Se determinaron las repercusiones biopsicosociales en población española afectada por un proceso de desahucio. Revisión panorámica en PubMed, Scopus, PsycINFO, CINAHL, LILACS, CSIC, MEDES, Scielo, Dialnet, Cuiden Plus y Cochrane hasta septiembre de 2018. La estrategia de búsqueda fue (Eviction OR “Home eviction” OR “Housing eviction” OR “Households at risk of eviction” OR Foreclosure) AND (“Health” OR “Mental Health” OR “Psychosocial impact” OR “Impacts on health” OR “Social impact indicators” OR “Social Determinants of Health” OR “Social Indicators”). Se seleccionaron 11 estudios con año de publicación en 2008 y posteriores, cuantitativos o cualitativos. Se midió la calidad y se organizaron los resultados atendiendo al modelo biopsicosocial. Desde el punto de vista físico, se identificó una deficiente autopercepción de la salud y aumentaron las enfermedades crónicas, el dolor y el consumo de fármacos. Psicológicamente, se detectaron pensamientos negativos, emociones recurrentes y aumento de ansiedad, depresión, trastorno mental y estrés postraumático. Socialmente, se describe una afectación de la familia, la descendencia y la persona avalista, así como del sistema sanitario con más visitas médicas y a urgencias. Se identificaron peores indicadores en las mujeres respecto a dolor de cabeza, tabaquismo, autopercepción del estado de salud general, salud mental y malestar mental (mayor depresión, ansiedad y otros tipos de malestar psicológico), y peor autopercepción de la salud en las hijas frente a los hijos. Es necesario un abordaje desde la salud pública, vigilancia epidemiológica, protocolos de actuación y programas de salud para asesorar, diagnosticar, prevenir, proteger y promover la salud de la población afectada.
The biopsychosocial consequences in Spanish population affected by an eviction process were described in this paper. A scoping review was conducted, consulting the following databases: PubMed, Scopus, PsycINFO, CINAHL, LILACS, CSIC, MEDES, Scielo, Dialnet, Cuiden Plus and Cochrane. The search strategy was (Eviction OR “Home eviction” OR “Housing eviction” OR “Households at risk of eviction” OR Foreclosure) AND (“Health” OR “Mental Health” OR “Psychosocial impact” OR “Impacts on health” OR “Social impact indicators” OR “Social Determinants of Health” OR “Social Indicators”).Eleven articles published between 2008 and September 2018 were selected. They followed a quantitative or qualitative methodology. The research quality was measured, and the results were organized according to the biopsychosocial model. From the physical perspective, results described a poor self-perception of health, as well as an increase of chronic diseases, pain, drug consumptions. From the psychological perspective, it was found negative thoughts, recurrent emotions and increased anxiety, depression, mental disorder and post-traumatic stress. From the social perspective, it was found that family, the offspring and the guarantor were affected, as well as the health system with greater medical visits and emergencies. This review showed worse health indicators among women, such as a headache, smoking habits, worse self-perception of health and more mental health disorders (depression, anxiety and other types of psychological distress). Daughters revealed worse self-perception of health than sons. It is necessary an approach from public health, epidemiological surveillance, action protocols and health programs, to advise, diagnose, prevent, protect and promote the health of the Spanish population affected.
La mayoría de los países han estado en recesión desde la crisis económica de 2008, y España ha sido uno de los más afectados. El crecimiento económico basado en el desarrollo inmobiliario creó una burbuja en la que las viviendas excedían su valor en el mercado1. En España, la especulación con el precio de la vivienda estuvo favorecida por las entidades bancarias y las Administraciones1. En 2007, el 87% de las familias españolas eran propietarias de su vivienda, superando la media europea (60%), hecho promovido por la consideración social del alquiler como una opción inestable y estigmatizada2. El exceso de gasto y el endeudamiento llevaron a la desaceleración de los precios de la vivienda con un efecto riqueza negativo, aumentando la probabilidad de incumplimiento del pago de la hipoteca3. Posteriormente se redujo la construcción de viviendas, aumentó el desempleo, se congelaron los sueldos y la oferta de empleo público, se redujo la prestación por desempleo y aumentó el impuesto sobre el valor añadido1. Todo ello generó una reducción sustancial de los ingresos en los hogares, que aumentó tanto la dificultad de acceso a una vivienda digna como los problemas para afrontar los costes de la vivienda4. Las consecuencias fueron deudas hipotecarias, pérdidas de viviendas, creciente número de procesos de desahucio y desalojos de miles de familias de sus hogares, la mayoría con menores dependientes, generando situaciones de emergencia habitacional5.
