El libro se distribuyó a las librerías en el momento más acertado: cuando los doce expertos designados por el gobierno de España estaban elaborando el informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, meses antes de su presentación a los agentes sociales y de que se debatiera en la Comisión del Pacto de Toledo. Es una obra que une dos líneas de investigación: las pensiones y la economía política del «estado de bienestar»1. Esta última se fundamenta en la ciencia económica, sociológica y política para explicar las relaciones entre la economía y el poder político dentro de los estados.
La tesis central de Navarro y Torres sostiene que desde hace más de tres décadas las entidades financieras están interesadas en privatizar el sistema de pensiones. De ahí que los economistas cercanos al sector financiero elaboren, reiteradamente, estudios que presentan una imagen futura de las pensiones catastrofista, con la finalidad de crear alarma social. Desde este imaginario colectivo, es mucho más fácil implementar reformas que reducirán las pensiones futuras y, consecuentemente, los ciudadanos se verán forzados a complementarlas con planes de pensiones privados.
Para sustentar el argumento de desmantelamiento gradual del sistema de pensiones, los autores, en la introducción del libro, sitúan históricamente este interés en los años 1970 y principios de la década siguiente, cuando se rompe el pacto social entre el mundo del capital y del trabajo, en especial a partir de las políticas públicas de recortes laborales y sociales implementadas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. En este contexto histórico de cambio de paradigma de las políticas públicas, el Banco Mundial publica el informe Adverting the Old Age crisis2. El documento tuvo grandes implicaciones políticas, pues orientó las reformas de los sistemas de pensiones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe, publicado en 1994, aboga por un pilar del sistema público mínimo, para aliviar la pobreza, y otro de gestión privada basado en la capitalización.
Un año más tarde, y en los años posteriores, aparecen publicados en España infinidad de estudios sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, financiados por entidades financieras. Todos erraron estrepitosamente en sus predicciones, estimando un déficit (5, 10 y 15 años) cuando realmente hubo un superávit. Paralelamente, los fondos privados pasaron de 37.860 millones de euros en 2000 a 84.757 en 2011. Los anteriores estudios comparten un determinismo demográfico basado en el envejecimiento de la población, el colapso financiero futuro de las pensiones y propuestas para recortar las pensiones. Navarro y Torres destacan que otros investigadores llegan a otras conclusiones, y que resulta sospechoso que no citen esos estudios. El argumento sobre el envejecimiento de la población es insuficiente para predecir que habrá un colapso financiero cuando se jubilen los baby boomers debido básicamente al mayor tamaño de la riqueza (producto interior bruto) a medio y largo plazo3.
Las propuestas de los economistas próximos al sector financiero de retrasar la edad de jubilación o incrementar los años de cotización suponen una reducción tanto del gasto de la seguridad social como de las pensiones de los jubilados. Navarro y Torres presentan evidencias sobre el error de estas reformas para España, basándose en el reducido gasto en pensiones respecto al producto interior bruto y la escasa cuantía de las pensiones, en relación a muchos países europeos con una riqueza similar. Frente a las propuestas de reducción de los gastos (pensiones), los autores apuntan que es posible aumentar la sostenibilidad del sistema incrementando los ingresos.
Como otros autores4, Navarro y Torres señalan que España dispone de mucho margen para incrementar la sostenibilidad del sistema mejorando el mercado laboral y el estado del bienestar. Además, si hubiera déficit en el futuro podría financiarse con otros impuestos, como ocurre en otros países. Ello sería factible, considerando que la presión fiscal en España es muy reducida respecto a otros países europeos con una riqueza similar. Para mejorar la sostenibilidad, los autores proponen medidas que amplían los ingresos: acrecentar la calidad del empleo, incrementar la productividad mediante inversión en I+D+I, facilitar la conciliación laboral y familiar de la mujer creando escuelas de infancia y servicios domiciliarios, así como modificando las contribuciones convirtiéndolas en progresivas.
Muy acertadamente, al final del libro los autores destacan, como otros investigadores5, que el problema para la viabilidad del sistema no es el envejecimiento poblacional sino la desigualdad de la renta. Muestran que «la participación de los salarios en la renta ha descendido en España más de trece puntos porcentuales en los últimos veinte años», mientras aumentaban los beneficios empresariales.
Libro muy recomendable y lectura obligada en un contexto de reformas del sistema de pensiones. Está explicado desde un enfoque académico, pero accesible a todos los públicos, lo cual tiene mucho valor ya que la literatura sobre las pensiones es muy compleja. Un texto riguroso, muy bien fundamentado, basado en evidencias empíricas, rico en datos y numerosas fuentes. Otro de los méritos de la obra es explicar, desde la economía política, de forma brillante, los mecanismos que hay detrás de la creación de un imaginario colectivo de futuro colapso financiero del sistema de pensiones.
