El incremento de la esperanza de vida ha venido acompañado de un aumento de la población mayor de 65 años, que en España representa casi el 20% del total, y doblará su tamaño en las próximas décadas1. Este aumento ha justificado que la mayoría de países europeos hayan tomado medidas para reestructurar sus sistemas de pensiones, habitualmente en forma de aumento de la edad de jubilación2. Dichas reformas, llevadas a cabo también en España, pueden tener importantes efectos sociales, y su justificación a partir del mero aumento de la esperanza de vida puede ser cuestionable por varias razones.

En primer lugar, la esperanza de vida está estrechamente relacionada con la posición socioeconómica, y por tanto, el aumento de la edad de jubilación puede afectar desproporcionadamente a los colectivos más desfavorecidos. En España, no existen estudios que analicen las desigualdades en la esperanza de vida específicamente en edades mayores, sino solo para el conjunto de la población, o para comunidades autónomas específicas y ciudades3, o estimaciones para España a partir de datos de estudios internacionales4.

En segundo lugar, un incremento de la esperanza de vida no equivale necesariamente a un aumento de los años con capacidad para trabajar. Por ello, es necesario contar con medidas que, como las esperanzas de salud, integren tanto la visión de la mortalidad como del estado de salud en un único indicador5. A pesar de que varios estudios han descrito las desigualdades en las esperanzas de salud en la población mayor de ámbito internacional6, no existen estudios para el conjunto de España ya que solo se dispone de información para la población general de algunas comunidades autónomas7.

El objetivo es analizar las desigualdades sociales en la esperanza de vida y en la esperanza de vida con buena salud a los 65 años según el nivel educativo y el sexo en la población española.

Estudio transversal referido a la población de 65 y más años de edad residente en España (2012). Se calcularon la esperanza de vida8 y la esperanza de vida con buena salud a los 65 años9, y sus intervalos10, combinando la información de: 1) mortalidad, a partir de la Estadística de Mortalidad de 2012 (Instituto Nacional de Estadística [INE]) (n=336.892), que ha imputado el nivel de estudios por primera vez para el conjunto de la población española (98,1% de registros imputados); 2) datos de estado de salud obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2011/2012 (n=5.896); y 3) las cifras de población del INE. Por último, se utilizaron los datos ofrecidos por el INE para el cálculo de los denominadores en las tasas de mortalidad por nivel de estudios y por sexo11, y los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011 para estimar el porcentaje de personas institucionalizadas por nivel de estudios, sexo y edad, y solventar así la limitación de la ENSE derivada de recoger solo datos sobre personas residentes en viviendas familiares.

Como variable de salud se utilizó la salud autopercibida, considerando buena salud las categorías de muy buena y buena. Como variable de posición social se utilizó el nivel de estudios alcanzado, homogeneizado en las tres bases de datos y estandarizado siguiendo la Clasificación Nacional de Educación.

La tabla 1 muestra el mayor número de defunciones en el nivel de estudios primarios o inferiores. La prevalencia de buena salud fue mayor en los hombres y en las personas de mayor nivel de estudios.

La esperanza de vida aumentó a medida que lo hizo el nivel de estudios, pasando de 18,2 años en los hombres y 22,4 en las mujeres con estudios primarios a 20,4 años en los hombres y 24,7 en las mujeres con estudios universitarios (tabla 2).

El nivel de estudios también introdujo diferencias en el número de años que se esperaba vivir en buena salud: 4,6 años (57,2%) en los hombres y 6,8 (101,2%) en las mujeres de grupos extremos. Estas diferencias fueron mayores que las observadas en la esperanza de vida.

La esperanza de vida y la esperanza de vida con buena salud fueron mayores en las mujeres, aunque en esta última las diferencias fueron menores entre sexos, e incluso en las personas de menor nivel de estudios los hombres presentaron un valor más elevado. Por último, las mujeres esperaron vivir más años con mala salud y un menor porcentaje de su vida con buena salud (tabla 2).

Considerando el sexo y el nivel de estudios de manera conjunta, las diferencias fueron mayores, siendo la esperanza de vida un 50,9% mayor en las mujeres universitarias respecto a los hombres con estudios primarios o inferiores (9,3 años), y la esperanza de vida con buena salud un 69,9% mayor (5,6 años).

En la población mayor de 65 años, tener un menor nivel de estudios supuso vivir menos años, menos años con buena salud y un mayor número de años con mal estado de salud. Por sexo, los hombres mostraron una menor esperanza de vida, pero las mujeres esperaron vivir más años con mala salud y un menor porcentaje de su vida con buena salud.

La heterogeneidad en los métodos existentes limita la comparación con otros estudios realizados sobre esperanzas de salud12,13, pero los resultados coinciden con lo descrito en la literatura internacional tanto para las desigualdades por nivel de estudios como entre hombres y mujeres4,13. Las limitaciones de este estudio son las derivadas de cualquier estudio transversal14, así como las relacionadas específicamente con la calidad de las fuentes de datos. Otras limitaciones se derivan de los posibles riesgos del proceso de imputación del nivel de estudios a los datos de mortalidad, realizado por primera vez por el INE en el año utilizado en el presente estudio. Sin embargo, el bajo porcentaje de registros no asignados y las garantías metodológicas que ofrece una estadística oficial aseguran la calidad de los datos utilizados.

El presente estudio es el primero, que sepamos, en analizar las desigualdades en las esperanzas de salud en la población mayor para el conjunto de España. Además de sus importantes implicaciones desde el punto de vista de la salud pública, los resultados aportan un conocimiento importante para poder introducir la perspectiva de la equidad en el debate en torno al incremento de la edad de jubilación. El retraso en la misma puede estar ya generando desigualdades y favoreciendo a las personas de mayor nivel socioeconómico, que disfrutarán de un mayor número de años de vida totales y con buena salud tras su jubilación, suponiendo, por tanto, una presión proporcionalmente mayor al sistema de pensiones que los grupos más desfavorecidos4. En este sentido, si el aumento de la esperanza de vida ha justificado el retraso en la edad de jubilación, cabe preguntarse si 6 años de diferencia entre niveles de estudios en la esperanza de vida con buena salud justificarían que la edad de jubilación pasara a calcularse en función del nivel educativo, la clase social o incluso el sexo. Se trata, sin duda, de un fenómeno con importantes implicaciones que deberían ser consideradas en el actual debate sobre la modificación del sistema de pensiones, en el que la salud pública debe realizar una labor de abogacía imprescindible.

María Teresa Ruiz Cantero.

El autor principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

U. Martín y A. Bacigalupe concibieron la idea del estudio y realizaron el diseño. A. Domínguez-Rodríguez y U. Martín realizaron el análisis estadístico. U. Martín elaboró la primera versión del documento. Todas las personas firmantes aprobaron la versión final del documento.

Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Acciones de Programación Conjunta Internacional. FACTAGE. PCIN-2015-249. A. Domínguez-Rodríguez cuenta con una ayuda para contratos predoctorales para la formación de doctores del Ministerio de Economía y Competitividad (BES-2014-068591).

Ninguno. Este artículo forma parte de la tesis doctoral de A. Domínguez-Rodríguez, realizada dentro del programa de Doctorado en Demografía de la Universitat Autònoma de Barcelona.