar respuesta a estas situaciones.

Hoy vivimos una emergencia sanitaria y social sin precedentes, cuyas consecuencias aún no acertamos a valorar, pero sin duda se ha puesto de manifiesto la fragilidad de las estructuras básicas sobre las que hemos construido nuestro estado de bienestar.

Si en adelante debemos construir un nuevo paradigma, hemos de garantizar que se hace desde el análisis de las normas, los roles y las relaciones de género, y la erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres, entre otros objetivos13. No es posible prevenir la violencia de género de manera integral sin considerar el aumento del desempleo, la temporalidad y la inestabilidad laboral, la dependencia económica o la sobrecarga de tareas reproductivas, entre otros elementos que la facilitan.