Se considera un proceso de desahucio aquel procedimiento que comprende una demanda por vía judicial por parte del acreedor (entidad financiera para préstamos hipotecarios o propietario de la vivienda en alquiler) con el fin de reclamar los pagos pendientes, presentando una ejecución hipotecaria para su tramitación en los juzgados de primera instancia e instrucción. Si se resuelve de forma favorable para el demandante, supone la subasta del inmueble o el desahucio o lanzamiento forzoso de quienes residían en él, en caso de estar ocupado6,7.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística8, en 2018 se iniciaron 25.903 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas. De ellas, 15.666 corresponden al cuarto trimestre del año, y fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña las más afectadas. En el mismo año, el número de desahucios fue de 59.671 derivados de las ejecuciones del año en curso y acumulados de años anteriores (1,8% menos que en 2017). Según el Consejo General del Poder Judicial9, ha descendido el número de desahucios que son consecuencia de ejecuciones hipotecarias (18.945, un 15,2% menos que en 2017) y ha aumentado el número de los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (37.285, un 4,5% más que en 2017).
Ante la emergencia habitacional, en España se han tomado medidas de protección dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad3,10. El Real Decreto Ley (RDL) 8/2011 apoya a los deudores hipotecarios, que pueden recibir una contraprestación por la vivienda y reducir la deuda contraída. El RDL 6/2012 recoge medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, incluyendo la dación en pago y un plan de reestructuración para la entidad financiera. El RDL 27/2012 propone la paralización de los desahucios durante 2 años. Sin embargo, ningún RDL ha resultado exitoso, pues se basan en la voluntariedad de los bancos y en condiciones muy estrictas a las familias para acogerse a estas medidas5. La Ley 1/2013, conocida como «antidesahucio», refuerza la protección de los deudores y reestructura la deuda y el alquiler social, con cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos11. Esta ley permite la creación de un fondo social de viviendas para dar cobertura a las personas desalojadas, facilitando contratos de alquiler. A pesar de estas medidas, la crisis de la vivienda persiste debido a la falta de implementación de programas de prevención de desahucios5, como en otros países12.
Esta crisis repercute en un gran número de españoles, y empeora los indicadores de salud de la población afectada13. Se ha demostrado que la crisis ha empeorado la salud mental13,14 y las condiciones de vida familiar, y ha repercutido en la población infantil con un aumento en la prevalencia de sobrepeso/obesidad explicado por el ayuno y el consumo de alimentos de baja calidad, entre otros15.
Existe amplia evidencia científica acerca de la actual crisis económica en relación con la salud. La síntesis de la literatura realizada por Modrek et al.16 se centra principalmente en el desempleo, la austeridad fiscal, los recortes y los efectos de los programas de protección social. Incluye 172 documentos y recopila consecuencias adversas sobre la salud mental, el aumento de los suicidios, el empeoramiento de las enfermedades crónicas y de las enfermedades infecciosas, y el abuso de sustancias.
En relación con el impacto de los procesos de desahucio en la salud de la población afectada por la crisis económica de 2008, Tsai17 revisó 35 artículos y describió el impacto en la salud física y mental, en las conductas de salud y en la violencia doméstica. Downing18 revisó 40 estudios e identificó las consecuencias en la autopercepción de la salud, en la salud mental, en el comportamiento violento y en las enfermedades crónicas, y otras con escasa evidencia (suicidio, abuso de sustancias, morbilidad somática y mortalidad). Vásquez-Vera et al.19 revisaron 47 artículos que describían consecuencias en la salud física y mental, y conductas insanas. Es destacable el editorial de Daponte et al.5, que comenta 14 artículos sobre el tema para apoyar un relato que concluye que el avance en las etapas del proceso de desahucio aumenta la ansiedad, la depresión, el estrés, los problemas de sueño y cardiacos, los suicidios y los estilos de vida no saludables.
En todo el mundo, los procesos de desahucio son una de las consecuencias de la crisis que mayor impacto ha causado tanto en las personas individuales como en la sociedad6. Sin embargo, las citadas revisiones no muestran la realidad española. Sería conveniente revisar las investigaciones realizadas en el ámbito nacional para conocer las repercusiones en salud que tiene el proceso de desahucio en las personas afectadas. Así se daría visibilidad al problema y se incentivaría a las Administraciones sanitarias y a la salud pública para tener un papel más activo en el diseño de estrategias y de programas de salud.
A pesar de los intentos legislativos de hacer frente al problema desde 2011, sus resultados están lejos de resolverlo6. En respuesta, la sociedad civil ha creado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupos de apoyo que visibilizan el problema de la vivienda, movilizan a la ciudadanía, luchan por impedir el desalojo de familias, buscan alternativas de realojo y promueven un parque de vivienda social4.
El objetivo de esta revisión es analizar los estudios realizados en el ámbito nacional para conocer las repercusiones de la crisis económica de 2008 en la salud de las personas afectadas, relacionando los procesos de desahucio con consecuencias en salud desde el modelo biopsicosocial.
