Chile ha experimentado un explosivo desarrollo agrícola en los últimos 25 años1, convirtiéndose en una potencia mundial de la agroindustria2. Ubicado al sur de Latinoamérica (17°30’ y 56°30’ latitud sur), Chile posee diversidad de climas apropiados para la agricultura, que constituye la segunda actividad económica con uso intensivo de recursos naturales que más aporta al producto interior bruto nacional (3,1%), después de la minería (9,8%)3,4.

Respecto del uso de fitosanitarios en la agroindustria chilena, el último registro de venta de plaguicidas indica que en el año 2012 se comercializaron cerca de 40 toneladas, de las que el 47% corresponden a fungicidas y bactericidas, el 21% a herbicidas, el 19% a insecticidas y el 13% restante a otros grupos químicos5. Dentro de los insecticidas, los más vendidos fueron los organofosforados (OP), los carbamatos (CB) y los piretroides (PI). Todos ellos afectan el sistema nervioso del organismo blanco. La inhibición de la acetilcolinesterasa eritrocitaria (AChE)6 es el mecanismo de acción de los OP y los CB, mientras que los PI producen una alteración de los canales de sodio en las neuronas7. Respecto a los fungicidas y herbicidas, estos también tienen un uso masivo, en especial el paraquat, el glifosato y el 2,4D, herbicidas restringidos o en vías de prohibición en varios países8–10, y clasificados los dos últimos como probables carcinógenos en humanos11,12.

En Chile, las consecuencias de la exposición a plaguicidas en la salud han sido escasamente estudiadas. Si bien la sintomatología de las intoxicaciones agudas está bien caracterizada, la exposición prolongada a concentraciones subclínicas es una preocupación, pues se asocia a deterioro cognitivo, alteraciones reproductivas, cáncer, diabetes, alteraciones neuroconductuales y del neurodesarrollo, malformaciones congénitas y enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, entre otras13,14.

La regulación para la vigilancia de la exposición ocupacional a plaguicidas en Chile depende del Ministerio de Salud con el apoyo del Instituto de Salud Pública. Parte de estas directrices están contenidas en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (Decreto Supremo N.° 594)15, el cual establece como único biomarcador de exposición a plaguicidas OP/CB la inhibición de la actividad de las enzimas colinesterasa plasmática y eritrocítica (BuChE y AChE, respectivamente), y fija como límite de tolerancia biológica el 30% inmediatamente después de la fumigación, respecto al valor basal obtenido en el mismo individuo; valores mayores de inhibición indican riesgo para la salud del trabajador. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero16, regula materias relacionadas con la importación y la venta de plaguicidas de uso agrícola; el último registro al cual se puede acceder públicamente es el correspondiente al año 2012.

A pesar de estas y otras regulaciones, como el uso de elementos de protección personal17, se desconoce la magnitud de la exposición laboral y ambiental a agrotóxicos y su impacto en la salud de la población. Sumado a esto, existe preocupación por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad con una insuficiente fiscalización, lo que ha llevado a un incremento de las investigaciones sobre el impacto en la salud asociado al uso de plaguicidas en Chile. En este contexto, en octubre de 2018 se conformó la RED de Investigadores en Plaguicidas (RIPlag), cuyo propósito es generar evidencia epidemiológica de calidad y articular esfuerzos para reducir la exposición a plaguicidas, especialmente promoviendo la prohibición del uso de los ya restringidos o prohibidos en mercados internacionales por la evidencia de los daños que producen en la salud y en el ecosistema18,19.

El objetivo de esta revisión sistemática es recopilar y analizar la evidencia epidemiológica generada en Chile sobre los efectos del uso de plaguicidas en la salud. Se espera facilitar el acceso de esta información a la comunidad y a los organismos gubernamentales, y fomentar la discusión pública para establecer agendas de investigación y desarrollo de políticas públicas orientadas a proteger la salud y el medio ambiente acordes a la realidad chilena.

