El Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas define la trata como «la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona recurriendo a la amenaza o abuso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño o abuso de poder o de situación de vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona». En estas condiciones, la explotación de la víctima puede revestir diversas formas: explotación sexual, laboral, trabajos forzosos, tráfico de órganos o servidumbre.
Como consecuencia de la globalización y la mejora de la movilidad de las personas, estos delitos se producen en un entorno transnacional donde las víctimas suelen ser captadas en países en vías de desarrollo para poder ser explotadas en países económicamente más favorecidos1. A pesar de la dificultad de calcular las dimensiones del problema, la International Organization of Migration estima en cuatro millones el número de mujeres y chicas explotadas en la prostitución o forzadas a casarse en el mundo, lo que representaría un volumen de negocio de 7.000 a 10.000 millones de dólares2. En Europa, la International Labour Organization estima que hay 140.000 víctimas de trata que podrían generar un volumen de negocio de 2.500 millones de euros3. Otros estudios sobre la prostitución calculan que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución lo hace en forma de trata4.
La clandestinidad que caracteriza a este fenómeno no sólo es la mejor fortaleza para los traficantes, sino que constituye la mayor debilidad para las víctimas. Por un lado, los grupos criminales captan, engañan y explotan a las víctimas bajo graves coacciones y amenazas para evitar su identificación, y por otro lado, la explotación de las víctimas se produce en mercados opacos, como la prostitución. En este contexto, la identificación, la detección y la protección de las víctimas es claramente excepcional5 y representa un grave impedimento para la puesta en marcha de estrategias de atención sanitaria, psicológica, laboral y social. La situación de riesgo y desprotección de estas víctimas merece atención urgente por parte de las autoridades públicas, en general, y del sector salud en particular6.
Factores explicativos del negocio de la trata de personasLos flujos migratorios, las desigualdades sociales, los conflictos políticos, la globalización y las facilidades de comunicación actuales constituyen el caldo de cultivo de un fenómeno que ha crecido de forma alarmante en los últimos años7. Estos factores empujan a las víctimas a engrosar una demanda de emigración especialmente atractiva para las redes criminales, cuyo principal objetivo es el lucro económico obtenido a partir de actividades asentadas en la restricción o la demanda legal desatendida de servicios sexuales8. Si bien el negocio de la prostitución y la explotación sexual ha sido un negocio tradicional del crimen organizado9, en los últimos años ha supuesto una oportunidad criminal transnacional alternativa frente a mercados mucho más fiscalizados o explotados, como el tráfico de drogas10.
Perfil de las víctimas y consecuencias físicas y psicológicas de la explotación sexualDe la más amplia base de datos de víctimas traficadas en todo el mundo (5.233 casos) podemos inferir algunas características que nos muestran el perfil de las víctimas de trata con fines de explotación sexual1. El 80% son mujeres, el 74% tiene menos de 25 años, más del 55% son solteras, divorciadas o separadas, y el 27% tienen hijos. Si bien no todas las mujeres están desempleadas antes de ser víctimas, más de la mitad tienen un empleo por el cual perciben menos de 100 dólares al mes.
Los estudios realizados por entidades y organizaciones no gubernamentales11 encargadas de la protección de las víctimas de trata nos alertan reiteradamente sobre su situación de vulnerabilidad: son víctimas de amenazas y abusos por parte de sus traficantes, son extranjeras en situación irregular en el país de explotación, y padecen graves secuelas físicas y psicológicas como consecuencia de la coacción y la explotación sexual continuadas12. Según uno de los pocos estudios existentes sobre los riesgos de salud de las víctimas de trata, éstos se producen en las diferentes fases de la trata. Con anterioridad al proceso de trata, la violencia física sufrida por las víctimas (60%) es superior a la violencia sexual (32%). Esta proporción se invierte durante el transporte al país de desino, donde el abuso de carácter sexual (90%) es ampliamente superior al físico (76%). Finalmente, en la fase de explotación, los abusos sexuales son más graves durante los primeros días, pero a largo plazo las secuelas y los problemas físicos son los más abundantes y persistentes.
En relación a las consecuencias físicas y psicológicas de la trata con fines de explotación sexual, los estudios destacan con mayor frecuencia los siguientes13: a) problemas físicos, como lesiones, roturas de huesos, quemaduras, cortes o heridas, trastornos alimentarios, problemas de sueño, fatiga o relacionados con la privación de necesidades básicas; b) problemas relacionados con la salud sexual o reproductiva, como violaciones y abusos sexuales, prácticas sexuales traumáticas, abortos y embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc.; c) consumo y dependencia de medicamentos o drogas como forma de sometimiento y explotación; y d) problemas de tipo psicológico, como estrés agudo, estrés postraumático, ansiedad, fobias, ataques de pánico y depresión.
Papel del sector salud en la asistencia y la protección de las víctimasLa reclusión forzosa a que se ven sometidas las víctimas por parte de sus explotadores les impide tomar conciencia de su victimización y acudir a las autoridades en busca de ayuda. Por ello, la actitud de las instituciones públicas debe ser especialmente proactiva respecto a la provisión de información sobre las consecuencias físicas y psicológicas de la explotación sexual, a la identificación de casos sometidos a dicha explotación y a la puesta en marcha de servicios especializados. En este sentido, las instituciones sanitarias desempeñan un papel esencial por constituir lugares de referencia a los cuales acuden muchas víctimas solicitando asistencia médica.
Desde el año 2008, España cuenta con un «Plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual» que incluye, como una de sus acciones, el establecimiento de protocolos de detección y denuncia de situación de trata y explotación en el ámbito sanitario. Estos instrumentos constituyen una herramienta de vital relevancia para la puesta en marcha de los dispositivos de protección y apoyo que se prevén en nuestra legislación (periodo de reflexión, permiso de residencia y trabajo, programas de protección y centros de acogida, programas de retorno o inserción laboral). Sin embargo, hay un alto porcentaje de víctimas que no acuden a las instituciones sanitarias por carecer de estatus legal en nuestro país o por impedimento forzoso por parte de sus captores14. Es imprescindible que los poderes públicos establezcan mecanismos para que estas víctimas no sólo puedan disponer de una atención sanitaria adecuada, sino que cuenten con información sobre los riesgos sanitarios y psicológicos asociados a la explotación sexual y los recursos existentes.
