Existe abundante literatura que relaciona la precariedad laboral con el deterioro de la salud física y psicológica, y del bienestar, así como con la generación de desigualdades en salud1–3. Las transformaciones socioeconómicas y políticas de finales de los años 1970, de corte neoliberal, y la consiguiente ruptura de la norma social de empleo —estable, protegido y bien pagado— que se había expandido en Occidente durante las tres décadas doradas del capitalismo4,5, unidas a las sucesivas crisis que han sacudido fundamentalmente a las economías «periféricas» de Europa, han tenido importantes repercusiones para los mercados de trabajo6. Entre otros aspectos, han supuesto la flexibilización de las condiciones de empleo, dando como resultado un deterioro importante de la calidad del empleo y una transferencia de los riesgos y la inseguridad desde los/las empleadores/as hacia los/las trabajadores/as7.

Por otra parte, la precariedad laboral no se distribuye homogéneamente entre la población trabajadora. Las mujeres tienden a ocupar los puestos de trabajo de peor calidad, tienen menos contratos indefinidos que los hombres, su nivel salarial es inferior y están sobrerrepresentadas en trabajos a tiempo parcial, tanto voluntario como involuntario8,9. Además, las trayectorias y actividades económicas de hombres y mujeres son distintas, lo que expone a unos y otras a situaciones y riesgos diferentes, y por tanto obligan a considerar el género en el estudio de la precariedad y sus efectos sobre la salud10. De igual forma, la precariedad laboral está más concentrada entre las personas jóvenes y las de peor posición socioeconómica11.

Aunque la literatura recoge varios mecanismos intermedios que vehiculan o explican la forma en que la precariedad laboral incide en la salud, como por ejemplo la privación material12, la exposición a condiciones de trabajo adversas, la falta de control sobre el trabajo13,14 y el desequilibrio esfuerzo-recompensa15, que experimentan en mayor medida los/las trabajadores/as precarios/as, siguen existiendo lagunas de conocimiento en este campo16. El propio concepto de precariedad laboral manejado en los estudios es impreciso y variable, y no existe una definición ni instrumentos de medición consensuados. Por lo general, la literatura especializada se ha centrado en estudiar el impacto de alguna dimensión concreta de la precariedad en la salud, como la temporalidad o la inseguridad laboral percibida17,18. Sin embargo, la reducción de la precariedad laboral a una sola de sus dimensiones constitutivas no siempre ofrece una representación adecuada de las desigualdades sociales y en salud. Se ha demostrado, por ejemplo, que las personas con un contrato laboral indefinido pueden sufrir otras condiciones de precariedad laboral, con repercusiones en la salud, incluso más importantes que los/las trabajadores/as temporales no expuestos/as a otras formas de precariedad laboral14. Por tanto, se hace cada vez más necesaria una aproximación integral al fenómeno de la precariedad laboral, capaz de abarcar todo su alcance y analizar sus efectos múltiples e interrelacionados sobre la salud. En este punto, y con el objetivo de comprender los mecanismos de la desigualdad, es importante distinguir conceptualmente entre las condiciones de trabajo, es decir, todos aquellos factores biológicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales a los que están expuestas las personas trabajadoras, y las condiciones de empleo, que son las formas de contratación laboral, de seguridad social y las relaciones de poder entre empleadores/as y empleados/as, que son las vinculadas a la precariedad laboral y las que pueden explicar la exposición a diferentes condiciones de trabajo19.

En las últimas décadas, diversos/as autores/as han propuesto conceptos20,21 y medidas multidimensionales para la operacionalización de la precariedad laboral. Además de la duración de la relación contractual, se ha reconocido la importancia de otras características relacionadas con la calidad del empleo, como el nivel salarial o el acceso a determinados derechos laborales8,9. Asimismo, se han elaborado constructos para su medición, como el job quality8, un indicador combinado de inseguridad, temporalidad y desempleo22, o la Escala de precariedad laboral EPRES23. Los índices multidimensionales no solo captan la naturaleza polifacética de la precariedad laboral, sino que, si se analiza cada una de las dimensiones que lo componen de forma separada, permiten identificar aquellas que potencialmente tienen más impacto en la salud.

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre la precariedad laboral — medida como índice multidimensional y por primera vez considerando cada una de sus dimensiones por separado— y la salud mental de los hombres y las mujeres asalariados/as en el País Vasco.