MétodoRevisión panorámica (scoping review) en las bases de datos PubMed, Scopus, PsycINFO, CINAHL, LILACS, CSIC, MEDES, Scielo, Dialnet, Cuiden Plus y Cochrane, y búsqueda inversa manual en las referencias de los artículos.
La estrategia de búsqueda empleada fue (Eviction OR “Home eviction” OR “Housing eviction” OR “Households at risk of eviction” OR Foreclosure) AND (“Health” OR “Mental Health” OR “Psychosocial impact” OR “Impacts on health” OR “Social impact indicators” OR “Social Determinants of Health” OR “Social Indicators”). La búsqueda se realizó en septiembre de 2018.
Los criterios de inclusión fueron:
- •
Artículos sometidos a revisión por pares y literatura gris contenida en las bases de datos20, tales como Scopus, PsycINFO, Lilacs y Cuiden Plus.
- •
Estudios con metodología cuantitativa o cualitativa.
- •
Publicación en 2008 y años posteriores, coincidiendo con la crisis económica en España.
- •
Estudios con muestra española y desarrollados en España.
- •
Estudios cuyas variables independientes fueran las fases del proceso de desahucio: ejecución hipotecaria o desahucio (o desalojo).
Los criterios de exclusión fueron:
- •
Registros duplicados.
- •
Artículos no disponibles a texto completo.
- •
Artículos sin relación con el objetivo de estudio; por ejemplo, desahucio por síndrome de Diógenes.
Estudios con calidad metodológica baja tras evaluar el riesgo de sesgo. La calidad metodológica se midió con la herramienta GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation) para los estudios cuantitativos21,22 y con CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español) para los estudios cualitativos23.
Se elaboraron tablas resumen de las características principales de los estudios, se hizo un análisis cualitativo y descriptivo, y se llevó a cabo una organización conceptual atendiendo al modelo biopsicosocial. En los estudios cualitativos se recogió el análisis del discurso de los participantes. Todo el proceso de búsqueda, selección, evaluación, extracción, análisis y categorización de los resultados fue revisado por pares independientes, que resolvieron las discrepancias por consenso y acudieron a una tercera revisora cuando fue necesario.
ResultadosLa búsqueda electrónica inicial reportó 734 registros y la búsqueda manual halló 10 tras aplicar los criterios de inclusión. En el proceso de selección y cribado se seleccionaron 11 estudios (fig. 1).
Esquema del estudio basado en PRISMA24.
El número de publicaciones resultantes supera el de estudios únicos porque los resultados de Bernal et al.25, Bolívar et al.26 y Robles-Ortega et al.27,28 provienen de la misma base de datos, al igual que los estudios de Palencia et al.29 y Vásquez-Vera et al.30. En estos casos, un solo estudio generó varias publicaciones. El año de publicación es mayoritariamente 2016 (n=5), seguido de 2013 (n=2), 2015 (n=2), 2014 (n=1) y 2018 (n=1). Un solo estudio abarcó 17 provincias españolas; el resto son de Málaga, Granada, Cataluña y La Rioja. En cuanto al diseño, prevalece la metodología cuantitativa transversal y descriptiva (n=10) frente a la cualitativa (n=1). Las características de los estudios se resumen en la tabla 1.
Características de los estudios seleccionados según el diseño, la muestra y las variables sociodemográficas estudiadas
| Estudio | Diseño del estudio, muestra, ciudad | Variables sociodemográficas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo y edad | Nivel educativo | Características familiares | Principal motivo de desahucio, situación económica | Solicitud de ayuda | ||
| Arredondo Quijada y Palma García (2013)30 | Transversal, exploratorio-descriptivo, cuantitativoN=110 de entidades sociales de ayudaMálaga | M=40 | Español (89,1%)2 miembros sin hijos (40,9%)Con hijos<9 años (59,1%) | Desempleo (63,6%)Cierre de negocio (15,5%) | Servicios sociales (43,0%)Familia (36,4%) Ninguna (28,3%) | |
