En la actualidad hay bastante acuerdo en que para modificar favorablemente la conducta alimentaria se requieren cambios profundos del ambiente alimentario, mediante medidas de demostrada eficacia como son la creación de impuestos (o restricciones a la venta) para las bebidas azucaradas, estrictas regulaciones sobre la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables dirigida a niños, o el etiquetado claro y obligatorio de los alimentos poco saludables1,2. Sin embargo, la industria alimentaria obstaculiza cualquier iniciativa que suponga una caída en la venta de sus productos, y en ocasiones lo consigue mediante las colaboraciones público-privadas que se presentan como una estrategia eficaz para mejorar la salud pública (cap. 1); colaboraciones que implican financiación directa o donación de bienes y servicios.
Las colaboraciones público-privadas que se establecen entre entidades públicas (gobierno, administraciones, universidades), de la sociedad civil (grupos de pacientes, organizaciones no gubernamentales, fundaciones) y privadas (corporaciones, organizaciones de comercio o empresariales) se justifican para evitar que las corporaciones queden damnificadas. A pesar de ello, utilizan su poder económico para influir en la toma decisiones políticas. Lo que para el actor con mayor poder económico (la corporación), las colaboraciones público-privadas tienen un bajo coste, para los organismos públicos deseosos de financiación generan reciprocidad (cap. 4), alejándolas progresivamente de sus obligaciones con la ciudadanía (cap. 2).
Apoyándose en varias áreas de conocimiento, como la filosofía, el derecho, la ciencia política, la antropología y la psicología, la obra de Marks rebate el argumento de inclusividad, puesto que las entidades privadas no deben tener iguales derechos en la toma de decisiones sobre políticas dirigidas al bien común. Más que la solución, las corporaciones son frecuentemente la causa de los problemas de salud pública. Marks nos recuerda que son los organismos públicos (y no las corporaciones) los únicos guardianes del «bien común» o «bien público».
Una de las fortalezas del libro es el cuidado que pone en el uso preciso del lenguaje. Por ejemplo, al emplear el término «bien público» en lugar de «bien común», que se presta a ser interpretado como «terreno común», fomentando de esta forma las colaboraciones público-privadas (cap. 3). También es una fortaleza su concisión, que no ahorra en numerosas referencias bibliográficas y dos apéndices adicionales.
Se trata de un libro dirigido fundamentalmente a personas encargadas de desarrollar políticas relacionadas con la salud, investigadores y gestores de la investigación. Aunque muchos ejemplos de colaboraciones con la industria alimentaria provienen de los Estados Unidos (cap. 6), sus lecciones son extrapolables a otros países de alta o media renta. En España existe una creciente evidencia del impacto negativo para la salud pública de los acuerdos público-privados con la industria alimentaria; por ejemplo, las carencias y el incumplimiento de las normas del Código PAOS han sido recientemente denunciadas por Royo-Bordonada et al.2.
Otros efectos perniciosos de las colaboraciones público-privadas son la manera en la que se formulan los problemas y las soluciones de salud (framing), y el dictado de las agendas de investigación y la manipulación de la ciencia, entre otros (cap. 7). En España, véase la influencia de la compañía Coca-Cola en las agendas de investigación nutricional desarrolladas por investigadores adscritos a universidades en los últimos años3.
Para Marks, la decisión de si es pertinente colaborar o no con una empresa privada no debe limitarse a un simple análisis de coste-beneficio, sino que dicha decisión debe basarse en un diagnóstico de la integridad institucional. Para ello, el autor propone analizar la coherencia entre el propósito (lo que dicen los estatutos, normativas, constituciones fundacionales de una institución), la misión (lo que dicha institución dice que hace) y las prácticas (lo que dicha institución hace). Dicho diagnóstico se debería llevar a cabo, idealmente, por un grupo externo, independiente, apoyándose en una matriz de la integridad (cap. 8).
Entre las debilidades, el autor no propone ningún modelo que facilite a las instituciones públicas valorar la pertinencia de colaborar con una entidad privada. Tampoco se menciona en la conclusión del libro (cap. 9) si los diagnósticos de la integridad institucional de las entidades públicas al examinar una colaboración público-privada deberían ser de iniciativa voluntaria, o en cambio una obligación regulada por una ley de ética institucional.
En resumen, se trata de una lectura muy recomendable para todas aquellas personas interesadas en el estudio de los determinantes comerciales de la salud.
