En las últimas décadas, España ha experimentado importantes transformaciones sociodemográficas, pasando de ser una sociedad más o menos homogénea a una mucho más plural. Al rebufo de esa diversidad social ha aflorado el conflicto social en forma de prejuicios, intolerancia, discriminación y agresiones motivadas por la aversión al diferente, a lo que han contribuido las actuales condiciones económicas y ciertos mensajes arropados por algunos grupos políticos. Este tipo de actitudes y conductas conducen a los llamados –y últimamente muy mediáticos– incidentes o delitos de odio, que son causados por el rechazo hacia una característica de la víctima, como su origen étnico, nacionalidad, idioma, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional o intelectual, u otro factor similar, sea o no real1.

Pese a tratarse de un fenómeno que sucede globalmente, que no es nuevo, que tiene una magnitud considerable y un importante impacto sobre la salud de las personas, la implicación del sector salud en su respuesta es aún muy limitada y se ha centrado más en sus repercusiones sobre la salud mental (en especial desde que en 1987 la American Psychological Association se hizo eco de ellas2) y en sus consecuencias sociales, ya que el incidente que sufre una persona se expande y afecta al grupo al que pertenece, y puede conducir a una pérdida de cohesión social3. Siguiendo las recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud (1996) respecto a la violencia, necesitamos acercar el problema de los incidentes de odio a la salud pública, sacándolos del paradigma exclusivo de la ley y el orden.

Para la salud pública siempre ha resultado un desafío posicionarse frente al estudio y el abordaje de la violencia en general4. Además, la desatención académica por el tema provoca un sentimiento de falta de preparación en el conjunto de los profesionales de la salud. Sin embargo, es evidente que los incidentes de odio, además de ser atentados contra los derechos humanos, afectan a la salud de las personas que los sufren, y estas requieren una atención que va más allá del tratamiento de las lesiones físicas.

Ante la necesidad de un acercamiento desde el sector salud, se propone el término de «violencia de odio» para referirse al uso intencional de la fuerza o del poder físico por una motivación de rechazo y discriminación hacia una característica –real o supuesta– de la víctima, como su confesión religiosa, origen étnico o nacional, orientación sexual o identidad de género, etc., y que tiene como resultado un impacto negativo sobre la salud física o mental de la persona agredida, a corto o largo plazo. Asimilarla a otras formas de violencia la hace más familiar y permite el uso de herramientas y marcos conceptuales ya validados5.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la violencia interpersonal fue la tercera causa de muerte en personas de 15 a 29 años en 2015 (la segunda entre los hombres) y la octava causa en las de 30 a 49 años6. Aunque estas cifras ya son alarmantes, no hay que olvidar que son solo la punta del iceberg y que, por cada persona que muere, un número mayor necesita ingresar en un hospital, otro aún mayor requiere atención urgente y muchas más acuden a los centros de salud más cercanos o simplemente no buscan ayuda profesional7.

Pese al importante impacto de la violencia de odio en los servicios sanitarios, existen pocos datos sobre sus consecuencias no mortales8,9. Entre los daños físicos, que pueden ser más graves que en otros tipos de violencia10, están las lesiones y heridas de cualquier gravedad y localización, en ocasiones incapacitantes. La hipertensión y la enfermedad cardiovascular también se han asociado a la discriminación por diferentes motivos11,12. A ello se suman las importantes secuelas psicológicas y emocionales que pueden aparecer a corto, medio o largo plazo13 (terror, rabia, sentimientos de impotencia e indefensión, desconfianza, depresión, síndrome de estrés postraumático), y también cambios conductuales (abuso de alcohol y otras drogas, prácticas sexuales de riesgo) y modificaciones en su relación con el medio (cambiar de barrio, evitar ciertos lugares, búsqueda de represalias, negación de la causa del incidente, etc.). Esta violencia extiende sus efectos a otras personas del mismo grupo que la víctima, provocándoles angustia, miedo, aislamiento, sentimiento de vulnerabilidad e impotencia, y causando gran malestar e inseguridad en la comunidad.

