Las enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes de tipo 2 y la obesidad, son las que generan mayor morbimortalidad en el mundo1, y las exposiciones nutricionales están entre los determinantes clave de estas enfermedades2,3. Por ello, la industria alimentaria, consciente del papel crucial de la dieta, ha venido mostrando interés en financiar proyectos para investigar posibles efectos de los productos alimentarios, lo que adquiere especial interés en un contexto actual de crisis en el cual la financiación pública pasa por tiempos de austeridad presupuestaria. Sin embargo, el interés de la industria alimentaria no se limita solo al avance científico, sino también a razones comerciales, lo que a veces puede conllevar conflictos de intereses por su posible influencia en los temas a investigar, las políticas de salud pública sobre alimentación o, incluso, los resultados y las conclusiones de estudios científicos, como ya ha quedado demostrado4–8. Algunos medios de comunicación influyentes, por ejemplo el New York Times, han denunciado el apoyo financiero de ciertas compañías a investigadores, instituciones u organizaciones. Ejemplos ilustrativos han sido el apoyo financiero de Coca-Cola a los fundadores de la organización The Global Energy Balance Network para promover la actividad física como método más efectivo para el control de las calorías, desviando la atención del consumo de refrescos en la prevención de la obesidad; los correos electrónicos de Monsanto en los que se desvelaban pagos a científicos para mejorar la imagen pública de la modificación genética de semillas; o los pagos del sector azucarero a investigadores para esconder los efectos adversos del azúcar, culpando a las grasas de las epidemias mundiales de obesidad y diabetes, escándalo este último también recogido en la revista JAMA of Internal Medicine9.

La influencia nociva de la industria alimentaria, y en concreto de las principales compañías de refrescos, no se limitan solo a sucesos anecdóticos. Varias revisiones sistemáticas sobre los efectos de los refrescos en la salud han mostrado resultados favorables a la industria cuando esta financiaba las investigaciones4–8, lo que también ha sido demostrado en una revisión5 que analizó los resultados de 206 artículos publicados sobre el efecto del consumo de refrescos en la salud, de los cuales 111 declararon haber recibido financiación de la industria. Una conclusión de la revisión fue que había una asociación positiva significativa (p=0,037) entre el hecho de recibir financiación y la conclusión del estudio al sugerir la ausencia de efecto de las bebidas azucaradas en la salud. Además de la posible intervención de las compañías financiadoras en el proceso de investigación (generación de hipótesis, análisis e interpretación de resultados), algunos estudios señalan que podrían haberse manipulado los resultados de las revisiones sistemáticas sobre el tema7,8. En este sentido, en un estudio basado en 17 revisiones sistemáticas se observó que en seis de ellas que habían recibido financiación de las compañías de refrescos se concluía que no había suficiente evidencia para apoyar una asociación positiva entre la ingesta de refrescos y la ganancia de peso o la obesidad, mientras que en las revisiones sin financiación de la industria se concluía que la ingesta de refrescos se asociaba significativamente a una mayor ganancia de peso7.

En este contexto, el Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, en su última reunión, coordinó una mesa temática titulada Industria alimentaria e investigación epidemiológica para discutir sobre los posibles riesgos y conflictos de intereses que pueden surgir en la financiación, la publicación y la difusión de los resultados de estudios epidemiológicos en nutrición y salud pública con apoyo financiero de la industria. Para ello se reunió a investigadores/as con amplia experiencia para que aportaran su visión sobre el tema. Tras múltiples intentos, no fue posible contar con representantes de la industria en la mesa.

