La equidad de género implica tomas de decisiones precedentes en los sectores públicos y privados, centradas en relaciones de poder entre ambos sexos, en los obstáculos que enfrentan las mujeres en busca de autonomía y oportunidades en contextos sociales diferentes, en prejuicios a soportar en sus vidas privadas/públicas, en estereotipos que experimentan, y en formas sutiles y groseras en que son invisibilizadas y desempoderadas1. En 2006, España vivía un momento de equidad de género emergente dentro del contexto mundial, al ocupar una de las posiciones mejores en el ranking del índice de equidad de género (IEG) y ascender con el tiempo2. La Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007 fue probablemente un indicador y un producto de aquellas condiciones de equidad de género, siendo su objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre ambos sexos, al eliminar la discriminación de las mujeres en los ámbitos político, civil, laboral, económico, social y cultural3.

Diversos indicadores permiten evaluar la integración de las mujeres en el desarrollo4. Sin embargo, atendiendo a la reclamación de cambios de paradigma de desarrollo con derechos, oportunidades y resultados iguales para ambos sexos, el índice de desigualdad de género (IDG), indicador propuesto en 2010 por Naciones Unidas, incluyó el empoderamiento5, aunque ya previamente Social Watch lo había incluido en 2006 dentro del IEG2, al priorizar el valor de la autonomía y abrazar el objetivo último de las políticas de género, que reconocen la valía de una persona en tanto está facultada como agente, con sus habilidades, valores, juicios y prioridades. La bondad del IEG para la salud pública respecto a otros indicadores radica en que no incluye variables de salud −como la reproductiva del IDG−, o la supervivencia del índice de la brecha de género6, permitiendo análisis estadísticos de su relación con variables de salud-enfermedad y mortalidad. Esta capacidad es importante, pues uno de los resultados de la inequidad de género son las desigualdades de género en salud, mediadas por la desigual distribución del poder y los recursos, y por la factibilidad de reparación de la desigualdad social, económica y política fruto de normas sociales1,7–9. Las políticas de equidad de género disminuyen las brechas de género en mortalidad general y por causas cardiovasculares10, así como las desigualdades de género en salud percibida11. A mejor estado social de las mujeres, menor prevalencia de depresión y estrés postraumático12, y en los países con altos niveles de igualdad de género disminuyen o desaparecen las desigualdades de género en la actividad física13 y la obesidad, de las mujeres en particular14, y se reduce la mortalidad infantil15.

El IEG de 2012 situó a España en séptimo lugar, escalando desde la 12.a posición de 20062. Pero la situación social de las mujeres varía según áreas geopolíticas dentro del propio país1,4. En el contexto de las comunidades autónomas (CC.AA.), el IDG mostró un patrón norte-sur en 2005, desfavorable a las comunidades del sur4. Así, para mejorar la situación, desde 2007 se cuenta con la Ley de competencia estatal, que exige unos mínimos a todas las CC.AA., y con políticas autonómicas que podían mejorar la propia Ley, pero que por su distinta aplicación según las CC.AA. también podían aumentar las desigualdades de género interregionales. La crisis económica de 2008 reestructura la situación y es posible crear, junto con las leyes y normativas de igualdad, un nuevo marco de oportunidades para las mujeres, o por el contrario tender al retroceso de los indicadores de género en todas o en parte de las CC.AA. por razones financieras o políticas bajo argumentos de austeridad16. Por tanto, con el mismo fin que Social Watch desarrolló el IEG2, es decir, hacer visible la inequidad de género en los países, se pretende visibilizar la evolución hasta 2014 de la equidad de género en las CC.AA. de España desde 2006, fecha anterior a la promulgación de la Ley de Igualdad y al comienzo de la crisis económica, con énfasis en el análisis de la convergencia en términos de equidad de género entre CC.AA.