En la tabla 1 se presentan las principales características de la muestra, según el sexo. La edad media es prácticamente igual en ambos grupos (43,1 años). Existen diferencias significativas en relación con el nivel de estudios y la clase social ocupacional entre hombres y mujeres. Por un lado, hay una mayor proporción de mujeres con estudios universitarios (un 44,3% frente a un 28,3%), mientras que hay más hombres con estudios secundarios superiores (un 49,5% frente a un 38,2%). Por otro lado, la mayoría de los hombres (más del 60%) y la mitad de las mujeres son trabajadores/as manuales (clases IV y V). Por último, observamos que las mujeres están significativamente más expuestas a trabajos con precariedad moderada (29,4%) o elevada (6,9%) que los hombres (20,3% y 4,7%, respectivamente).

En cuanto a las prevalencias estandarizadas (figs. 1 y 2), observamos que los porcentajes de mala salud mental son muy superiores entre quienes se encuentran en situación de precariedad alta (17,1% y 36,1% en hombres y mujeres, respectivamente) o moderada (10,6% y 17,5%, respectivamente) que entre los/las trabajadores/as no precarios/as (5,9% y 8,8%, respectivamente). Por dimensiones, los hombres muy o moderadamente precarios presentan tasas más altas de mala salud mental, salvo en la dimensión «derechos», en la que este porcentaje es mayor entre los trabajadores no precarios (7,9%) que en los que se encuentran en situación de precariedad moderada o alta (en torno al 6% en ambos casos). En las mujeres, prácticamente observamos un gradiente en todas las dimensiones, de manera que, a mayor nivel de precariedad, mayor prevalencia de trabajadoras con mala salud mental, salvo en el caso de la temporalidad y los derechos, en los que el porcentaje de mala salud mental es algo mayor entre las que tienen una situación de precariedad moderada. Además, en ambos sexos, para algunas dimensiones la prevalencia estandarizada de trabajadores/as con mala salud mental es tres veces superior entre quienes están en situación de precariedad alta que entre los/las no precarios/as, como en el caso del nivel salarial (15,9% y 25,4% frente a 5,0% y 7,3% en hombres y mujeres, respectivamente) o la vulnerabilidad (16,4% y 32,8% frente a 5,9% y 8,0%, respectivamente).

Figura 1.

Prevalencias estandarizadas de mala salud mental según el grado de precariedad en hombres.

(0.12MB).

Figura 2.

Prevalencias estandarizadas de mala salud mental según el grado de precariedad en mujeres.

(0.11MB).

Atendiendo a los modelos de regresión (tablas 2 y 3), constatamos que la precariedad alta triplica las probabilidades de sufrir mala salud mental, tanto en los hombres (RP: 3,51; IC95%: 2,05-6,01) como en las mujeres (RP: 3,42; IC95%: 2,35-4,97), incluso después de introducir todas las variables sociodemográficas en los modelos. La precariedad moderada casi duplica el riesgo entre las trabajadoras (RP: 1,95; IC95%: 1,45-2,61). Por otro lado, observamos que algunas dimensiones se asocian significativamente con peor estado de salud mental, no solo después de introducir las variables sociodemográficas en los modelos, sino incluso al ajustarlos por el resto de las dimensiones de la precariedad (modelo 4). En los hombres, aquellas que arrojan estimaciones más altas serían, en orden, los bajos salarios (RP: 2,58; IC95%: 1,65-4,03), el desempoderamiento (RP: 2,17; IC95%: 1,37-3,42) y la falta de capacidad para ejercer derechos (RP: 1,64; IC95%: 1,05-2,56), aunque no son diferencias significativas (los IC95% se superponen). En las mujeres, la dimensión que más parece aumentar las posibilidades de presentar un mal estado de salud mental es la vulnerabilidad (RP: 2,55; IC95%: 1,80-3,61), seguida de un nivel salarial insuficiente (RP: 2,29; IC95%: 1,58-3,32) y de la incapacidad para ejercer derechos (RP: 1,49; IC95%: 1,00-2,20), pero como en el caso anterior, las diferencias no son significativas. La temporalidad, por su parte, no se asocia a peores resultados en salud mental cuando se ajustan los modelos por el conjunto de variables, tanto en hombres como en mujeres, ni tampoco el desempoderamiento y los derechos en el caso de las mujeres, y la vulnerabilidad entre los hombres. Por último, en la dimensión «derechos», un nivel alto de precariedad en los hombres se convierte en un factor protector (RP: 0,41; IC95%: 0,21-0,81) en el último modelo.

Aunque los hallazgos de nuestro estudio no descartan la influencia de la situación económica sobre la mala salud mental, la precariedad laboral muestra un efecto independiente sobre la salud mental, como señalan también otros estudios que emplean la misma escala de precariedad EPRES11,28.