Ascensión Marcos, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC en Madrid, señaló que en los últimos años las ventas de alimentos ultraprocesados, que suponen tres cuartas partes de las ventas de alimentos, habían crecido drásticamente en Iberoamérica, debido principalmente a su rentabilidad para las compañías de alimentación, su bajo coste, su durabilidad, su inmediatez y su palatabilidad10. Mientras tanto, en el mundo, las cifras de personas que pasan hambre (1000 millones) y de personas con sobrepeso (2000 millones) siguen aumentando año tras año1. Este hecho pone de manifiesto las finalidades divergentes de quienes investigan y de las compañías alimentarias, pese a lo cual la Dra. Marcos manifestó la conveniencia de que la empresa privada colabore con los grupos de investigación e invierta más fondos en investigación, con el fin de tener la masa crítica suficiente sobre los productos que comercializa, pero esto solo debe hacerse bajo unos principios éticos bien establecidos desde el inicio de cualquier investigación y que preserven la independencia de los/las investigadores/as. Para ello, mostró una guía de buenas prácticas profesionales elaborada por la Unión Internacional de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos11 (una organización mundial de ciencia y tecnología alimentaria, sin ánimo de lucro) con 14 principios básicos, entre los que figuran la declaración de los conflictos de intereses cuando se actúe como consultor de la industria, evitar la explotación del estatus profesional mediante publicidad engañosa o certificación de productos, rechazar favores o regalos que puedan perjudicar el juicio profesional y seguir principios éticos para la mejora del conocimiento general de la seguridad alimentaria y la nutrición. En diversas instituciones públicas, como la Comisión Europea o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se contempla la posibilidad de investigar con fondos públicos y privados, ya que se fomenta la colaboración público-privada con la industria para ofrecer un mejor servicio y tratar de conseguir productos de mayor calidad en todos los sentidos.

Napoleón Pérez-Farinós presentó su experiencia como investigador en el Observatorio de la Nutrición y del Estudio de la Obesidad de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), y señaló que es posible realizar investigación de calidad sin la financiación de la industria. En este sentido, comentó que uno de los objetivos del Observatorio era la generación de conocimiento y de evidencias científicas con rigor y calidad, y difundirlos a la población general. Indicó que compartía con la AECOSAN, desde la que solo se realiza investigación financiada con fondos públicos, que la investigación sobre nutrición y salud se realice bajo las premisas de independencia, transparencia y ausencia de conflictos de intereses con el fin de poder transmitir los resultados a la población general, aunque en su estructura se reconoce la participación de representantes de la industria alimentaria12.

Dora Romaguera expuso varios ejemplos, como el de la intencionalidad de la industria de los cereales por fomentar el desayuno como la comida más importante del día, o la recomendación de aumentar el consumo de zumo de naranja basándose en sus supuestas bondades para la salud, cuando en realidad respondía a un excedente de naranjas en los Estados Unidos13, así como las supuestas acciones de transparencia de la compañía Coca-Cola en España, que hizo pública la financiación otorgada a proyectos e instituciones entre 2010 y 2015. Asimismo, señaló que investigadores/as de prestigio internacional, como Marion Nestle, se han manifestado sobre los conflictos de intereses de la financiación de la industria (http://www.foodpolitics.com), y llamó la atención sobre las actuaciones del Center for Science in Public Interest (https://cspinet.org) para promover la alimentación saludable basada en la evidencia científica más actual. Finalizó indicando la necesidad de seguir el principio básico del método científico, con la formulación de hipótesis a priori, la descripción del plan de análisis estadístico previa a la recogida de datos, y la recogida y el análisis de los datos acordes con este plan, que lleve a la interpretación y la publicación final de los resultados. En este sentido, propuso el fomento de revisiones sistemáticas y de metaanálisis de calidad y rigor, siguiendo estos mismos principios, para trasladar la evidencia científica más actual a las políticas de salud pública.

Por último, Miguel Ángel Martínez-González expuso su experiencia de financiación con el sector alimentario, del que no había recibido ningún tipo de presión. En un proyecto financiado por Danone investigó los efectos del yogur sobre el síndrome metabólico tras 6 años de seguimiento en el estudio SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), y los resultados publicados mostraron que no existía asociación significativa entre ambos14. Del mismo modo, en una ayuda recibida del International Nut Council para examinar el efecto a largo plazo de la dieta mediterránea sobre el riesgo de muerte y de enfermedad en el estudio PREDIMED, no se encontró asociación entre dicha dieta suplementada con frutos secos y un menor riesgo de fibrilación auricular15. Estas dos financiaciones representan un porcentaje mínimo (<3%) de la financiación obtenida en su departamento.