Estudio ecológico sobre la equidad de género en las 17 CC.AA. de España en 2006, 2011 y 2014. La tabla 1 describe el IEG, sus dimensiones e indicadores, y las fuentes de información utilizadas para su construcción. El Apéndice online contiene las tablas I, II y III con los datos descriptivos por sexo de las dimensiones y los indicadores para cada C.A. en los 3 años.

Para medir la equidad de género se ha utilizado el índice de equidad de género modificado (IEGM)17, alternativa metodológica al IEG, que permite identificar aquellas situaciones en que existe inequidad desfavorable a las mujeres y a los hombres, a diferencia del IEG, que solo identifica la inequidad desfavorable a las mujeres. Esta característica es una ventaja útil en los países, como España, donde para ciertas dimensiones los logros de las mujeres son mayores que los de los hombres. El IEGM oscila entre −1 y 1 (0=equidad y ±1=inequidad), siendo desfavorable a las mujeres cuando el valor es negativo y a los hombres cuando es positivo.

Para analizar la evolución de la equidad de género y sus dimensiones entre 2006-2011, 2011-2014 y 2006-2014, se propone una medida que denominamos variación media de la equidad de género (VMEG). Para su cálculo se han restado los correspondientes valores absolutos de los años inicial y final del periodo de análisis, dividiendo la diferencia entre el número de años (5, 3 y 8, respectivamente). Valores positivos de la VMEG indican mejora en equidad de género, y viceversa.

Para analizar si a lo largo del periodo existe una reducción progresiva de las desigualdades entre CC.AA. en equidad de género, se ha estudiado la convergencia interregional utilizando el índice de dispersión respecto a la mediana (Ime) −medida estadística que, como la mediana, resulta preferible en el trabajo con índices− de los valores del IEGM de las CC.AA. para 2006, 2011 y 2014. Idéntico análisis se realiza con las brechas de cada dimensión. Una reducción del Ime durante el periodo refleja una disminución de las desigualdades interregionales en equidad de género y, por tanto, un proceso de convergencia.

Para analizar la convergencia temporal en equidad de género en 2006-2011, 2011-2014 y 2006-2014 se ha calculado, para el IEGM y las brechas de sus dimensiones, la correlación de Spearman (ρ) entre los valores iniciales del IEGM (y de las brechas) de las CC.AA. y los correspondientes valores de la VMEG (rango: −1=convergencia a 1=no convergencia). La convergencia se produce cuando, con el tiempo, las CC.AA. con menor equidad de género inicial mejoran más que aquellas con más equidad. El análisis de los datos se ha realizado con el programa Excel y suite estadística SPSS15.0.

Las CC.AA. tienen mayor equidad de género en 2014 que en 2006, con valores de IEGM próximos a 0. Solo Galicia y Cantabria (VMEG2006-2014= −0,0064 y −0,0003, respectivamente) retroceden respecto a sí mismas. Sin embargo, en todas ellas continúa habiendo una inequidad desfavorable a las mujeres (tabla IV del Apéndice online). La evolución es diferente en 2006-2011 que en 2011-2014. En 2011 respecto a 2006, todas las CC.AA. mejoraron en equidad de género excepto cuatro: Murcia, Galicia, Baleares y La Rioja (VMEG2006-2011=−0,0054, −0,0051, −0,0039 y −0,0009, respectivamente), y en 2014 respecto a 2011, el crecimiento en equidad de género es mayor en Murcia, La Rioja, Aragón y Canarias (VMEG2011-2014=0,0307, 0,0295, 0,0211 y 0,0206, respectivamente). Seis CC.AA. retroceden ligeramente: Cantabria, Galicia, Cataluña, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha (VMEG2011-2014=−0,0112, −0,0087, −0,0051, −0,0027, −0,0005 y −0,0005, respectivamente).

La dispersión entre CC.AA. en equidad de género aumenta entre 2006 (Ime2006=0,1503) y 2011 (Ime2011=0,2280), y más en 2014 (Ime2014=0,4964), sin convergencia interregional. Tampoco existe convergencia temporal, al no detectarse una correlación significativa entre el orden de las CC.AA. en el IEGM de 2006 y la VMEG entre 2006 y 2014 (ρ=−0,2240; p=0,4) (fig. 1). La figura 2 muestra el cambio de orden de las CC.AA. según los valores del IEGM en 2006-2011, 2011-2014 y 2006-2014.

