La administración pública es un actor clave para garantizar la protección de la salud. Desde el ámbito local hasta el supranacional, la acción de gobierno en salud pública se plasma en áreas tan diversas como la seguridad alimentaria, el control de fármacos o la seguridad en el trabajo. De la capacidad de los gobiernos para regular y vigilar el cumplimiento de la legislación depende una parte relevante de nuestra salud. Esta capacidad sufre constantes y crecientes limitaciones por influencias ajenas al interés general. La situación de crisis económica puede ser aprovechada por algunos para, con el pretexto de reducir el tamaño de la administración pública, erosionar aún más la facultad de los poderes públicos para proteger la salud. Por ejemplo, si se constriñe el presupuesto de una agencia responsable de la seguridad alimentaria y la nutrición, se limita la posibilidad que tiene para vigilar el cumplimiento de la legislación sobre publicidad de alimentos. En consecuencia, las organizaciones comprometidas con la salud de la población deberían evaluar las amenazas a la independencia de las políticas de salud pública y actuar preventivamente para que la crisis no sólo no deteriore los derechos ciudadanos ni aumente las desigualdades sociales que dañan la salud, sino que tampoco debilite la capacidad democrática para elegir las políticas que son más saludables y con mejor impacto social y económico.

Las amenazas a la independencia de las políticas de salud pública tienen variado origen y se concretan de formas muy diversas. Las empresas, y en particular las grandes corporaciones, son los actores principales que ejercen influencias sobre los poderes públicos para defender intereses que en ocasiones son contrarios a la salud de la población. Precisamente los productos de algunas corporaciones (tabaco, alcohol, alimentos ricos en azúcares refinados y grasas saturadas, productos químicos, etc.) y el márketing dirigido a poblaciones vulnerables están implicados en la génesis de algunos de los grandes retos de la salud pública global: cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares1. En términos generales, al ejercer influencia en los gobiernos y en la sociedad las corporaciones persiguen definir los problemas de salud de modo que ellas aparecen como parte de la solución en lugar de causantes, cargando la responsabilidad a los consumidores; evitar cualquier legislación de control, reforzar su marca y ganar posiciones en mercados emergentes; y, por supuesto, lograr los máximos beneficios, que es su obligación. Lo que de hecho se produce es lo que se denomina «captura de políticas», una forma de corrupción ahora generalizada mediante la cual grupos de interés controlan áreas políticas dentro de un estado o a nivel supranacional (Unión Europea, Naciones Unidas, etc.), de forma que los gobiernos no pueden, y a menudo no quieren, formular políticas alineadas con el interés general2.

En este artículo se considera la vulnerabilidad de las políticas de salud pública a las acciones de las corporaciones, y se revisan algunos mecanismos mediante los que se ejerce influencia y cómo la crisis los modifica. Se analizan también las acciones que las organizaciones científicas y profesionales pueden desarrollar para contribuir a que las políticas que afectan a la salud de la población se formulen libres de influencias ajenas al bien público.

Todas las políticas son susceptibles de captura, por ejemplo la financiera, la comercial o la energética, y la cuestión ha sido ampliamente tratada3. Nos interesa aquí destacar qué políticas de salud pueden ser vulnerables a la influencia externa no deseada. Hay casos bien conocidos y descritos en la literatura sobre el papel de las empresas –de algunas empresas- en la salud pública. En su libro Doubt is their product. How industry's assault on science threatens your health, David Michaels4 nos recuerda la infame historia de las empresas tabaqueras o la no menos inicua de las empresas productoras de asbesto, que durante décadas impidieron la disponibilidad de la información sobre los graves riesgos asociados a este mineral y que hoy día sigue causando 100.000 muertes por año. En el libro, Michaels documenta las estrategias que varias empresas, generalmente del sector químico, han aplicado para manipular las bases científicas que fundamentarían la regulación de sus productos, y cómo la regulación, en parte por su obstrucción, no ha sido suficiente para proteger la salud. Además de las mencionadas, otras áreas están implicadas en acciones de influencia que pueden dañar la salud de las poblaciones, entre las que destacan la nutrición, las bebidas alcohólicas y la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias.