| Bernal Solano et al. (2014)25 Bolívar Muñoz et al. (2016)26 Robles-Ortega et al. (2016 y 2017)27,28 | Transversal, exploratorio-descriptivo, cuantitativoN=205 de la PAHGranada | Mujeres 59,5%, M=42,5, DT=10,9Hombres 40,5%, M=42,1, DT=10,6 | Sin estudios (3,0%) Primarios (16,6%) Secundarios (70,4%) Universitarios (10,0%) | Español (90,0%) Miembros:≤2 (27,3%)3-5 (66,8%)>5 (4,9%)Matrimonio (49,9%)Soltero (25,4%)Separación o divorcio (19,0%)Viudedad (2,9%) | Desempleo o reducción de ingresos (81,5%)Conflictos familiares u otras causas (18,5%)≤500 € (48,3%)501-1000 € (37,6%)>1000 € (18,0%) | PAH (97,6%)Familiares y amigos (65,0%)ONG (45,9%)Servicios sociales (43,3%)Servicios sanitarios (21,5%) |
| Gili et al. (2013)32 | Transversal, exploratorio-descriptivo, cuantitativoN=no se conoce 13.816 de atención primaria17 provincias | Mujeres 61,0%Hombres 39,0%M=48,4 DT=15,1 | Sin estudios (24,4%) Primarios (25,7%) Secundarios (29,7%) Universitarios (20,2%) | Matrimonio (58,6%)Soltero (20,2%) Separación o divorcio (10,5%)Viudedad (10,5%) | ||
| Novoa et al. (2015)33 | Transversal, exploratorio-descriptivo, cuantitativoN=320 personas asistidas por Cáritas Cataluña | Mujeres 64,4%Hombres 35,6%Rango edad: 16 a más 65 años | Primarios (29,1%) Secundarios (56,2%) Superiores (14,7%) | Español (22,5%)Con hijos (70,0%)Parejas con hijos (43,1%) | Desempleo (53,1%) Problemas para cubrir los gastos mensuales (86,8%) | ONG Cáritas (100%) |
| Palencia, et al. (2016)29Vásquez-Vera et al. (2016)30 | Transversal, exploratorio-descriptivo, cuantitativoN=905 de la PAHCataluña | Mujeres 62,0%Hombres 38,0% | Primarios (21,3%) Secundarios (61,9%) Universitarios (15,4%) | Español (77,8%)Sin hijos (44,2%),1-2 hijos (49,0%) | Desempleo (39,4%) | PAH (100%) |
| Palma García y Ruiz Mosquera (2016)34 | Transversal, exploratorio-descriptivo, cualitativoN=20 de la PAHMálaga | Mujeres 30,0%Hombres 70,0%Rango edad: 26 a 64 añosM=45,1 | Español (80,0%)Con hijos (35,0%)Con hijos<9 años (25,0%) | PAH (100%) | ||
| Sabater y Giró (2015)35 | Transversal, exploratorio-descriptivo, Cualitativo-cuantitativoN=70 de la PAHLa Rioja | Rango edad: 37 a 57 años | M=1,9 hijos | Desempleo (70,0%) Reducción salarial y otros motivos coadyuvantes (30,0%)Ninguno (30,0%)426 € (38,0%)>1000 € (15,0%)Pensiones o ayudas (17,0%) | PAH (100%)Familia extensa (padres e hijos), amigos y conocidos | |
DT: desviación típica; M: media; N: muestra; ONG: organización no gubernamental; PAH: Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
En la tabla 2 se muestran los resultados clasificados en salud física, salud mental, conductas de salud y entorno social, comunitario y servicios de salud. Los hallazgos reflejan un empeoramiento de la salud, con peores indicadores en las mujeres que en los hombres.
Repercusiones biopsicosociales del proceso de desahucio en las personas afectadas
| Salud física | |
| Autopercepción de la salud | |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | Deficiente (PDPG 47,3%). |
| Bolivar Muñoz et al. (2016)26 | Deficiente con mayor probabilidad (OR: 12,63; IC95%: 8,74-18,27) en mujeres que en hombres (PDPG 56,4% y 42,4%; p <0,001) |
| Novoa et al. (2015)33 | Deficiente en mujeres más que en hombres (PDPG 20,0% y 2,5%) y en calidad de vida (PDPG 24,5% y 11,0%). |
| Palencia et al. (2016)29 | Deficiente en mujeres más que en hombres (PDPG 35,9% y 25,3%) y empeora con el avance del proceso de desahucio (dación en pago 47,8% y desalojo 84,6%); ambos con el triple de probabilidad |
| Vásquez-Vera et al. (2016)30 | Deficiente en mujeres más que en hombres (PDPG 36.4% y 23.3%); mayor prevalencia en etapa de desalojo (PR mujer=1,89 [IC95%: 1,32-2,70]; PR hombres=2,24 [IC95%: 1,35-3,72) |
| Sintomatología o enfermedades físicas | |
| Arredondo Quijada et al. (2013)31 | Problemas de salud (66,7%) y cardiovasculares (4%) |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | Aumentan enfermedad crónica, hipertensión y colesterol (PDPG 36,7%, 17%) |