A pesar de estas experiencias, y en contraposición con la unanimidad de la comunidad científica sobre no recibir financiación de la industria tabacalera, no existe tal consenso en nutrición y salud. Por ello, aunque se ha evidenciado el posible interés financiero de la industria de los refrescos en la investigación sobre el efecto de estos en la salud5,7,8, la evidencia científica puede ser aún insuficiente. Por otra parte, no se puede perder de vista el poder de la industria como motor de la economía mundial, y de ahí el dilema sobre si debe o no financiar directamente la investigación, dados los intereses divergentes ya mencionados de la industria y la salud pública. En este sentido, en la literatura se han denunciado diversas tácticas de multinacionales de la alimentación para esquivar políticas de salud pública que podrían perjudicarlas económicamente, por ejemplo financiando selectivamente a investigadores que puedan proporcionarles resultados afines o emitan enmiendas a la totalidad sobre los resultados de la epidemiología nutricional. Otras estrategias desarrolladas en pro de los beneficios comerciales, y no de la salud pública, han consistido en establecer alianzas con legisladores y profesionales sanitarios para oponerse a regulaciones o impuestos, o adoptar mecanismos de puertas giratorias, por los cuales algunos directivos de empresas alimentarias acaban ocupando altos cargos en agencias reguladoras, o viceversa16. La mera autorregulación no parece haber sido efectiva en diversos ámbitos de la alimentación de nuestro país17.

Por consiguiente, la influencia de la financiación directa a los investigadores desde la industria puede resultar peligrosa y crear sesgos. Por este motivo, deberían establecerse regulaciones que, sin ser asfixiantes para las iniciativas privadas, ayuden a tomar una decisión clara sobre si hay que evitar totalmente cualquier financiación directa por parte de estas industrias18, tal como ha sucedido con el tabaco. Quizá sea una medida necesaria si se siguen acumulando evidencias de sesgos ligados a la financiación directa de la industria alimentaria.

En conclusión, todos los ponentes coincidieron en la necesidad de realizar estudios científicos sobre alimentación y salud con rigor y calidad, y que sean independientes de las fuentes de financiación. Esta necesidad exige una declaración de las fuentes de financiación y de los posibles conflictos de intereses, especialmente en la publicación y la difusión de los resultados. De esta forma podrían detectarse sesgos relacionados con la financiación por parte de la industria alimentaria, denunciar posibles abusos y evitar que se acepten resultados engañosos o erróneos que conduzcan a una pérdida de credibilidad de las investigaciones en epidemiología nutricional por conflictos de intereses. Asimismo, podrían facilitarse futuros debates sobre los posibles beneficios en salud de medidas como la recién adoptada por el Gobierno de España para aumentar la fiscalidad de estas bebidas. Se trata, en definitiva, de actuar siempre con unos altos estándares de ética profesional y buscar la verdad científica.

Laura I. González Zapata.

E.M. Navarrete-Muñoz redactó el primer borrador del manuscrito. J. Vioque y M.A. Martínez-González diseñaron la idea de la mesa y del manuscrito. D. Romaguera, M.A. Martínez-González y A. Tardón prepararon las presentaciones de la mesa y dieron su punto de vista. Todas las personas firmantes han revisado críticamente el manuscrito haciendo aportaciones relevantes y han aprobado la versión final.

La Sociedad Española de Epidemiología financió, con el presupuesto del Grupo de Trabajo de Nutrición, los gastos de viaje, alojamiento e inscripción de los/as ponentes que participaron en la mesa y los gastos de publicación de este manuscrito.

Ninguno.