Figura 1.

Evolución del índice de equidad de género modificado de las comunidades autónomas de España en 2006, 2011 y 2014. Convergencias interregional y temporal.

(0.31MB).

Figura 2.

Ordenación de las comunidades autónomas según el índice de equidad de género modificado. Años 2006-2011, 2011-2014 y 2006-2014.

(0.19MB).

Respecto a las dimensiones del índice, aunque entre 2006 y 2014 todas las CC.AA. reducen la brecha de género en actividad económica, sigue desfavorable a las mujeres (fig. 3 y tabla V del Apéndice online), oscilando entre Baleares (−0,0760) y Murcia (−0,1466). Todas las CC.AA. redujeron la brecha de género en actividad económica en 2006-2011, pero en 2011-2014 seis la aumentan: Extremadura, Navarra, Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja y País Vasco (VMEG2006-2011=−0,0068, −0,0033, −0,0022, −0,0015, −0,0012 y −0,0012, respectivamente).

Figura 3.

Evolución de la equidad de género en la actividad económica, la educación y el empoderamiento en las comunidades autónomas en 2006-2011-2014. Valores de la brecha de género. Convergencias interregional y temporal.

(0.52MB).

La dispersión entre CC.AA. en la brecha de género de la actividad económica disminuye ligeramente entre 2006 (Ime2006=0,0967) y 2011 (Ime2011=0,0916), lo que implica una leve convergencia interregional. La dispersión aumenta algo en 2014 (Ime2014=0,1057) y es mayor que en 2006. Existe convergencia temporal entre 2006 y 2014 (ρ=−0,5860; p=0,01). Esta convergencia es a expensas de la convergencia temporal entre 2006 y 2011 (fig. 3).

La figura 3 y la tabla VI del Apéndice online muestran también el alcance en la equidad de género en educación en todas las CC.AA., al ser los valores de la brecha próximos a 0. La brecha indica una inequidad sistemática desfavorable a los hombres. La dispersión entre CC.AA. en la equidad de género en educación aumenta en 2011 (Ime2011=0,3486) respecto a 2006 (Ime2006=0,2166), y vuelve a disminuir en 2014 (Ime2014=0,2972). Al ser esta dispersión mayor que en 2006, no existe convergencia interregional en 2006-2011 ni en 2006-2014. Tampoco existe convergencia temporal (ρ=−0,2560, p=0,3).

La figura 3 y la tabla VII del Apéndice online señalan que hay tres CC.AA. con mayor equidad de género en el empoderamiento en 2006: Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. La brecha de género en este indicador en 2014 sigue siendo desfavorable a las mujeres, excepto en Canarias (0,1053), Murcia (0,0047) y La Rioja (0,0109). Sobresale Cataluña con altos valores de inequidad de género en la brecha de empoderamiento en 2006, 2011 y, sobre todo, en 2014.

La dispersión entre CC.AA. en la brecha de género en empoderamiento aumenta con los años (Ime2006=0,2768, Ime2011=0,3843, Ime2014=1,7234), sin que exista convergencia interregional. Sin embargo, hay una cierta convergencia temporal en el periodo de estudio (ρ=−0,4710; p=0,05), algo mayor entre 2011 y 2014 (ρ=−0,6340; p=0,006) (fig. 3). La figura 4 muestra el cambio de orden de las CC.AA. según los valores de la brecha de género en actividad económica, educación y empoderamiento entre 2006-2011, 2011-2014 y 2006-2014.

Figura 4.

Ordenación de las comunidades autónomas según las dimensiones del índice de equidad de género modificado. Años 2006-2011, 2011-2014 y 2006-2014.

(0.66MB).