| Bolivar Muñoz et al. (2016)26 | Aumenta más probabilidad de enfermedad cardiovascular (OR: 3,08; IC95%: 1,54-6,16) en hombres que en mujeres (PDPG 6,7% y 4,7%; p <0,005) y de enfermedad crónica (PDPG 40,3% y 33,4%; p <0,001) |
| Novoa et al. (2015)33 | Aumenta más en mujeres que en hombres prevalencia de dolor de cabeza (PDPG 31,8% y 9,2%) y espalda (PDPG 29,9% y 7,7%) |
| Palencia et al. (2016)29 | Aumentan más en mujeres que en hombres migraña y dolor de cabeza (PDPG 50,1% y 39,5%) |
| Sabater et al. (2015)35 | Problemas de salud y discapacidad (15%) |
| Consumo de fármacos | |
| Arredondo Quijada et al. (2013)31 | Aumenta para paliar la sintomatología mental (59,6%) |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | Aumentan tranquilizantes, antidepresivos y medicación para dormir (PDPG 35,8%) |
| Novoa et al. (2015)33 | Disminuyen tranquilizantes, antidepresivos o medicación para dormir tanto en hombres como en mujeres (PDPG 1,7% y 2,0%) |
| Palma García et al. (2016)34 | Automedicación |
| Salud mental | |
| Sintomatología psíquica | |
| Arredondo Quijada et al. (2013)31 | Miedo, ansiedad o culpa (100%) |
| Palma García et al. (2016)34 | Miedo, ansiedad y depresión en fases iniciales (100%); angustia y ansiedad en la primera notificación (100%); labilidad emocional, percepción de fracaso, frustración social, deterioro de la imagen, vergüenza, temor en todo el proceso de desahucio |
| Robles-Ortega et al. (2017)28 | Miedo, desamparo y horror (95,1%) |
| Sabater et al. (2015)35 | Miedo, vergüenza, indignación, sensación de injusticia, desesperanza, presión, impotencia, sorpresa, rabia y tristeza, pérdida de autoestima, soledad, indecisión |
| Patología mental | |
| Arredondo Quijada et al. (2013)31 | Ansiedad (27%), depresión (27%) y trastorno mental (3%) |
| Bernal Solano et al. (2015)25 | Aumentan trastorno mental (PDPG 36,2%), de ansiedad (88,2%), depresión (91,2%), estrés postraumático (68,2%) y riesgo moderado-alto de suicidio (33,2%) |
| Bolívar Muñoz et al. (2016)26 | Aumentan depresión, ansiedad y otros trastornos en mujeres más que en hombres (PDPG 44,9% y 24,1%; p <0,001) |
| Gili et al. (2013)32 | Aumentan depresión mayor (19,4%), trastorno de ansiedad generalizada (8,4%) y desorden somatomorfo (7,3%) (p <0,001); un tercio se atribuye a la etapa de dificultades en el pagoAumenta el riesgo de depresión mayor en las etapas de dificultades en el pago (OR: 2,12; p <0,001) y de desalojo (OR: 2,95; p <0,001) |
| Novoa et al. (2015)33 | Peor salud mental en mujeres que en hombres (PDPG 28,6% y 14,1%) y depresión/ansiedad (PDPG 36,4% y 18,3%) |
| Palencia et al. (2016)29 | Aumenta malestar mental (ansiedad, depresión, disfunción social y falta de confianza) en mujeres más que en hombres (PDPG 75,1% y 73,9%); prevalencia nueve veces mayor en hombres y seis en mujeresAumenta el malestar cuando reciben la orden de desahucio (100%) y en la etapa de impago (97,7% mujeres y 92% hombres) |
| Palma García et al. (2016)34 | Depresión |
| Robles-Ortega et al. (2017)28 | Aumenta la puntuación, en mujeres más que en hombres, de ansiedad (M=2,26, DE=1,00; M=1,67, DE=0,89; p <0,001), depresión (M=2,54, DE=0,91; M=1,99, DE=0,85; p <0,001), estrés postraumático (M=34,29, DE=10,88; M=30,61, DE=10,87; p=0,022) y estrés percibido (M=35,86, DE=8,10; M=34,00, DE=8,93); tienen estrés postraumático el 68,3%Aumenta la probabilidad de estrés percibido alto al aumentar el trastorno de estrés postraumático (OR: 1,09; IC95%: 1,04-1,14], la ansiedad (OR: 10,66; IC95%: 1,07-106,0), la depresión (OR: 4,15; IC95%: 0,35-48,74) y en la etapa de dificultades de pago (B=1,17; p <0,05; OR: 3,23). |
| Vásquez-Vera et al. (2016)30 | Peor salud mental en mujeres que hombres (PDPG 75,1% y 74,1%); aumenta la prevalencia en la etapa de impago (PR mujer=1,16, IC95%: 1,04–1,28; PR hombres=1,23, IC95%: 1,04-1,47) |
| Conductas de salud | |
| Consumo de tabaco | |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | Aumenta (PDPG 19,1%). |
| Bolívar Muñoz et al. (2016)26 | Aumenta probabilidad (OR: 1,68; IC95%: 1,21-2,33) en mujeres más que en hombres (PDPG 18,4% y 14,3%; p <0,005) |
