El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y una condición imprescindible para mantener una vida digna y saludable1. Sin embargo, a escala global este derecho está lejos de garantizarse. El informe de UN-Habitat de 20252 señala desafíos urbanos, como la falta de asequibilidad, los desplazamientos y el crecimiento de los asentamientos informales, fomentando la desigualdad, la exclusión social y el deterioro de la calidad de vida. El informe constata que 318 millones de personas en todo el mundo no tienen hogar y 1100 millones viven en barrios marginales o asentamientos informales, frecuentemente sin acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, y el 90% de estas residen en África y Asia. Tales cifras reflejan un problema habitacional y una vulneración sistemática de las condiciones esenciales para la salud, ya que la vivienda es inseparable del entorno urbano y los servicios básicos que estructuran la vida cotidiana y las desigualdades en salud.

Aunque el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la vivienda no ha funcionado históricamente como un pilar básico del estado del bienestar en España. Desde mediados del siglo xx se ha promovido de forma predominante la propiedad como régimen de tenencia, alcanzando el 73,7% de los hogares3, en especial entre la población de mayor edad, al tiempo que la vivienda ha sido considerada como un activo de inversión y especulación, y un motor económico, no como un bien de uso orientado a satisfacer las necesidades básicas. Y así lo han concebido las consecutivas políticas urbanísticas y de vivienda del país4.

Esta lógica mercantil se manifestó de forma especialmente intensa durante la gran recesión de 2008, cuando el aumento del desempleo derivó en una ola de ejecuciones hipotecarias y pérdida de vivienda, resultando en casi 400.000 desahucios entre los años 2008 y 20145, con graves consecuencias sociales. Lejos de tratarse de un episodio coyuntural, esta dinámica persiste en la actualidad con un aumento continuado del precio de la vivienda, como refleja la elevada sobrecarga que supone3. Este escenario se ve reforzado por un desarrollo de políticas públicas de vivienda que ha sido y es claramente insuficiente. El gasto público en política de vivienda se sitúa en torno al 0,2% del producto interior bruto6, una proporción inferior a la de la mayoría de los países de la Unión Europea, al igual que el parque de vivienda social en alquiler, que representa el 1,3% del total de los hogares7.

En este contexto, es necesario señalar el papel clave que han tenido los movimientos sociales por el derecho a la vivienda (como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos de inquilinos y los movimientos vecinales) en la visibilización del impacto social de la inseguridad residencial, en la incorporación de un enfoque de derechos y justicia habitacional, y en la presión para impulsar reformas legales y promover la transformación de la agenda política4,8. No es casual que el acceso a la vivienda se haya consolidado como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

Un hecho relevante fue la aprobación en 2023, en el Congreso de los Diputados, de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, la primera ley en relación a garantizar a una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía. No obstante, la efectividad de la ley se ve limitada por la distribución competencial sobre vivienda, que recae en las comunidades autónomas, y muchas de ellas no han implantado plenamente sus medidas9.

La vivienda es un determinante de la salud1,10–12 y es importante entender la relación entre ambas: vivienda y salud. Diversos marcos conceptuales han tratado de elucidar esta relación incorporando no solo los determinantes materiales de la vivienda, sino también las dimensiones sociales, políticas y culturales que los configuran10,11,13. La figura 1 presenta un marco conceptual, modificado de Vásquez-Vera et al.13, que además adopta una perspectiva interseccional y de género, situando los sistemas de opresión, como el capitalismo, el patriarcado y la globalización, en interacción con los determinantes estructurales: modelo de estado del bienestar, políticas económicas, laborales, medioambientales y migratorias, y valores culturales que sustentan, como por ejemplo la ideación de la vivienda como propiedad o el binarismo de género.

Figura 1.

Marco conceptual sobre la relación entre vivienda y salud. (Modificada de Vásquez-Vera et al.13.)