El principal hallazgo es que en 2006 existían desigualdades entre CC.AA. en los valores del IEGM, que aumentan en 2011 y más en 2014, siendo siempre y en todas las CC.AA. desfavorable a las mujeres. Por tanto, la Ley de Igualdad no ha tenido el impacto esperado. Esta situación en 2014 se relaciona con la gran brecha de género en empoderamiento y la persistencia de la brecha de género en la actividad económica. Pese a que la brecha de género en educación es desfavorable a los hombres, hay un mayor descenso de la matriculación universitaria en las mujeres. Además, con el tiempo, los valores de equidad de género en actividad económica y educación han crecido y decrecido en paralelo en las CC.AA., produciéndose las grandes variaciones en la brecha de género de empoderamiento, pues CC.AA. con altos niveles de inequidad de género han evolucionado mejor que otras con mejores valores de equidad, y viceversa. Los resultados señalan la pertinencia de un seguimiento constante de las políticas de equidad de género de los gobiernos de las CC.AA, y de sus procesos de acercamiento o alejamiento de ellas18, son una herramienta útil para tal fin, y para abordar su impacto en las desigualdades en salud.

El balance entre la Ley de Igualdad y la crisis económica muestra el mayor peso de esta última en la situación de equidad de género en las CC.AA. Una de las razones del aumento de la dispersión de la equidad de género entre CC.AA., pese a tener una ley común, son las políticas de austeridad que subyacen en el retroceso de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres19. Al amparo de la crisis se han realizado recortes presupuestarios para las políticas de género, retrocesos en los marcos normativos y reformas como la eliminación de los organismos de igualdad estatal y de las CC.AA. Estas medidas, además, se han tomado con mayor frecuencia en las CC.AA. gobernadas por partidos políticos conservadores16.

Existe una ligera convergencia en la equidad de género en la actividad económica entre CC.AA. en 2011, que desaparece en 2014, y persiste la brecha en perjuicio de las mujeres. La mayor equidad de género en actividad económica en 2014 respecto a 2006 se relaciona con el aumento de la tasa de actividad de las mujeres en 2011, y aunque frenó, también en 2014. Mientras, la tasa de actividad de los hombres en unas CC.AA. aumentó menos, y en otras se mantuvo o redujo, como en el País Vasco, Navarra y La Rioja. Esto coincide con los datos de la literatura científica y de Naciones Unidas, pues con la crisis se redujo el empleo para los hombres en ciertos sectores y, aunque en situación de precariedad, se intensificó el trabajo remunerado de las mujeres. También ha aumentado el trabajo no remunerado, dificultando el alcance del Objetivo de Desarrollo del Milenio III para 201519,20. Esta situación laboral influye en la salud mental de las mujeres y en las desigualdades en salud21.

El patrón de género de la tasa de actividad no coincide con el de redistribución de los ingresos por sexo según las estadísticas oficiales, al aumentar las diferencias de salarios medios entre sexos. En el País Vasco, con el más alto salario medio anual en ambos sexos, es donde mayor inequidad de género salarial existe, en concordancia con lo hallado por Social Watch2 y los estudios de Nussbaum22 y Sen23, que señalaron que no hay relación directa entre riqueza y equidad22,23. Esta circunstancia de inequidad en los ingresos se asocia a la mayor percepción de mala salud autopercibida en las mujeres que en los hombres24, por disponibilidad de recursos económicos, historia de acceso al mercado de trabajo y grado de independencia y poder en el hogar.

La equidad en educación en 2014, como en 2006, es alta. La brecha de género es a expensas de los estudios universitarios, que aunque siempre en perjuicio de los hombres disminuyó en 2014 por la reducción, en dos tercios de las CC.AA., de las matriculaciones de las mujeres. Este hecho es reseñable por estar en la base del cambio producido en la trayectoria de las mujeres, y porque el mayor nivel de educación de las mujeres predice su menor mortalidad y la de sus parejas25. En todo caso, la educación influye en las desigualdades de género en la mortalidad, pero afecta más a los hombres26,27.

