El presidente de los Estados Unidos de América acaba de implementar políticas desterrando el concepto de género de la investigación científica en la orden ejecutiva Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restableciendo la verdad biológica en el Gobierno Federal1. Con esta orden, se eliminan las referencias al género y a la identidad de género en todas las normativas y documentos, lo cual ya se ha hecho efectivo en los Centers for Disease Control and Prevention2.

La eliminación de los conceptos de género y de identidad de género atenta contra los derechos humanos, limita la investigación e impide el avance en el conocimiento científico, con consecuencias negativas para la salud de las mujeres. Estas medidas legitiman actitudes discriminatorias en la sociedad, con capacidad de producir un incremento de la violencia de género y de los crímenes de odio3.

Es relevante subrayar estos hechos desde la óptica de una salud pública con perspectiva de género y feminista, que defiende, entre otros aspectos, una ciencia inclusiva y diversa, basada en la evidencia científica y comprometida con la equidad.

Todas estas medidas tienen un impacto directo para la salud de las mujeres: producen una investigación sesgada y una desigual y deficiente atención sanitaria4. Y desde el punto de vista de la salud pública, tendrán consecuencias sobre las políticas sanitarias: conllevarán dificultades en la recolección de datos epidemiológicos de los registros oficiales, sin información sobre las desigualdades en salud de las mujeres, que junto con la comunidad LGBTQI+ quedarán excluidas de las encuestas y de los estudios epidemiológicos; y existirá información incompleta en la vigilancia de determinadas enfermedades, incrementando la doble discriminación a la que se ven expuestas las mujeres no heterosexuales5. Todo ello supone una invisibilización de los problemas de salud, una discriminación por los sistemas de salud que aumentará las desigualdades y las barreras en el acceso a los servicios de salud, generando una atención médica inadecuada.

En cuanto a las políticas de salud pública, las consecuencias serán una reducción de los derechos reproductivos, y una menor y deficiente efectividad en la respuesta a emergencias (pandemias, brotes, etc.) por la pérdida de los factores que exponen a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad. Así, la formulación de políticas no reflejará la realidad de la población, y serán también ineficaces.

Todas estas medidas representan un retroceso en equidad en salud, con la desaparición de programas e investigaciones destinados a reducir la brecha de género en salud, un aumento de la violencia de género y de los delitos de odio ante la falta de respuesta institucional, y una exclusión de las mujeres en los ensayos clínicos, con una investigación exenta de perspectiva de género.

Queda por ver cuál va a ser la respuesta de las instituciones y de las sociedades científicas. También existe el peligro de la normalización de narrativas donde el género sea irrelevante para la ciencia, o la normalización de los discursos antigénero.

Nos encontramos ante un panorama desolador en el que los y las profesionales de la salud pública tenemos mucho que decir. Es necesaria una resistencia colectiva dentro de la comunidad científica para evitar la imposición de políticas regresivas.