| Robles-Ortega et al. (2016)27 | Aumenta (36,5%), aumentan los cigarrillos al día (t=−1,944; p=0,055), y respecto a la etapa del proceso de desahucio (x2=8,494; p=0,037): dificultades en el pago de la hipoteca (32,4%) y proceso judicial (50%) |
| Consumo de alcohol | |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | NS |
| Bolívar Muñoz et al. (2016)26 | Aumenta probabilidad de reducción del consumo (OR: 0,36; IC95%: 0,19-0,69) en hombres más que en mujeres (PDPG 12,0% y 7,8%; p <0,001) |
| Gili et al. (2013)32 | Aumenta la dependencia (4,6%; p <0,001) y un tercio se atribuye a desempleo y dificultades en el pago |
| Robles-Ortega et al. (2016)27 | Aumenta (11,9%) en hombres más que en mujeres (20,7% y 5,9%) y en relación al proceso de desahucio (x2=20,375; p=0,000) |
| Sueño | |
| Arredondo Quijada et al. (2013)31 | Problemas de sueño (20%) |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | Insomnio (PDPG 65,2%) |
| Novoa et al. (2015)33 | Aumenta la prevalencia más en mujeres que en hombres de dormir <6 horas (PDPG 10,7% y−3,0%) |
| Sabater et al. (2015)35 | Falta de sueño |
| Alimentación y actividad física en tiempo libre | |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | Disminuye el consumo de fruta, verduras y hortalizas (PDPG 23,6% y 13,6%)Aumenta el sedentarismo (PDPG 18,8%) |
| Bolívar Muñoz et al. (2016)26 | Aumenta probabilidad de menor consumo de fruta (OR: 3,3; IC95%:2,34-4,64) más en hombres que en mujeres (PDPG 33,7% y 20,2%; p <0,001), y las mujeres menos verduras y hortalizas (PDPG 19,0% y 10,2%; p <0,005) y más sedentarismo (PDPG 21,8% y 12,8%; p <0,005); índice de masa corporal NS |
| Gili et al. (2013)32 | Bulimia NS |
| Novoa et al. (2015)33 | Preocupación por no poder comprar alimentos (78,7%) |
| Palma García et al. (2016)34 | Privación de alimentos para afrontar la hipoteca |
| Entorno social, comunitario y servicios de salud | |
| Arredondo Quijada et al. (2013)31 | Cambios en la relación familiar (65,2%), incremento de la agresividad, enfrentamientos y discusiones (32,6%), separaciones (18,4%), intranquilidad, culpabilidad, frustración y miedo (16,3%), dificultad en la relación (16,3%), problemas con los hijos y el sistema educativo (14,3%), consumo de alcohol (2%) |
| Novoa et al. (2015)33 | Peor autopercepción de la salud en hijas que en hijos (PDPG 12,7% y 3,8%), aumento de otitis recurrentes (PDPG 15,6% y 3,6%) y ayuno antes de salir de casa (PDPG 5,0% y 1,7%)Mayor prevalencia de mala salud mental en los hijos (PDPG 16% y 15,8%) |
| Palma García et al. (2016)34 | Problemas económicos, o desahucio en familia extensa por ayudar a la persona afectada; afectación de la salud de la persona avalista de la hipoteca |
| Sabater et al. (2015)35 | Afectación de la persona avalista de la hipoteca |
| Bernal Solano et al. (2014)25 | Aumentan las visitas al médico y a urgencias (PDPG 10,7% y 29,1%); necesidad sentida de consultar a médico (63,9%), dentista (70,0%) y psicólogo (65,9%); no poder afrontar el gasto es la razón de no acudir (85,0%) |
DE: desviación estándar; IC95%: intervalo de confianza del 95%; NS: no significativo; OR: odds ratio; PDPG: prevalencia diferencial respecto a la población general; PR: prevalencia relativa.
Se percibe deficiente la autopercepción de la salud25,26,29,30,33 y de la calidad de vida33, con una alta probabilidad26 y una incidencia creciente al avanzar el proceso de desahucio29,30. Las personas en proceso de desahucio refieren tener problemas de salud física y discapacidad31,35. En comparación con la población general, aumentan las enfermedades crónicas25,26 y los dolores de cabeza y de espalda29,33, y se incrementa por tres la probabilidad de adquirir alguna enfermedad cardiovascular en los hombres respecto a las mujeres26. Para paliar la sintomatología, aumentan el consumo de fármacos25,31,34 (tranquilizantes, antidepresivos o medicación para dormir).