Pese a la Disposición adicional segunda de la Ley de Igualdad, que alude a la paridad en las candidaturas electorales, es la gran brecha en el empoderamiento lo que más pesa en la inequidad de género, implicando una disminución de las vías de participación política de las mujeres. En la mayoría de la CC.AA. empeoró en 2011 y se dispersó ampliamente en 2014, más que en 2006, persistiendo el sesgo desfavorable a las mujeres. El empoderamiento de las mujeres se redujo en 2014, por ocupar menos escaños parlamentarios y fundamentalmente menos consejerías de libre designación, lo que indica que las mujeres no han alcanzado el status de agentes, es decir, sujetos capaces de alcanzar fines en nombre propio y ajeno y por sus propios derechos, siendo todavía instrumentos para fines de terceros22,23. Refleja la no aceptación de los gobiernos autónomos y de los partidos políticos de políticas públicas orientadas a la construcción de comunidades donde toda la ciudadanía participe en el diseño del marco y del tejido social23, como se ha demostrado recientemente16.

Existe más equidad de género en los cargos técnicos y profesionales. La crisis ha revelado la escasez de mujeres directivas, facilitando su acceso a los mismos como indicador de un cambio, al menos formal, de las empresas en crisis. Este fenómeno, denominado «acantilado de cristal», debe vigilarse por los riesgos para la salud de asumir la dirección de empresas de riesgo28.

Las limitaciones del trabajo detectadas son que, dado que en sociedades desarrolladas la educación básica es obligatoria, con tasas de alfabetización de adultos similares por sexo4, son las brechas de género de la actividad económica y del empoderamiento las que tienen el peso explicativo del índice. Como todo índice compuesto, este es de compleja interpretación, pese a no considerar aspectos sociales relevantes como la segregación horizontal y vertical del trabajo, el tipo de contrato (temporal o sin contrato) y la participación en el trabajo reproductivo. Pero es un índice internacional que aporta información aplicada a la situación de las CC.AA., importante para complementar otros índices, con cuya consistencia pueden contribuir a mejorar la equidad de género de las CC.AA.

La equidad de género debería ser un objetivo de las políticas de salud. Implica la identificación de las similitudes y diferencias en la distribución de recursos para la salud, así como un análisis de género de los obstáculos para que hombres y mujeres alcancen su potencial de salud29. La resistencia activa al reconocimiento de la desigual posición de las mujeres en la sociedad es un instrumento de perpetuación de las desigualdades de género1,30,31 a disputar desde la salud pública, pues cuando las mujeres están en posición de poder promueven iniciativas, como las parlamentarias, respecto a problemas de salud en los que subyace la subordinación, como la violencia de género32, el aborto33 y la fertilidad34. Las políticas públicas de las CC.AA. dirigidas al empoderamiento deberán necesariamente centrarse en las mujeres23, con un diseño social en el cual el género deje de ser un condicionante negativo, principalmente para las mujeres.

Carme Borrell.

El/la autor/a principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad. Inv. Expediente 112/09. España.

J. Fernández Sáez ha contribuido a la concepción y el diseño, la adquisición, el análisis y la interpretación de los datos, la redacción del artículo, la revisión crítica del contenido intelectual y la aprobación final de la versión para ser publicada. M. Teresa Ruiz Cantero ha contribuido a la concepción y el diseño, la interpretación de los datos, la redacción del artículo, la revisión crítica del contenido intelectual y la aprobación final de la versión para ser publicada. M. Guijarro Garvi ha contribuido a la concepción y el diseño, la adquisición, el análisis y la interpretación de los datos, la redacción del artículo, la revisión crítica del contenido intelectual y la aprobación final de la versión para ser publicada. C. Rodenas Calatayud, M. Martí Sempere y M.D. Jiménez Alegre han contribuido en la revisión crítica del contenido intelectual y en la aprobación final de la versión para ser publicada.

Los autores firmantes del artículo declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses.