Aún son escasas las publicaciones que analizan el impacto de la COVID-19 o de las medidas políticas y sanitarias adoptadas en la población migrante o en minorías étnicas1. Ante el papel de estos factores como determinantes de la salud, la investigación en este campo debería ser una prioridad. Este artículo presenta una revisión narrativa de la literatura para identificar buenas prácticas y proponer recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas y de la investigación. En el contexto británico, donde se está publicando acerca del fenómeno, Platt y Warwick2 concluyen que los impactos de la COVID-19 sobre la población negra, asiática y de minorías étnicas no son uniformes. Hay ciertos grupos que por condiciones laborales y tipos de empleo están más expuestos al riesgo de infección, en particular la población negra, paquistaní y bangladeshí. Otros presentan más problemas de salud subyacentes en su madurez, lo que supone un agravante en caso de infección por coronavirus. Rose et al.3 encuentran que tanto la privación económica como el origen étnico se asocian con una mayor mortalidad por COVID-19 en Inglaterra: por cada aumento del 1% en la proporción de población con bajos ingresos aumenta un 2% la tasa de mortalidad por COVID-19, y por cada aumento del 1% en la población negra, asiática y de minorías étnicas aumenta un 1% dicha tasa de mortalidad. En la misma línea, Prats-Uribe et al.4 concluyen que las tasas de COVID-19 en el Reino Unido son más altas entre la población negra, asiática y de minorías étnicas, en quienes viven en zonas desfavorecidas, además de en las personas con obesidad y en aquellas con comorbilidad previa.

Dado que la gravedad y la letalidad de la COVID-19 se manifiestan más en edades avanzadas5, se podría pensar que, como la población migrante es en general más joven que la autóctona, se ve menos perjudicada. En España, los resultados preliminares de un amplio estudio longitudinal seroepidemiológico apuntan a una menor prevalencia de infección por SARS-Cov2 entre las personas que no tienen nacionalidad española5. No obstante, otros estudios, como el de Bojórquez et al.6 en el contexto mexicano, apuntan a un mayor riesgo de enfermedades respiratorias y de contagio entre las personas migrantes y solicitantes de asilo, una vez ajustados los datos por edad, género y condiciones de riesgo subyacentes.

Para ciertos sectores de población migrante no están garantizados el acceso a la información ni la protección necesaria frente al coronavirus. Las dificultades de acceso a información fiable en su propio idioma pueden hacer que no reconozcan la seriedad de la epidemia, que no sepan o que no tengan la posibilidad de protegerse correctamente7,8, quienes no cuentan con dispositivos electrónicos que permitan comunicaciones en vídeo y no puedan visualizar señales que ayuden a la comprensión9.

La utilización de los servicios sanitarios para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o exclusión se ve limitada por factores asociados a la discriminación, la estigmatización o criminalización, la explotación laboral o sexual, etc.10. En los Estados Unidos hay más de siete millones de personas sin documentación que carecen de seguro médico. Buena parte de las personas migrantes en situación administrativa irregular no tienen acceso a servicios públicos de atención primaria y en muchos casos se limita su atención a los servicios sanitarios de urgencias11. Su dependencia de estos servicios de emergencia hace pensar que, en situaciones de confinamiento, las alternativas que se plantean de telemedicina y evitación de servicios de urgencias no resulten tan efectivas para estas personas9.

En situaciones de confinamiento o aislamiento, las desventajas crecen para las personas migrantes con escasos recursos socioeconómicos y tecnológicos7. Liem et al.12 plantean que la pandemia de COVID-19 y las medidas de cuarentena podrían agravar problemas habituales en trabajadores y trabajadoras migrantes, perjudicar su salud mental y empeorar su ya precaria calidad de vida, por la pérdida de empleos, ingresos, etc. Muchas de estas personas trabajan en el sector servicios sin contratación formal y están excluidas de la red de seguridad social, por lo que no acceden a subsidios ni ayudas cuando pierden sus trabajos e ingresos9. En los Estados Unidos, el paquete de medidas sociales implantadas no llega a buena parte de las personas indocumentadas, y por esta razón, un considerable número de niños y niñas de origen migrante ha quedado fuera del programa de nutrición durante el confinamiento9. Para las mujeres migrantes víctimas de violencia de género las condiciones pueden empeorar13.

Preocupan especialmente las personas migrantes o refugiadas que, sin tener garantizada la atención sanitaria, no hayan podido cumplir las medidas de autoaislamiento y distanciamiento social14, por necesidades económicas o por la falta de vivienda con instalaciones adecuadas7. En todo el mundo, tres cuartas partes de las personas refugiadas sobreviven en países donde los sistemas de salud están poco capacitados para responder a la pandemia15. Pese a la ausencia de cifras de contagio y de pruebas de detección, el riesgo de contraer COVID-19 se prevé especialmente elevado en las personas que viven en campamentos de refugiados, asentamientos o edificios abandonados, en situaciones de hacinamiento, sin agua corriente y sin sistemas de saneamiento7,10.

En el contexto de esta pandemia se hace aún más necesario avanzar hacia la equidad en la atención sanitaria mundial. Todos los países deberían ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y garantizar que la salud de estas personas no se descuide en futuras epidemias o desastres. Mejorar el acceso a la atención médica de las personas migrantes requiere adaptar las campañas de salud pública a la diversidad cultural e idiomática, así como a los distintos canales y redes de comunicación12. En general, implica transformar cualquier política que pueda excluir a los/las migrantes del acceso a medidas de protección, información, pruebas médicas y prestación de servicios de salud7,15. Esto se traduce en la suspensión de las medidas judiciales de deportación9, así como en el mantenimiento del principio de no devolución y en la evacuación de las personas retenidas en centros de detención o de internamiento de extranjeros15, puesto que muchos de estos centros no son capaces de garantizar la seguridad sanitaria9. En este sentido, las autoridades españolas han desalojado temporalmente los centros de internamiento de extranjeros (CIE), aunque no los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) y otros tipos de centros donde las personas migrantes se encuentran en condiciones de hacinamiento. También es fundamental, siguiendo el ejemplo del gobierno portugués16, prolongar y proporcionar permisos de residencia y trabajo a las personas migrantes para no limitar su acceso a la atención médica y a los servicios sociales15. Facilitar la salida de prisión de migrantes que hayan cometido infracciones menores o de personas vulnerables a infecciones graves debido a condiciones subyacentes o por su edad es otra de las recomendaciones que organismos internacionales han planteado9,15,17.

Numerosas organizaciones no gubernamentales han reclamado evacuar a las personas migrantes de los campos de refugiados y asentamientos chabolistas. Si esto no se produce, es clave implementar con urgencia medidas de protección específicas para estas personas migrantes en condiciones insalubres, que presentan mayor riesgo de contagio, analizar sus condiciones socioeconómicas y de salud, evaluar la información de la que disponen, su capacidad de acceso a la atención médica y los patrones de uso de los servicios sanitarios. Es necesario trabajar conjuntamente con líderes de las comunidades migrantes y con otras organizaciones vinculadas, garantizar el acercamiento de personal sanitario a estas poblaciones, contar con mediadores/as interculturales y garantizar la confidencialidad de la información suministrada por las personas migrantes18. Para poder llevar a cabo estas medidas y recomendaciones son imprescindibles una voluntad política y una dotación presupuestaria adecuada7, además de contar con la participación de las propias personas migrantes o pertenecientes a minorías étnicas.