Repercusiones en la salud mentalEn comparación con la población general, se observa peor salud mental29,30,33, sobre todo en las primeras etapas del proceso de desahucio28-30,32; pensamientos negativos, como percepción de fracaso, frustración social, impotencia, indecisión, injusticia, desesperanza34,35; y emociones recurrentes, como miedo, rabia, tristeza, sorpresa28,34,35, sensación de soledad y desamparo28,35. Aumentan la ansiedad25,26,28,29,31-33, la depresión25,26,28,29,31-34, el trastorno mental25,26,31,32 y el estrés postraumático25,28. Solo un estudio muestra un 32% de riesgo moderado-alto de suicidio25.
Repercusiones en las conductas de saludEl consumo de tabaco y la probabilidad de fumar25-27 aumentan a medida que avanza el proceso de desahucio27. Con respecto al alcohol, los resultados no son significativos25, pues hay quienes encuentran un aumento en la dependencia y el consumo27,32 y otros que hallan una reducción respecto a la población general26, en relación con la etapa del proceso de desahucio27,32. Igualmente, se identifican cambios en las pautas de sueño25,31,33,35, alimentación restrictiva (disminución del consumo de frutas y verduras, o privación de alimentos para afrontar la hipoteca)25,26,34 e incremento del sedentarismo25,26, sin hallar significación entre el proceso de desahucio y el índice de masa corporal26.
Repercusiones en el entorno social y comunitario, y en los servicios de saludEl proceso de desahucio afecta al entorno inmediato, la familia31, con cambios y dificultades en las relaciones, mayor agresividad, enfrentamientos, discusiones, separaciones y problemas con los hijos y el sistema educativo. La descendencia también se ve afectada33, con peor salud mental en los hijos y peor autopercepción de la salud en las hijas, además de otitis recurrentes y ayuno antes de salir de casa. El proceso de desahucio también repercute en la salud y en la economía de la persona avalista (que suele ser un familiar)34,35. Los problemas de salud asociados al proceso de desahucio conllevan un incremento de las visitas médicas y a urgencias, que repercute sobre el sistema sanitario. Hay una necesidad sentida de consultar al médico, al dentista o al psicólogo, pero no se acude por problemas económicos25.
DiscusiónEl proceso de desahucio es un acontecimiento estresante debido a los eventos negativos que lo acompañan y a la falta de control sobre el resultado36. En todo el mundo los hallazgos son parecidos5,16–19: el proceso de desahucio causa numerosas consecuencias sobre la salud física, con aumento y empeoramiento de enfermedades crónicas, sobre la salud mental, cambios en las conductas de salud y consecuencias en la familia y los servicios de salud, y el impacto se agrava con el avance del proceso.
Respecto al sexo, la mujer es más vulnerable5. Adquiere mayor hábito tabáquico, quizás como estrategia de afrontamiento del estrés37. Consume menos verduras y hortalizas, posiblemente por la falta de recursos económicos y la compra de alimentos más baratos y menos saludables38. Refiere peor autopercepción de la salud y de la salud mental, e índices más altos de depresión, ansiedad y otros trastornos, sin que puedan cuantificarse los costos producidos, aunque el impacto de la depresión sí ha sido cuantificado en días de trabajo perdidos, empeoramiento en salud física y relaciones sociales degradadas39. Sin duda, las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres siguen fomentando las desigualdades de género en salud y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas40. En el hombre parece haber un mayor consumo de alcohol, aunque no queda claramente demostrado5,16–19, quizás debido a que la restricción económica puede limitar el acceso a sustancias perjudiciales para la salud y aumentar las conductas saludables27.
Uno de los problemas de salud mental más graves asociado al proceso de desahucio es el suicidio. Aunque solo un resultado apunta a un riesgo moderado-alto25, la evidencia internacional pone de manifiesto el incremento del número de suicidios en relación con el aumento de las ejecuciones hipotecarias36,41, y que el riesgo es cuatro veces mayor que en las personas que no viven la experiencia de un proceso de desahucio42.
El proceso de desahucio afecta a familias no preparadas para enfrentarse a esta situación y al compromiso hipotecario o de alquiler contraído31. Declaran privarse de satisfacer sus propias necesidades para pagar las deudas34, las consultas médicas o los tratamientos derivados25,43. Todo ello conlleva cambios en las relaciones familiares17,31 que pueden afectar su salud familiar, es decir, el funcionamiento de la familia y la capacidad para afrontar cambios, superar crisis y lograr el crecimiento y el desarrollo de sus miembros44. Además, hay menores afectados15,33, y aunque los resultados son escasos, no tener casa afecta gravemente sus derechos de educación, salud y protección. Save the Children asegura que la infancia en España es uno de los sectores más afectados por la crisis34.
