Quisiéramos agradecer y contribuir al interesante debate sobre el acceso libre1,2. Una arqueología de la propiedad intelectual3 permite apreciar que desde su inicial protección de las empresas impresoras, que eventualmente pagaban a las/los autoras/es, los derechos se desplazaron a estas/os segundas/os, para volver indebidamente a las empresas impresoras en el caso de las publicaciones científicas, ya que estas no pagan a autoras/es ni a revisoras/es, de quienes depende el prestigio de su mancheta, lo que supone una cesión de derechos sin contrapartida. Ahora, con los nuevos modelos en los que las personas autoras producen los contenidos y sufragan su difusión, aumentan los incentivos para publicar más, pues los ingresos de la revista se maximizan con el volumen de artículos que procese; un incentivo particularmente potente que las prestigiosas revistas de acceso abierto saben controlar, pero que puede afectar gravemente la calidad en todo tipo de editoriales. En este escenario, los presupuestos de investigación, financiados en su mayoría con recursos públicos, son los que fundamentalmente continúan afrontando el gasto, antes como suscriptores y ahora a través de la autoría. A cambio de financiar un bien público (que alguien lea un artículo no impide que otro también lo haga) y hacerlo llegar a poblaciones más amplias, también estamos contribuyendo a esparcir más basura, aunque iniciativas como las de Beall ayuden a limitar sus excesos1,2.

Por ahora la reducción de costes que propicia la migración digital y los nuevos modelos de pago no ha reducido sustancialmente el volumen de recursos destinados a la difusión del conocimiento, ni se ha trasladado adecuadamente a las/los autoras/es que se enfrentan a muy diferentes proporciones de coste-efectividad4. Para que la promoción del acceso abierto por los organismos responsables de la investigación financiada públicamente fuera coherente con la política científica haría falta que tanto la selección de los proyectos de investigación como la carrera de las/los investigadoras/es (reclutamiento, promoción) no favorecieran a las revistas con acceso cerrado clásicamente prestigiosas. Esto se conseguirá el día que las nuevas revistas de acceso abierto alcancen el prestigio de las tradicionales (de entrada mayores descargas pronostican más citas), o cuando Nature o los Proceedings de la Royal Society sean gratuitos en el momento de la lectura5.

La extensión de la “vía verde” de autoarchivo –con una adecuada indexación– también ayudará a que aparezcan nuevas formas de difusión del conocimiento científico más acordes con la naturaleza de su financiación, producción y revisión. Si la economía colaborativa triunfa claramente en empresas como Linux o Wikipedia, no hay por qué descartar que sea una fuerza determinante para un acceso abierto universal a través de un proceso participativo con “propiedad conjunta”. Si estas perspectivas parecen deseables, resulta llamativo que sociedades profesionales impulsoras y garantes de cabeceras de prestigio sigan transfiriendo importantes cantidades de recursos, tanto monetarios como intangibles –elenco de cabeceras reputadas–, a empresas que antaño fueron meras impresoras y que en la actualidad apenas hacen poco más que realquilar programas de autoedición. Las sociedades científicas tienen aquí un papel importante y la nuestra, SESPAS, exhibe mimbres que la señalan como posible pionera en esta conveniente cestería.

Desconocemos la estructura de costes de Gaceta Sanitaria, pero con la reducción de estos ya en curso, en cuanto a los ingresos, los contribuyentes más importantes y visibles deberían ser la propia SESPAS y los patrocinios, limitando el peso del pago a cargo de las/los autoras/es y, sobre todo, modulándolo en competencia con otras revistas. No resulta demasiado arriesgado visualizar el buen posicionamiento de Gaceta Sanitaria si prosigue en su transición hacia el acceso abierto pleno sin abdicar de la sociedad científica que la nutre ni de las organizaciones patrocinadoras que facilitan su andadura.