El efecto combinado de las bajas tasas de natalidad, el incremento de la esperanza de vida durante la segunda mitad del siglo xx y la implementación de políticas orientadas a la prolongación de la vida laboral, ha generado un incremento en la participación de personas trabajadoras mayores de 55 años en el mercado laboral1. Los cambios físicos, cognitivos, de personalidad y motivacionales que experimentan los/las trabajadores/as a medida que envejecen requieren una atención especial desde la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo2,3.

En este contexto, Basualto-Cárcamo et al.4 han publicado recientemente en Gaceta Sanitaria una investigación que evidencia el desarrollo insuficiente del marco normativo (leyes, reglamentos, guías técnicas y recomendaciones) en materia de prevención de riesgos laborales en España. El estudio identifica que solo el 21,9% de las normas analizadas incluyen medidas de seguridad y salud en el trabajo específicas para proteger a las personas trabajadoras mayores.

La normativa de prevención de riesgos laborales suele tener un carácter dispositivo o establecer un derecho mínimo necesario, lo que permite que, a través de la negociación colectiva, se desarrollen políticas que amplíen, detallen y mejoren las iniciativas legislativas5. De hecho, en la Resolución de 19 de mayo de 2023, mediante la que se registró y publicó en España el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V-AENC), los agentes sociales más representativos asumieron el compromiso de promover, a través de la negociación colectiva, la atención al envejecimiento y sus implicaciones en el ámbito laboral, incluyendo la implementación de los contenidos del Acuerdo Marco Autónomo sobre Envejecimiento Activo y Enfoque Intergeneracional, previamente adoptado por los agentes sociales europeos.

Ante el escaso desarrollo normativo en la materia, y tomando como referencia la metodología de codificaciones primarias y secundarias empleada por Basualto-Cárcamo et al.4 en su investigación, hemos llevado a cabo un estudio cualitativo de tipo descriptivo basado en el análisis de contenido de convenios colectivos, utilizando la herramienta ATLAS/ti versión 9. La muestra incluyó 239 convenios (51 sectoriales y 188 de empresa) publicados en el Boletín Oficial del Estado durante el primer año de vigencia del V-AENC.

Los resultados evidencian avances limitados (Fig. 1). De los 239 convenios colectivos analizados, solo 38 (el 15,9% de la muestra) incluyen alguna cláusula relacionada con la protección de la seguridad y la salud en el trabajo de las personas trabajadoras mayores, centrándose fundamentalmente en dos áreas.

Figura 1.

Diagrama de Sankey sobre los convenios colectivos que incluyen cláusulas para la protección de la seguridad y la salud en el trabajo de las personas trabajadoras mayores.

(0.31MB).

Por un lado, 19 convenios (el 50% de los 38) proponen medidas de carácter organizativo, como el cambio de puesto a uno que no requiera turnos rotativos o nocturnos, la prioridad para el horario de mañana o la reducción de la jornada laboral. Por otro lado, 17 convenios (el 44,7%) establecen la obligatoriedad de realizar reconocimientos médicos para evaluar la salud física (11 cláusulas) y psicológica (2 cláusulas) de los/las trabajadores/as mayores, con el fin de adaptar el puesto de trabajo a sus características personales.

En conclusión, estos resultados evidencian que tanto la normativa en materia de prevención de riesgos laborales4 como la negociación colectiva en España tienen el desafío de atender de manera adecuada las necesidades específicas de las personas trabajadoras mayores.