La tasa de abortos en España viene experimentando un incremento constante desde hace años, tendencia que también se ha documentado en la mayoría de las comunidades autónomas1. Se ha sugerido que este aumento estaría ocurriendo fundamentalmente a costa de la población inmigrante, y que la tasa de abortos en la población autóctona estaría disminuyendo2. La dificultad de explorar esta hipótesis estriba en que el país de origen es un dato que hasta 2007 no se registraba en los abortos legales, por lo que con anterioridad a esta fecha no pueden estimarse tasas fiables desagregadas por población de origen.

La existencia de diferencias entre las comunidades autónomas, tanto en la tasa de abortos como en la proporción de población inmigrante, permite explorar la hipótesis de una relación entre ambas variables. Por ello, realizamos un análisis con el objetivo de identificar si existía esta asociación y si ésta era consistente a lo largo del tiempo.

Se llevaron a cabo diversos análisis ecológicos con la comunidad autónoma como unidad. La variable dependiente fue la tasa anual de abortos y la independiente el porcentaje de población extranjera. Estos datos se obtuvieron para cada comunidad autónoma, desde 1998 hasta 2007. De 2000 a 2006 se obtuvo también la renta per cápita de cada comunidad, a fin de explorarla como posible variable de confusión. Las tasas de aborto se extrajeron del Ministerio de Sanidad1, y los porcentajes de población extranjera y la renta per cápita del Instituto Nacional de Estadística (bases de datos de población [http://www.ine.es/daco/daco42/sociales08/pobla-prov.xls] y contabilidad regional [http://www.ine.es/daco/daco42/cre_rh/rentahog.xls.]). Para cada año se realizó un análisis de regresión lineal. Puesto que la variable renta per cápita no entró en ninguno de los modelos, finalmente los análisis fueron de regresión lineal simple.

La tasa de abortos fue muy variable entre las comunidades en los 10 años estudiados (en 2007 osciló entre 3,7‰ en Ceuta y Melilla y 16,0 en Madrid). Entre 1998 y 2007 el porcentaje de población extranjera en España pasó del 1,6% al 10%, con una distribución desigual entre comunidades (en 2007 varió entre el 2,7% en Extremadura y el 18,4% en Baleares). En la tabla 1 se resumen las regresiones lineales realizadas. En todos los análisis se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa entre el porcentaje de población extranjera y la tasa de abortos, y la magnitud de la asociación fue aumentando a lo largo del tiempo. En 2007, el porcentaje de población extranjera se asoció al 64% de la variabilidad en la tasa de abortos entre comunidades autónomas.

Este análisis presenta las limitaciones propias de los diseños ecológicos, y además la variable independiente utilizada es poco específica, por lo que no puede darse por supuesta una relación causal entre el hecho de ser mujer inmigrante residente en España y el riesgo de tener un aborto. Sin embargo, los resultados tienen interés si se miran conjuntamente con los datos incipientes desde que se registra el país de procedencia. Así, en 2007, en Andalucía, la tasa de abortos fue de 11,2‰, pero esta media esconde una gran diferencia entre mujeres autóctonas y extranjeras (tasas de 8,3 y 45,8‰ respectivamente). Asimismo, un estudio realizado en Cataluña encontró que el 27,7% de los embarazos de las mujeres inmigrantes acababan en aborto, frente al 14,2% en las autóctonas3. Todos estos datos ponen de manifiesto que el problema del aborto es especialmente importante en las mujeres inmigrantes.

Las políticas para prevenir embarazos no deseados (accesibilidad a la anticoncepción, dispensación gratuita de anticoncepción de urgencia, promoción de la salud, etc.) también presentan variabilidad entre comunidades autónomas, pero a la luz de los resultados de este análisis podría decirse que hay un problema de equidad que aún es mayor que el territorial: la desigualdad por país de origen.

Es evidente que el país de origen no es por sí mismo un factor de riesgo de aborto. Detrás de esa variable hay un problema de desigualdad de oportunidades, tanto en la accesibilidad a los servicios de promoción de la salud y prevención de embarazos no deseados, como en las condiciones relacionadas con la posibilidad de asumir el cuidado de una criatura (situación económica y laboral)4, además de diferencias culturales que también pueden desempeñar un papel importante. La necesidad de que los servicios de salud pública pongan en sus agendas la prevención del embarazo no deseado en las mujeres inmigrantes parece fuera de duda. Esto requerirá dimensionar los recursos necesarios y adaptarlos, esfuerzo que ha de ser mayor en aquellas comunidades donde la población extranjera es más numerosa.