Si tomamos como ejemplo la nutrición, comprobamos que la situación actual dista de ser la óptima desde una visión de salud pública5. Grandes corporaciones alimentarias han conseguido amplios mercados mundiales para productos muy calóricos y de escasa calidad nutritiva, y para la venta masiva de bebidas ricas en azúcares refinados. Por otra parte, las empresas de distribución de la denominada «comida basura» están aumentando su implantación mundial, y es llamativo su crecimiento en los países europeos en momentos de crisis, preferentemente en áreas de bajo nivel socioeconómico. La distribución de la dieta no saludable suele seguir precisamente el patrón de la desigualdad social. Esta ampliación de mercados se consigue y mantiene, entre otros, por un márketing intenso dirigido a niños y a las capas más vulnerables de la sociedad. En este contexto, el interés de la salud pública es conseguir que la población reduzca el desequilibrio calórico (hay matices según el patrón epidemiológico de cada país), que incremente el consumo de alimentos saludables, que reduzca el consumo de alimentos perjudiciales como los que contienen grasas nocivas, que sustituya las bebidas azucaradas por agua, etc. Para ello hay diversas intervenciones posibles: la clásica, y con frecuencia inefectiva, educación sanitaria para cambiar los hábitos individuales; la regulación de los etiquetados; la legislación sobre la publicidad de productos o la aplicación de tasas y prohibiciones; la protección de poblaciones vulnerables mediante normas; el incentivo a la producción de alimentos saludables y seguros, etc. Es decir, una amplia variedad de acciones, muchas de las cuales son reguladoras poniendo orden en las actividades económicas relacionadas con la nutrición. Ahí es justo donde radica la vulnerabilidad de las políticas de salud pública, pues a la hora de legislar a favor de la salud pública los gobiernos se encuentran con enormes obstáculos externos e internos, a los que no son ajenos las empresas. La promulgación de nueva legislación o medidas que afecten al interés de las corporaciones encuentra sistemáticamente una intensa oposición. Las dificultades de la legislación sobre un producto tan dañino como el tabaco ilustran bien los problemas que encuentran los gobiernos que toman acciones decididas en favor de la salud pública6. Hay una asimetría de recursos e información a favor de las empresas que es determinante. Este desequilibrio de fuerzas, que pone en riesgo la implantación de varias políticas saludables, está acentuado por la globalización y por la propaganda sobre la necesidad de reducir el papel y el tamaño de los estados para que mejore la economía7.

Las tácticas de las corporaciones para influir en las políticas de salud han sido enumeradas y ampliamente descritas en lo que se ha denominado «cuaderno de estrategias corporativas»8. En la tablas 1 y 2 se enumeran algunas de las más frecuentes y se ilustran con ejemplos extraídos de la literatura científica y de documentos de asociaciones o grupos que investigan el papel de las corporaciones en la ciencia y en la política9–27. Más ejemplos en relación a la industria farmacéutica han sido ampliamente descritos en excelentes obras a las que el lector interesado puede acudir12,28.

