Del análisis de los resultados producidos por la aplicación del Real Decreto-Ley 16/20121 a las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que carecen de la condición de asegurados, se deduce que los responsables político-sanitarios que han tomado la decisión de expulsar del sistema sanitario a estos pacientes, además de tener poca humanidad, tienen un escaso conocimiento de lo que es la eficiencia en sanidad y más aún en salud pública. Poca humanidad, porque es inhumano retirar el acceso a la asistencia sanitaria y a la financiación de un tratamiento a un paciente que puede morir en un plazo de unos años si no se medica; tan inhumano como sería no atender a alguien que acude a urgencias con una hemorragia que le causará la muerte en unas horas si no se opera. Y además, es poco eficiente al menos por dos motivos. Primero porque cuando una persona con VIH recibe tratamiento, la probabilidad de que transmita la infección desciende mucho2, hasta el punto de que a las parejas heterosexuales que se plantean tener hijos se les puede recomendar, en determinadas circunstancias, no utilizar el preservativo en lugar de recurrir a métodos de fecundación artificial3. Por el contrario, si una persona con VIH no recibe tratamiento, el riesgo de que pueda transmitir la infección aumenta considerablemente. Dependiendo del grado de supresión de la carga viral y del número de parejas sexuales que tengan las personas no diagnosticadas, la transmisión de la infección es entre tres y siete veces mayor que la de las personas que reciben tratamiento4. Y con la expulsión de determinados pacientes residentes en España de lo que hasta ahora ha sido el Sistema Nacional de Salud, estamos aumentando el número de personas sin tratamiento. ¿Han calculado nuestros políticos el “ahorro” que va a suponer dejar de financiar el tratamiento de un hombre homosexual con VIH que trabaje en prostitución y que tenga cinco o seis relaciones sexuales al día sin preservativo?5 En segundo lugar, un paciente diagnosticado tardíamente o que está diagnosticado precozmente pero no puede beneficiarse del tratamiento porque carece de tarjeta sanitaria, va a tener una evolución mucho peor que si recibiera tratamiento. Y esa peor evolución supondrá, entre otras consecuencias, un gasto por paciente 4,5 veces mayor6 que si se hubiera tratado en el momento adecuado. Escaso ahorro va a suponer eliminar un tratamiento antirretroviral, si eso se traduce en la aparición de patologías graves, que esta vez sí, serán atendidas como urgencias y generarán ingresos hospitalarios que producirán un gasto considerable. Y lo que es más importante, un sufrimiento innecesario.

Dejar de diagnosticar y tratar a personas con VIH que viven entre nosotros es ineficiente y, lo que es más importante, inhumano. Tan inhumano como dejar de atender a cualquier paciente que lo necesite. Es imprescindible que los responsables políticos consulten con quienes conocen los temas sobre los que tienen que legislar, para poder elaborar unas leyes más justas. Afortunadamente, algunas comunidades autónomas han rectificado el error del ministerio7.