Las estadísticas de mortalidad son una de las fuentes de información de mayor interés para la salud pública1,2. Su exhaustividad y su calidad constituyen elementos importantes para fomentar su utilización y generar la confianza adecuada respecto a su validez entre los usuarios de ellas3,4. En el circuito de información de las estadísticas de causas de muerte en España intervienen como pieza clave las oficinas de los Registros Civiles de los municipios, que son los encargados de enviar los documentos estadísticos donde se recogen las causas de muerte a las delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en última instancia es el responsable de estas estadísticas. A partir del año 2005, por requerimientos de organismos nacionales e internacionales, el INE decidió cambiar el proceso de obtención de los datos definitivos en el sentido de variar el número de meses para su procesado, pasando de 18 (12 del año al que corresponden los datos, más otros seis meses para recuperar los datos debidos a los atrasos en el envío de los documentos de los Registros Civiles a las delegaciones del INE) a los 14 actuales (12 meses del año estadístico más otros dos para recuperar los atrasos).
Para evaluar el impacto que esta medida haya podido tener sobre la exhaustividad de las estadísticas de mortalidad, se ha comparado el número de defunciones recibidas en las oficinas del Registro de Mortalidad de Andalucía procedentes de las delegaciones provinciales del INE. Por un lado se han contabilizado las recibidas dentro de los 14 meses establecidos por la nueva norma, y por otro las contabilizadas con la norma de los 18 meses aplicada hasta 2005. Al primer grupo de defunciones las denominaremos «oficiales» (son las que el INE publica y distribuye como datos estadísticos oficiales) y a las segundas las denominaremos «reales» (en Andalucía, con los seis meses más del año siguiente se han recibido prácticamente todas las defunciones que se han producido). Se han calculado las diferencias entre ambas cifras y el porcentaje que representa esta diferencia sobre el total de defunciones reales. La evaluación se ha realizado sobre las defunciones en Andalucía y sus provincias en los años 2000 a 2007 (ambos inclusive).
Hasta 2005, en el conjunto de Andalucía y en todas sus provincias las diferencias entre el número de defunciones oficiales y las reales han sido muy pequeñas; es decir, la exhaustividad del sistema de información sobre mortalidad en Andalucía estaba en torno al 100%, con unas pequeñas pérdidas que no afectaban a las cifras municipales. Sin embargo, a partir de 2005 las diferencias aumentan, y en 2007 el número de defunciones oficiales fue de 65.215, mientras que el número de defunciones reales fue de 66.244, una diferencia de 1.029 defunciones, lo que representa un 1,55% sobre el total de defunciones reales. Esta diferencia se concentra casi exclusivamente (un 84%) en una sola provincia, Cádiz. En ella, en 2007, la diferencia entre el número de defunciones oficiales (8.379) y reales (9.236) fue de 857, lo que representa casi un 10% de defunciones oficiales menos respecto a las reales. El problema se encuentra en un pequeño grupo de municipios ubicados mayoritariamente en la Bahía de Cádiz. Si no se realiza una corrección, los indicadores de mortalidad elaborados con los datos de 2007 estarán sesgados, principalmente en los municipios afectados y también en el conjunto de la provincia de Cádiz, y en mucha menor medida en el conjunto de Andalucía.
Puesto que la modificación de los plazos comentada en el primer párrafo tiene carácter estatal, sería conveniente que el INE, como órgano estadístico nacional, procediera a evaluar y corregir en su caso las series de estadísticas de causa de muerte, ya que dispone de los datos para hacerlo. Sería necesario, por otro lado, llevar a cabo las diligencias necesarias con los Registros Civiles de los municipios más afectados para que este problema se solucione. Es especialmente urgente dar solución al problema de la provincia de Cádiz.