Se realizó una búsqueda de publicaciones científicas en las bases de datos PubMed y SciELO de acuerdo con los criterios PRISMA20. Se utilizaron los términos MeSH plaguicidas+exposiciónhumana+Chile, en español e inglés. Los criterios de inclusión fueron: a) estudios epidemiológicos descriptivos o analíticos de exposición ocupacional o ambiental a plaguicidas; b) mediciones de biomarcadores de exposición, efecto o susceptibilidad en población chilena; c) estudios que identificaron vías o predictores de exposición a plaguicidas. No se establecieron límites de año de publicación y se consideraron hasta septiembre de 2019. Se excluyeron estudios experimentales o ambientales, revisiones, casos clínicos, reportes de series de casos y documentos de tipo regulatorio o económicos.

Durante el proceso de selección (fig. 1)21 cada artículo fue revisado por dos expertos de manera independiente, que no participaron de la búsqueda. Se identificaron 61 artículos, de ellos, 19 cumplieron los criterios de inclusión. El contenido de los estudios se organizó según la evidencia de efectos en la salud asociados a la exposición (tabla 1) y la estimación de la exposición o la susceptibilidad a los plaguicidas sin determinación de efectos. Estos últimos se comentan solo en el cuerpo del artículo. Los estudios resumidos en la tabla 1 se caracterizaron según ítems PICO (Paciente/participante, Intervención, Comparación y Outcomes/resultados), detallando el diseño del estudio, el tamaño de la muestra, la evaluación de la exposición, la medición del efecto y el control de factores de confusión. Cada artículo fue evaluado respecto a su calidad siguiendo criterios ya validados22, y se valoró cada uno de los ítems PICO.

Figura 1.

Diagrama de flujo PRISMA adaptado del proceso de revisión sistemática bibliográfica realizado y sus resultados20.

(0.31MB).

Los 19 estudios chilenos incluidos en esta revisión fueron realizados en siete regiones del país (fig. 2), en su mayoría por universidades (68%) o en colaboración con hospitales (16%), o con estos y con entidades gubernamentales como el Ministerio de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero (16%). Los principales grupos poblacionales estudiados fueron trabajadores agrícolas (50%), niños/as (25%) y mujeres en edad fértil (25%), y los efectos más reportados fueron los neurotóxicos (54%), los genotóxicos (31%) y los reproductivos (15%). En la mayoría de los estudios se usó un diseño epidemiológico transversal (85%), con estimación de la exposición a través de cuestionarios (83%). Solo en tres estudios (17%) se cuantificó la concentración de plaguicidas o de sus metabolitos en sangre u orina. Los plaguicidas más estudiados fueron los OP (53%), mientras que en el resto de los estudios no se especificó el tipo de plaguicida o se trataba de exposición a mezclas de estos. Según criterios de calidad, el 54% mostró una calidad intermedia/baja, mientras que el 46% mostró una calidad intermedia.

Figura 2.

Distribución geográfica de las áreas con investigación epidemiológica en Chile.

(0.27MB).

Los estudios incluidos en esta revisión confirman el riesgo para la salud de la exposición a plaguicidas en el ámbito laboral y en la población general, incluyendo mujeres embarazadas y niños/as. Se determinó un bajo desempeño cognitivo en trabajadores y escolares, y alteraciones del sistema nervioso periférico en trabajadores. Los estudios mostraron mayor daño genético, riesgo de presentar cáncer de mama y riesgo reproductivo en mujeres expuestas. Estos efectos son similares a los reportados en estudios internacionales47.

Los niveles de exposición encontrados tanto en población infantil, a través de la cuantificación de DAP en orina, como en trabajadores y población general rural, a través de la inhibición de las colinesterasas, están por encima de lo observado en otros países45,46,48–51. Si bien es la población ocupacional la que se considera de riesgo, los estudios demuestran que la población general también se encuentra ambientalmente expuesta, con inhibiciones significativas de AChE y BuChE durante la época de fumigación, y a través del consumo de frutas y vegetales con residuos de plaguicidas en población tanto urbana como rural28,37,40,41.