Varias de las dimensiones de la EPRES se relacionan significativamente con peor salud mental, incluso al ajustar los modelos por las variables socioeconómicas y el resto de las dimensiones, lo que sugiere un efecto particular e independiente de estas. El nivel salarial es, tanto en hombres como en mujeres, una de las dimensiones con estimaciones más altas, lo que podría explicarse por el mecanismo causal de la privación material12, que puede limitar el acceso a bienes esenciales29 y constituir una fuente de estrés importante30.

Otra de las dimensiones que se muestra más relacionada con la salud mental, pero solo en las mujeres, es la vulnerabilidad, analizada como el sentimiento de indefensión y el miedo a las represalias o a ser despedido/a por reclamar mejores condiciones o no cumplir ciertas órdenes. Es posible que, en el caso de las trabajadoras, la subordinación por la relación contractual con la persona empleadora se combine con la subordinación por género, es decir, que se intensifique su posición de inferioridad en una relación de poder con respecto a sus superiores, multiplicando los efectos adversos que la vulnerabilidad laboral ejerce sobre su salud. Este tipo de vulnerabilidad ha sido descrita como un tipo de subordinación laboral que se experimenta como una sensación de amenaza constante y obliga a los/las trabajadores/as a que cumplan más horas o asuman tareas y cargas de trabajo no estipuladas en sus contratos31.

Curiosamente, una de las dimensiones más características del mercado de trabajo español, la temporalidad, no se asocia significativamente con peores resultados de salud mental cuando se considera la posición socioeconómica, tanto en hombres como en mujeres. Estos resultados no concuerdan con los hallados por algunos estudios realizados para el conjunto del estado español y en otros países europeos32,33, aunque otras investigaciones no han encontrado peores resultados en salud entre trabajadores/as temporales frente a permanentes, al analizar otros aspectos relativos a la precariedad laboral34. En cualquier caso, que el impacto desaparezca al introducir las variables socioeconómicas puede indicar que la temporalidad es un fenómeno transversal en el mercado de trabajo español, que afecta incluso a sectores y puestos de trabajo por lo demás no precarizados.

Aunque con menor consistencia, otras características laborales que inciden negativamente en la salud mental son la incapacidad para ejercer determinados derechos y el desempoderamiento. Sin embargo, para la dimensión «ejercer derechos» no se aprecia un gradiente claro, mientras que el desempoderamiento solo parece afectar de manera negativa a la salud mental de los hombres. La imposibilidad de acceder a ciertos derechos, como disponer de los días de descanso estipulados o de días de permiso por motivos personales, así como carecer de poder de decisión en relación con las condiciones de trabajo, pueden relacionarse con la falta de control sobre el trabajo12 y generar una sensación de escasa autonomía, con efectos negativos sobre la salud mental. En el caso del desempoderamiento, además, no contar con poder de decisión en el ámbito laboral podría favorecer la exposición a unas condiciones de trabajo adversas12 y perjudiciales para la salud. En este sentido, algunos estudios han sugerido que, entre los hombres casados, la «obligación» de ejercer como sostén económico del hogar (breadwinner theory) puede hacer que acepten peores condiciones de trabajo que las mujeres17, si bien otras investigaciones han planteado la potencial relación entre algunos aspectos del empleo precario más prevalentes entre las mujeres y peores condiciones de trabajo35.

Por último, los hombres en situación de precariedad alta para la dimensión «derechos» tienen significativamente menos probabilidades de sufrir ansiedad y depresión que los no precarios, si bien este resultado puede deberse al hecho de que los categorizados como trabajadores muy precarios son aquellos que desconocen si tienen derecho a cobrar una indemnización por despido, y ese desconocimiento no les convierte necesariamente en trabajadores precarios.

El fichero de microdatos de la ESCAV utilizado para este artículo pertenece al Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Para acceder a él, contactar con el Departamento de Salud en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/web01-sedeform/es/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1013901&tipoPresentacion=1⟨uage=es

Andreu Segura.

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

E. Valero, M. Utzet y U. Martín concibieron el estudio. E. Valero realizó los cálculos estadísticos e interpretó los resultados, junto con M. Utzet y U. Martín. E. Valero redactó la primera versión del artículo, que fue revisada, trabajada y mejorada por M. Utzet y U. Martín. Todas las personas firmantes revisaron y estuvieron de acuerdo con la última versión del artículo.

La autora Erika Valero es beneficiaria del Programa Predoctoral de Personal Investigador No Doctor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco (España). No existe un código identificador del Programa Predoctoral del Gobierno Vasco.

Ninguno.