Fuera de España se evidencia un aumento de los delitos y crímenes, con un deterioro del entorno social y comunitario que amplía las disparidades en salud45. Aunque los hallazgos de este estudio no reflejan tales repercusiones, es posible que se deba a la resiliencia comunitaria. Es decir, barrios con alta resiliencia pueden tener factores protectores o recursos que permitan el afrontamiento de las adversidades, la moderación del estrés, la recuperación o el mantenimiento del funcionamiento y el bienestar comunitario34. Para ello, el apoyo social es fundamental y clave46, y son las familias, los servicios sociales, los servicios sanitarios y las organizaciones como Cáritas Diocesana, Cruz Roja y PAH los principales apoyos31.
El sistema sanitario y sus profesionales pueden brindar apoyo a las personas y las familias afectadas por un proceso de desahucio, estableciendo contacto con ellas desde atención primaria, atendiendo a la salud física, psicológica y social con una asistencia directa para el diagnóstico de enfermedades y la promoción de la salud, y llevando a cabo actividades como valoración, planificación, aplicación, coordinación, monitorización y evaluación de las opciones y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de salud de una persona, una familia y una comunidad47.
A pesar de tener leyes, estrategias, planes y programas para abordar esta emergencia social-sanitaria, en España no se ha solucionado el problema, quizás debido a la falta de mecanismos formales de protección, de tipo económico, social y sanitario, para las personas afectadas5. Por esto, y por las consecuencias sobre la salud, es necesario un abordaje desde la salud pública. Las personas en procesos de desahucio han de ser población prioritaria en el sistema de salud público.
España podría tomar ejemplo de otros países europeos que han adoptado medidas como los procedimientos de conciliación, de mediación, la modificación de los términos del préstamo, el tiempo mínimo de impago, las ayudas públicas directas, la provisión de asesoría legal, la dación en pago, medidas de segunda oportunidad, y regulación efectiva del crédito hipotecario y de protección al consumidor, así como promover el alquiler estable y asequible aumentando la oferta5.
Limitaciones y recomendacionesEsta revisión puede tener un sesgo de publicación, pues suelen publicarse estudios con resultados positivos; un sesgo de selección, dado que en la búsqueda puede que algún estudio no haya sido identificado; y un sesgo del investigador, pues sus expectativas y opiniones han podido condicionar las conclusiones.
Los estudios incluidos también presentan limitaciones, como muestreo de conveniencia por la dificultad de acceso a la población en procesos de desahucio, muestras coincidentes en varios estudios25-30 y falta de consenso en las variables de estudio que impide el metaanálisis.
Dado que la vivienda es un determinante en salud y el problema está lejos de resolverse, son necesarias más investigaciones para desarrollar estrategias e intervenciones en prevención y promoción de la salud5. Estas podrían encaminarse hacia el conocimiento de las repercusiones en las personas, las familias, los/las menores y el entorno comunitario, y hacia metodologías longitudinales para demostrar efectos a largo plazo o con perspectiva de género para evitar desigualdades sociales e inequidades en salud.
ConclusionesEn España es urgente un abordaje desde la salud pública porque el proceso de desahucio genera un impacto alarmante en la salud biopsicosocial de las personas, los/las menores y las familias. Los hallazgos de esta revisión muestran un aumento de las enfermedades crónicas, cambios en las conductas de salud, un aumento de los trastornos mentales y del riesgo de suicidio, cambios en las relaciones y el clima familiar, y un incremento del uso de los sistemas sanitarios, entre otros. Se aporta una revisión actualizada sobre este fenómeno, cuyos resultados pueden emplearse para mitigar los efectos de la inestabilidad de la vivienda durante las recesiones económicas. Es necesario que los determinantes sociales de una crisis económica y la población afectada o en riesgo sean prioritarios en políticas integrales para solucionar las consecuencias de los procesos de desahucio. Sería adecuado facilitar estrategias de protección, prevención, restauración y promoción de la salud, y guiar a los profesionales sanitarios para que las familias busquen apoyo formal y acudan a la PAH de su comunidad.
Editora responsable del artículoMaría Victoria Zunzunegui.
Contribuciones de autoríaN. Jiménez-Picón: búsqueda sistemática, análisis, extracción e interpretación de los datos; escritura del artículo; responsable de todos los aspectos que integran el manuscrito, revisión, consenso y discusión de aspectos relevantes para la máxima precisión e integridad; aprobación de la versión final para su publicación. A. García-Reposo: concepción y diseño del trabajo; búsqueda sistemática, análisis, extracción e interpretación de los datos; escritura del artículo; aprobación de la versión final para su publicación. M. Romero-Martín: consulta o consenso en el análisis, la extracción y la interpretación de los datos; revisión crítica con importantes contribuciones intelectuales; aprobación de la versión final para su publicación.
FinanciaciónNinguna.
Conflictos de interesesNinguno.
Parte de los resultados de este estudio se presentaron en las IX Jornadas y 6° Congreso Internacional virtual de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC), Málaga, 4-18 de octubre de 2017, y en las II Jornadas Internacionales de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud, Sevilla, 6 de octubre de 2017.
