Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica el Día Mundial sin Tabaco a la protección de la infancia frente a la interferencia de la industria del tabaco. En España, un 19,8% de la población de 15 años en adelante fuma diariamente (el 23,3% de los hombres y el 16,4% de las mujeres) y un 2,3% lo hace de manera ocasional (el 2,6% de los hombres y el 2,1% de las mujeres)1. Aunque la prevalencia del tabaquismo mantiene una tendencia descendente2, el uso de tabaco y de otros productos relacionados sigue representando un importantísimo factor de riesgo y una elevada carga en términos de enfermedad, fallecimientos prematuros y pérdidas para el conjunto de la sociedad. Se estima que el tabaco causa anualmente más de 50.000 fallecimientos prematuros en nuestro país3,4, a los que hay que sumar cerca de un millar causados por la exposición al humo ambiental de tabaco5,6.

Las medidas legislativas que se adoptaron en España a finales de 2005 y que completaron su desarrollo a finales de 2010 contribuyeron eficazmente a reducir la promoción de productos del tabaco y la exposición al humo ambiental en entornos públicos cerrados, propiciando reducciones de la prevalencia del tabaquismo, reduciendo significativamente el inicio del tabaquismo en la adolescencia y favoreciendo mejoras en la salud del conjunto de la población fumadora y no fumadora7. Además, los temores por parte de algunos de que pudieran suponer un impacto negativo en la actividad económica de la hostelería no se vieron confirmados8,9. Lamentablemente, el impacto beneficioso de esas medidas implantadas hace más de una década en España ha ido debilitándose por diferentes razones, entre las que se cuentan las estrategias de una industria tabaquera que ha utilizado algunas brechas en la normativa para promover el uso de diferentes productos, como la picadura de tabaco, los dispositivos que calientan tabaco, las preparaciones para pipa de agua (cachimba) y los cigarrillos electrónicos.

La OMS viene promoviendo la adopción de diferentes líneas de actuación para la prevención y el control del tabaquismo en el marco de la estrategia MPOWER, acrónimo que identifica sus principales ejes de acción: M por monitorizar, P por proteger del humo, O por ofrecer ayuda para dejar de fumar, W(warn) por advertir sobre los daños del tabaco, E (enforce) por hacer cumplir la prohibición de la publicidad, y R (raise) por elevar los impuestos para aumentar el precio del tabaco. Aunque el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y diferentes sociedades científicas y organizaciones profesionales vienen reclamando desde hace años la implantación de políticas efectivas basadas en la estrategia MPOWER10, lo cierto es que España ha ido ocupando posiciones cada vez más bajas en la Escala de Control del Tabaco que evalúa periódicamente las actividades en este ámbito de los Estados europeos11. Dos de los ítems de esta escala en los que España recibe una puntuación particularmente baja son los que se refieren al precio de venta y al empaquetado de los productos del tabaco, por su bajo precio y la no implantación del empaquetado neutro.

El Consejo de Ministros aprobó recientemente el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 (PIT)12, validando así el contenido de un documento cuya redacción comenzó hace más de 2 años con el liderazgo de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y la colaboración de los técnicos de las consejerías de salud de las comunidades autónomas. El primer borrador del PIT fue sometido a la consideración de diferentes entidades científicas —entre ellas, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo— a finales de 2021, y en febrero de 2022 se había completado ya una versión en la cual también se incorporaron consideraciones de otros ámbitos de la administración pública con la previsión de que pudieran ser presentados a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sorprende que en el texto finalmente aprobado por el Gobierno se ha eliminado la propuesta de revisar la fiscalidad de los productos del tabaco para aumentar su precio, excluyendo así una medida que cuenta con un amplio consenso científico y que está recogida expresamente en el artículo 6 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, suscrito por España13, que reconoce que «las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco», e insta a las partes firmantes a «aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco».

El descuido del flanco fiscal que reflejan los resultados de la Escala de Control de Tabaco ha hecho que la distancia que separa la situación española de los países punteros en la Unión Europea crezca sustancialmente. Mientras que el precio medio de una cajetilla de cigarrillos en 2023 en España era de algo menos de 5 €, en Francia superaba los 10 €. Otros países de nuestro entorno, como Portugal e Italia, también tienen una fiscalidad que sitúa los precios de sus cigarrillos por encima de los del mercado español (fig. 1). Para complicar la situación, la picadura de liar funciona como alternativa barata a los cigarrillos gracias a una ventaja fiscal poco justificable (fig. 2). Y si nos fijamos en los llamados «productos de nueva generación», encontramos motivos adicionales para el pesimismo. España está entre los cada vez menos Estados de la Unión Europea que no gravan los cigarrillos electrónicos, y donde la fiscalidad del tabaco de calentar está lejos de la recomendación de la OMS, que es homologarla con la de los cigarrillos14.

Figura 1.

Precio medio de los cigarrillos en España y en los países de su entorno.

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Figura 2.

Brecha de precios entre los cigarrillos y la picadura de liar.

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Por lo tanto, urge activar medidas que compensen los retrocesos en esta materia. De manera prioritaria, las tasas mínimas sobre los cigarrillos y el tabaco de liar deben crecer de manera sostenida a lo largo de los próximos años, y a un ritmo mayor para el tabaco de liar con el fin de estrechar su ventaja fiscal. Una política ambiciosa en este sentido podría reducir la prevalencia del tabaquismo en un 2% al cabo de 3 años, lo que supondría reducir en unas 700.000 personas el número actual de fumadores15. La tasa mínima del tabaco de calentar no puede seguir siendo una vigésima parte de la que soportan los cigarrillos cuando en nuestro entorno ya se han adoptado medidas que la sitúan en el 57% (Portugal) o el 69% (Francia)14. Las propuestas de fiscalidad para los cigarrillos electrónicos deben ser rescatadas, actualizadas e implementadas16.

En el laberinto normativo es posible que existan razones de peso que expliquen que estas medidas hayan desaparecido del PIT y que sean necesarias otras acciones hasta su puesta en marcha. Lo que no sería responsable ni admisible es que se continuaran postergando.