En España existen dos sistemas de salud con financiación pública1: el Sistema Nacional de Salud (SNS), financiado mediante impuestos, administrado por las comunidades autónomas y de cobertura universal, y el Sistema de Seguridad Social (SSS), financiado por las cotizaciones, administrado principalmente por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y que solo cubre a trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En el primero se atiende todo tipo de patología, que puede denominarse común, y en el segundo solo las lesiones (accidentes) y enfermedades a las que se ha reconocido un origen laboral. El reconocimiento de la patología laboral lo realiza formalmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), o en su nombre las mutuas, lo cual se ha valorado como insuficiente2. Lo anterior provoca un trasvase de casos atendidos por patología profesional desde el SSS al SNS, estimado entre un 10% y un 16%3,4. Si bien no existen revisiones sistemáticas que identifiquen la transferencia del gasto en atención sanitaria causada por las enfermedades profesionales o de origen laboral, está claro que producen un alto impacto económico5. Una investigación previa, basada en costes reales obtenidos a partir de la historia clínica de los casos estudiados, estima que el coste medio de la derivación del gasto de la SSS al SNS fue de alrededor de 5500 € por enfermedad profesional reconocida6, y coincide en que estos costes son mayores para el cáncer7. Basándonos en este trabajo previo, el objetivo del presente es estimar el coste hospitalario de una muestra de casos de enfermedades profesionales atendidos en siete hospitales del SNS de diferentes ciudades españolas, una vez que fueron oficialmente reconocidas como enfermedades profesionales por el INSS.

Estudio de una serie de 78 casos correspondientes a pacientes con una enfermedad profesional reconocida por el INSS y que previamente habían sido atendidos por su proceso, entre 2017 y 2019, en los siguientes centros hospitalarios: Parc Salut Mar de Barcelona (30 casos), Institut d’Assistència Sanitària de Girona (16 casos), Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid (16 casos), Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (9 casos), Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (3 casos), Badalona Serveis Assistencials (2 casos) en Badalona y Hospital Universitario de Cabueñes del área de Gijón (2 casos).

Brevemente, como ya se ha explicado con anterioridad8,9, cada uno de estos casos fueron notificados por un médico asistencial del hospital y valorados por los médicos del trabajo de sus respectivas unidades de patología laboral (UPL), que confirmaron, o no, la sospecha de enfermedad profesional, tras lo cual fueron acompañados y seguidos hasta el reconocimiento, o no, de su enfermedad profesional por la correspondiente delegación provincial del INSS10. De los 154 casos con sospecha confirmada por las UPL de estos hospitales fueron reconocidos, hasta 2021, los 78 (50,6%) en que se basa este estudio. La razón de estimar los costes solo para éstos es porque el INSS únicamente asumiría el reintegro de los costes para estos casos reconocidos como enfermedad profesional.

A estos casos se les aplicaron, según el grupo diagnóstico, los costes por proceso previamente estimados6. Así, para el cáncer fueron 15.223,3 € por caso, para los trastornos musculoesqueléticos 2079,8 €, para las enfermedades otorrinolaringológicas 66,2 € y para las enfermedades de la piel 1094 €. Para las enfermedades respiratorias (asma, neumoconiosis y silicosis), al no disponer de estimaciones específicas, se aplicó el coste medio obtenido en este mismo estudio: 5486,2 €. Para otras enfermedades, como por ejemplo de los ojos, infecciosas, etc., se aplicó el coste medio sin incluir el cáncer: 2181,6 €.

La actividad asistencial generada en los siete hospitales estudiados para atender 78 pacientes reconocidos posteriormente por el INSS se detalla en la tabla 1, y supuso un coste total para el SNS de 282.927,1 €. De ellos, los siete casos de cáncer (mesoteliomas y otras neoplasias) supusieron 106.563,1 € y los 16 casos de enfermedades respiratorias (asma, neumoconiosis y silicosis, principalmente) supusieron 93.265,4 €.

El centro con mayor coste fue el Parc Salut Mar de Barcelona, con 123.423,2 €. Por otra parte, aunque con 16 casos cada uno, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid representó un coste de 38.210,2 € y el Institut d’Assistència Sanitaria de Girona 18.447,8 €.

