Debido a la importancia económica del sector servicios y a su potencial comercial, en 1995 entró en vigor el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos objetivos son liberalizar el comercio de servicios y establecer las normas y disciplinas que lo rijan. Sin embargo, hasta el momento el acuerdo ha generado poca jurisprudencia sobre sus normas, y algunas de ellas están en proceso de elaboración, lo que le da un carácter ambiguo a la vez que dificulta precisar sus implicaciones. No obstante, algunos analistas consideran que ciertas características y disposiciones representarían una amenaza a los mecanismos de financiación de los servicios públicos, así como a la autonomía reglamentaria gubernamental. Además, el acuerdo llevaría a la formalización de compromisos de carácter irreversible, que impedirían el restablecimiento de condiciones previas, en caso de que fallasen los sistemas de mercado y la participación privada; por otra parte, estaría en oposición a los monopolios y proveedores exclusivos y, en cierto grado, afectaría a los subsidios de los proveedores locales. La capacidad del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para forzar la implementación de medidas competitivas en los servicios públicos genera incertidumbre por sus implicaciones para los sistemas sanitarios. El acuerdo de España con la OMC tiene muchos aspectos aún por consolidar, lo que abre una oportunidad política para el debate y la participación desde el sector salud en sucesivas rondas de negociación.

Due to the economic importance of the service sector and its trade potential, in 1995 the World Trade Organization (WTO) launched the General Agreement on Trade in Services with the objective of liberalizing trade in services worldwide and of establishing rules and disciplines to regulate it. Until now, the Agreement has produced few case laws on its rules and some of them are in the process of being developed, which makes the Agreement ambiguous and hampers accurate forecasting of its implications. Nevertheless, some analysts consider that certain characteristics and rules represent a threat to the funding mechanisms of public services and to the sovereignty of governments to generate their own rules. Moreover, the Agreement would lead to irreversible formalization of commitments, without the possibility of returning to previous conditions in the case of failure of the market and/or private participation. In addition, the Agreement acts against exclusive monopolies and providers and to a certain extent this will affect subsidies to local providers. The ability of the European Communities Court of Justice to enforce the implementation of competitive measures in public services has produced uncertainty because of the implications for health services. The Spanish Agreement with the WTO contains many questions that remain open, representing an opportunity for the participation of the health sector in the next negotiation rounds.