Los/las niños/as son especialmente vulnerables dado que su sistema nervioso está aún en formación. Las concentraciones de metabolitos DAP encontrados en la orina de escolares chilenos40,43 son superiores a las reportadas en estudios realizados en cohortes de personas adultas y niños/as hispanos/as en los Estados Unidos, a quienes se ha detectado déficit de atención52 y bajo desempeño neuroconductual53, y en estudios en Brasil54 y China55 que las han asociado con leucemia.

En esta revisión solo se han encontrado tres estudios en los que se midió la presencia de plaguicidas o de sus metabolitos en las personas23,30,41. Esto se debe a que, en la actualidad, en Chile y en Latinoamérica no existen laboratorios acreditados capaces de analizar plaguicidas en muestras biológicas, y es necesario enviarlas a laboratorios de los Estados Unidos o de Europa, lo cual implica costos muy elevados; además, la mayoría de los estudios de exposición a plaguicidas se hayan centrado en plaguicidas inhibidores de las acetilcolinesterasas (OP/CB)37,40,44.

Por otro lado, se demuestra44 la predominancia del problema ambiental por sobre la conducta de las personas, y la presencia de plaguicidas prohibidos hace casi dos décadas por su alta peligrosidad para la salud, en niños/as de escuelas rurales. Cortes et al.56 reafirman este problema ambiental al hallar niveles detectables de plaguicidas en el aire de la comuna de Molina, Región del Maule. A pesar del predominio de estudios transversales y con muestras pequeñas, lo que determina que su calidad sea intermedia, es esperable que se genere nueva evidencia a partir de la cohorte MAUCO57, en la que se han incluido cerca de 4000 trabajadores agrícolas. Sin duda, la evidencia que aportan los estudios revisados plantean la urgencia de tomar medidas de mayor alcance para el control del riesgo de exposición y de amortiguación de la deriva de las fumigaciones hacia poblaciones aledañas, mediante el fortalecimiento de las regulaciones vigentes y de los sistemas de vigilancia integral en las personas y su entorno. Esta y otras recomendaciones en diferentes ámbitos de acción han podido extraerse del análisis de los estudios evaluados (tabla 2).

Por último, es necesario que las universidades y la Academia fortalezcan la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria para aumentar la evidencia científica sobre los diversos efectos en la salud de los plaguicidas, como insumo para la mejora de las políticas públicas. Es de central importancia mejorar la cobertura y la eficacia de los sistemas de atención primaria y de vigilancia integral en salud pública con una revisión y una actualización de sus protocolos, que incluya a la población general, abriendo espacios de discusión para una comunidad más consciente y empoderada respecto a la salud ambiental y el riesgo asociado al uso de plaguicidas.

Si bien el desarrollo de la agroindustria ha posicionado a Chile como una potencia agroalimentaria internacional, la evidencia hasta ahora generada demuestra unos niveles preocupantes de exposición a plaguicidas en niños/as, población general y trabajadores, con efectos en el funcionamiento cognitivo, el sistema nervioso, reproductivos, genotóxicos y carcinógenos. Se evidencian dificultades en el control y la fiscalización del uso de plaguicidas en Chile, lo que limita la efectividad de las medidas, y por lo tanto es urgente tomar decisiones para proteger la salud de la población, principalmente de la rural, mediante el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia local para el control, la venta y el uso de plaguicidas, junto con intervenciones educativas sobre seguridad. Es prioritario el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia integrales de salud pública, con énfasis en los daños ya establecidos. Se espera, además, que Chile amplíe su listado de plaguicidas prohibidos o de uso restringido de acuerdo con las regulaciones internacionales, como las propuestas por la Unión Europea o la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Carlos Álvarez Dardet.

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A la Srta. Cinthya Leiva por la elaboración del mapa. Agradecimientos especiales a la Red de Investigadores en Plaguicidas (RIPlag), a la Cohorte MAUCO; FONDAP ACCDiS 15130011; FONDECYT 11150784; Proyecto SUSESO 53/2016; FONDEF D09I1057.

CONICYT – Fondo para la Formación de Redes de Investigación, del Programa de Cooperación Internacional (REDES N.° 180078), 2018-2020.

Ninguno.