Estos resultados muestran una realidad oculta de nuestros sistemas públicos de salud, como es la atención y la financiación de casos de enfermedad profesional que son tratados en hospitales del SNS cuando deberían ser atendidos, o en cualquier caso financiados, por la SSS. Esta realidad provoca un desajuste en el normal funcionamiento del SNS y debería ser abordado con urgencia.

El problema del no reconocimiento de enfermedades profesionales por parte de la Seguridad Social, que acaban siendo atendidas por el sistema de salud, público o privado, no es único de nuestro país, y aunque ha sido poco estudiado también lo presentan otros países europeos con sistemas de seguridad social parecidos11. Seguramente hace falta un mayor esfuerzo coordinado para investigar esta situación de manera conjunta en diversos países europeos, para entender las similitudes y las diferencias, y caminar, como en otros asuntos europeos, hacia su armonización. No obstante, también se puede buscar una solución a este problema en el desarrollo, siempre pospuesto, de las disposiciones finales segunda y duodécima de la Ley General de Sanidad de 198612, que dio lugar a nuestro SNS, y que dejó para un futuro, ya ampliamente superado, el desarrollo de la armonización y la integración de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el SNS. Alternativamente, se podría seguir el modelo francés, cuya Ley de Financiación de la Seguridad Social establece una transferencia anual desde el seguro de lesiones y enfermedades al resto de seguros (invalidez, mortalidad, etc.) en concepto de «sous-déclaration des accidents du travail et, surtout, des maladies professionnelles» (artículo 99.III), que en este último año ha sido de 1000 millones de euros13.

Entre las limitaciones de este estudio hay que señalar que, además de ser una muestra pequeña, no es representativa del total de los casos que se pueden estar produciendo. Esto nos lleva a señalar también las posibles diferencias de costes entre las estimaciones basadas en el año 2018 y entre las diferentes provincias donde están ubicados los hospitales. Además, se ha aplicado el coste medio al grupo de enfermedades otorrinolaringológicas y el coste medio excluyendo el cáncer en otras patologías, ya que no se disponía de estimaciones de costes previos. La continuación de este estudio en cada hospital a partir de la revisión de las actividades asistenciales incluidas en cada proceso, permitirá hacer estimaciones más exactas y específicas. Unos costes que, por otro lado, solo incluyen la asistencia hospitalaria, si bien es la que representa las dos terceras partes del total, al menos para el cáncer14, pero habría que añadir la asistencia extrahospitalaria. Mientras tanto, las estimaciones aplicadas son las mejores disponibles, y constituyen la principal fortaleza de este estudio. Unas estimaciones que ahora se pueden añadir de manera más precisa a las estimaciones globales del coste económico de las enfermedades profesionales, junto con los costes indirectos que siempre constituyen un reto complejo basado en asunciones a veces arriesgadas15.

En conclusión, los resultados evidencian el impacto económico de las enfermedades profesionales en el SNS que deberían ser asumidos por la SSS. Para ello, consideramos que es necesaria una coordinación más efectiva entre los dos sistemas públicos de salud existentes en nuestro país.

Juan Alguacil.

El autor principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

La concepción y el diseño del trabajo fueron realizados por F.G. Benavides y C. Serra. C. Palma-Vasquez llevó a cabo el análisis de los datos. F.G. Benavides escribió la primera versión del manuscrito, la cual fue revisada críticamente por C. Palma-Vasquez, J.M. Ramada, R. Carreras, M.T. Del Campo, I. Taboada, C. Diego, J. Castañón, X. Orpella y C. Serra, quienes también han aprobado la versión final.

A todos los/las profesionales sanitarios de los hospitales participantes que han contribuido a poner en marcha este proyecto. A Emilio Castejón, que nos ayudó a documentar la alternativa francesa al problema analizado.

Este proyecto ha sido financiado parcialmente por el Instituto de Salud Carlos III a través del Fondo de Investigación Sanitaria FIS/ FEDER (PI16/00061).

Ninguno.

Los datos están a disposición de las personas que lo soliciten al autor principal de este artículo, F.G. Benavides (fernando.benavides@upf.edu), o al Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) de la Universidad Pompeu Fabra (cisal@upf.edu).