El compromiso de los organismos internacionales frente a los delitos de odio ha impulsado en España progresos en su abordaje, mediante la creación de fiscalías especializadas14, la mejora de los sistemas de información policial y la formación de las fuerzas de seguridad del Estado15, así como la sensibilización en el ámbito educativo16. El Ministerio del Interior publica datos anuales sobre los incidentes registrados, que en 2016 ascendieron a 132817, si bien se estima que solo se denuncian un 10-20% de los casos, por falta de confianza en las fuerzas de seguridad, normalización de la violencia, miedo a represalias, vergüenza y negación de los hechos, o por situaciones de sinhogarismo o irregularidad en el país. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales españolas han desempeñado una importante labor en la visibilización de este tipo de incidentes18, elaborando programas y registros no oficiales19–22.

Los servicios de salud deben garantizar una atención integral y de calidad que aborde la reparación de las lesiones físicas y psicológicas de la víctima, la valoración de su riesgo de nuevas agresiones y la derivación a recursos sociales en su caso. También es primordial la continuidad de los cuidados desde atención primaria y salud mental para prevenir o atenuar los posibles efectos a medio y largo plazo5.

La violencia de odio no sucede de forma aleatoria, es decir, puede prevenirse. Para ello es primordial la implicación de todo el sector salud, pero fundamentalmente de la salud pública, en su estudio y adecuado abordaje, como se viene reclamando desde distintos grupos23,24. La salud pública tiene entre sus funciones el análisis de la magnitud del problema y de sus factores de riesgo y protección, el registro de casos, la vigilancia epidemiológica, la elaboración de estrategias y de protocolos de actuación, el desarrollo de programas de prevención y su evaluación, la investigación y la incidencia política para una adecuada toma de decisiones (fig. 1)7.

Figura 1.

Papel de la salud pública en el estudio y la prevención de la violencia de odio. Fuente: Modificada de EuroSafe. Policy briefing 1 (2007). The role of public health in injury prevention7.

(0.12MB).

La detección, el registro y la vigilancia de la violencia de odio permitiría caracterizar mejor el fenómeno, geolocalizar los casos y lanzar hipótesis sobre los espacios de intervención25,26, para fortalecer la promoción y la prevención, y para empoderar a las poblaciones vulnerables.

Es necesario trazar modelos conceptuales, indagar en las causas subyacentes27, analizar conjuntamente diferentes motivos de discriminación28, estudiar el acceso a los servicios de salud de las poblaciones afectadas, las percepciones y las actitudes del personal de salud hacia el fenómeno, y evaluar las intervenciones para mostrar las prácticas más eficaces y eficientes.

La investigación en salud es imprescindible para mejorar el conocimiento de la violencia de odio. La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2015) apuesta por reducir significativamente todas las formas de violencia para lograr la paz. Pese a ello, hay quien cree que no es el momento de realizar intervenciones a gran escala frente a la violencia interpersonal, y que quizá en una década se tenga la evidencia suficiente para hacerlo29, si bien hay quien señala la urgencia de actuar ya, empezando por visibilizar el impacto de este grave problema ante los líderes políticos, los profesionales de la salud pública y la población30.

La prevención de la violencia de odio puede beneficiarse de la experiencia en la actuación frente a otros tipos de violencia, principalmente de género y maltrato infantil, así como de experiencias específicas realizadas en otros países7,25,26,28. Las acciones prioritarias serían:

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  Estandarización de la recogida de datos sobre violencia de odio, e identificación y evaluación de los sistemas de información existentes.

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  Establecimiento de un protocolo de actuación estatal que asegure una atención específica y de calidad, ajustada a las necesidades de las víctimas de violencia de odio5.

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  Inclusión de la formación sobre el abordaje de las consecuencias de las distintas formas de violencia en las disciplinas relacionadas con la salud.

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  Fomento de la prevención primaria de la violencia de odio, implicando las intervenciones de organizaciones no gubernamentales.

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  Liderazgo del sector salud en la coordinación, junto con otras partes interesadas, institucionales y de la sociedad civil, de una respuesta multisectorial, integral y mantenida, para atender y prevenir todas las formas de violencia, incluida la violencia de odio.

La prevención de la violencia de odio pasa, inexcusablemente, por fomentar la igualdad y la equidad en todas las políticas, atendiendo a la diversidad, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.

M.A. Rodríguez Arenas diseñó el documento y redactó el manuscrito y las revisiones sucesivas. C. Gil Borrelli contribuyó al diseño y la redacción del borrador inicial. M.D. Martín-Ríos contribuyó de forma fundamental en la revisión del documento. Las opiniones expresadas son las de las personas firmantes y no representan necesariamente la posición oficial del Instituto de Salud Carlos III ni del Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Acción Estratégica en Salud 2013: PI13/02267

Ninguno.