Los factores estructurales están relacionados con el sistema de vivienda, entendido como la interacción del mercado (los operadores privados que intervienen, la oferta y la demanda de vivienda, el sector financiero, etc.), las políticas públicas de vivienda por parte de las administraciones con sus diferentes competencias legislativas, y la acción de los movimientos sociales y del tercer sector vinculados a la garantía del derecho a la vivienda. Dicho sistema opera de forma desigual según los ejes de estratificación social —clase social, género, edad, etnia, territorio, etc.— generando condiciones de acceso, estabilidad y calidad de la vivienda que, consecuentemente, afectan a la salud de la población, y que de forma diferencial afectan a los grupos más desfavorecidos, produciendo desigualdades en salud1.

Como determinantes intermedios destacan los aspectos sociales relacionados con la vivienda, como la asequibilidad, la seguridad residencial o las dimensiones emocionales vinculadas al hogar. Una revisión realizada por nuestro grupo de investigación halló que vivir en riesgo de desalojo tiene importantes efectos en la salud mental de las personas y también en la salud física (como por ejemplo en enfermedades crónicas, hipertensión, etc.)14. Asimismo, las condiciones físicas de la vivienda se han asociado con diversos problemas de salud1,15–17. Algunos aspectos que intervienen son la calidad del aire interior, las temperaturas extremas (frío o calor) y el polvo, vinculados con enfermedades respiratorias; el ruido exterior, que afecta a la salud mental; y los factores que influyen en las lesiones domésticas. Sin embargo, las condiciones de la vivienda varían de manera notable entre territorios, siendo especialmente precarias en núcleos o barrios marginales o asentamientos informales, donde a menudo no se cumplen los mínimos de habitabilidad y cobran mayor relevancia tanto los factores físicos como los sociales del barrio17. Además, las personas sin hogar tienen también importantes problemas de salud mental y física, así como un mayor consumo de alcohol y otras drogas18,19.

La vivienda y el barrio están interrelacionados a través de las condiciones de la vida cotidiana, como por ejemplo el tipo de familia, la división sexual del trabajo y las responsabilidades de cuidados, que habitualmente recaen en las mujeres. La figura 1 muestra cómo todos estos aspectos determinan la salud y contribuyen a la producción y la reproducción de las desigualdades en salud13.

Desde este marco conceptual, los efectos de la vivienda sobre la salud en España no pueden entenderse al margen del modelo de bienestar y de la mercantilización actual que limita su acceso. Precisamente esta crisis habitacional ha contribuido a impulsar la investigación sobre este problema y su impacto en la salud. Así, el Grupo de Vivienda y Salud de la Agència de Salut Pública de Barcelona12,14,20, y el de la Escuela Andaluza de Salud Pública21, han analizado el impacto de la inseguridad residencial en la salud de la población.

Los estudios realizados en Cataluña muestran que las personas vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con inseguridad residencial presentan unos indicadores de salud mental y salud percibida muy deteriorados22. También se han analizado otros aspectos, como la pobreza energética23–25 y su impacto negativo en indicadores de salud. Se han hecho esfuerzos para evaluar el impacto de las políticas en la salud y las desigualdades en salud12,25. Asimismo, otras investigaciones han analizado experiencias emergentes para contribuir a la desmercantilización, como la vivienda cooperativa en cesión de uso, que muestran potencial en la creación de una alternativa para generar entornos residenciales más saludables26,27.

La persistencia de la crisis de la vivienda, en España y a escala global, refleja un modelo en el que la vivienda sigue siendo tratada como un bien de mercado y no como un bien de uso que debería constituir un pilar del estado de bienestar, repercutiendo en la salud y en las desigualdades en salud. El fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda28 —en términos de financiación, legislación y regulación, fiscalidad, ampliación del parque de vivienda social, ayudas económicas, control de precios o regulación de los usos turísticos, etc. — no solo es una cuestión de política social, sino también una intervención con un claro potencial de impacto poblacional en salud y en la reducción de desigualdades en salud.

Desde la salud pública, no basta con describir los efectos de la crisis de la vivienda; es necesario asumir un papel activo en la defensa del derecho a una vivienda digna como condición básica para la salud, fomentando también la salud para todas las políticas11,12,29, una tarea ineludible para avanzar hacia sociedades más justas y saludables.