La crisis puede acentuar algunas de estas tácticas y mermar la capacidad de los gobiernos para actuar con autonomía. Sobre la ciencia y la política científica, cabe destacar que la crisis está aumentando la tendencia a que las corporaciones financien la investigación mediante conciertos con universidades, o a que lleguen a acuerdos con los gobiernos para programas de colaboración. Por ejemplo, en Reino Unido se inició una colaboración entre el Biotechnology and Biological Sciences Research Council y un consorcio de industrias alimentarias para la investigación en dieta y salud. Esta colaboración ha sido criticada por los graves riesgos que supone al orientar la agenda de investigación en dirección contraria a la salud de la población29. El aumento de la financiación privada de la ciencia acentuará el desequilibrio actual9 hacia la investigación sobre las soluciones clínicas o biotecnológicas para los problemas de salud, en lugar de promocionar la investigación sobre las causas del entorno que, sin embargo, han demostrado una mayor coste-efectividad30. Podría darse incluso la paradoja de que, como consecuencia de la crisis, varias de las tácticas usadas por la industria para interferir en la ciencia, particularmente las más reprochables, podrían ir reduciéndose. Esto podría ocurrir si a través de los acuerdos con las instituciones académicas, agencias de investigación y gobiernos, las corporaciones consiguen definir la agenda de investigación, establecer los marcos de discusión de los problemas y lograr lo que se conoce como «captura cultural». Ésta se produce cuando las corporaciones logran que sus intereses se alcancen sin necesidad de emplear las tácticas de influencia directa, por ejemplo incentivos materiales directos a científicos. Es una forma de perfilar las políticas mediante influencias más sutiles que se consiguen por interacciones como las mencionadas antes entre los gobiernos, los productores de ciencia y los grupos de interés. En términos generales, la captura cultural consigue un entorno mediático, político y social tan “controlado” que la formulación y adopción –o no adopción – de ciertas políticas favorables a las corporaciones parece la consecuencia lógica y adecuada a la situación. Los reguladores y los gobiernos adoptan iniciativas que consideran adecuadas y que están en línea con el interés de las corporaciones reguladas31.

El efecto de la actual crisis en las acciones que las corporaciones ejercen en la política variará según el ámbito y el país. Globalmente se advierte una progresiva pérdida de influencia de los organismos multilaterales de carácter más democrático –los de Naciones Unidas por ejemplo– y una participación cada vez más activa de las corporaciones en la definición de políticas, por ejemplo a través de lo que se ha denominado «filantrocapitalismo»32. En el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la crisis en los principales países donantes no ayuda a cambiar su creciente dependencia de donaciones privadas, cuyo destino viene marcado por las preferencias de los donantes y no por las decisiones de la organización o de la Asamblea Mundial de la Salud. En el ámbito europeo se han advertido algunas mejoras, fruto de la presión de organizaciones civiles en el funcionamiento de algunas agencias reguladoras, como la European Food Safe Autority21, pero no hay una tendencia clara hacia una mayor transparencia y menos aún hacia un control más estricto de las acciones de influencia, a juzgar por las repetidas reclamaciones realizadas por diversas organizaciones16,20. Por otra parte, la crisis afecta la acción exterior de los estados33. Cualquier disminución de la capacidad de representación de los estados favorece la acción de lobby de las corporaciones que tienen representación de gran magnitud en Bruselas34. En España, los casos de «puertas giratorias», es decir, el movimiento de altos cargos del sector público al sector privado y viceversa, como el descrito en la tabla 2,17 y la escasa disposición política a tratar sobre las influencias indebidas en el gobierno y en el parlamento, no permite ser optimistas. Aunque la crisis ha motivado algunas acciones legislativas para una mayor transparencia, la regulación o el control de las influencias de las corporaciones no está aún en la agenda política.

Las acciones de las corporaciones dirigidas al conjunto de la sociedad entrarían dentro de lo que hemos mencionado como captura cultural, contribuyendo a crear una imagen corporativa favorable y a definir los problemas de salud con una determinada visión que favorece sus intereses. La mayoría de estas acciones muestran una tendencia incremental que la crisis puede acentuar. Por ejemplo, la caída de la financiación pública puede motivar el aumento de la financiación de organizaciones civiles por parte de las corporaciones, y en consecuencia influir en sus acciones. La creación de grupos de base artificiales, aparentemente comunitarios pero en realidad orquestados por las corporaciones para defender sus intereses (como los clubes de fumadores por la tolerancia o similares), podría acentuarse si lo estimasen necesario cuando no consigan influencia por otras vías35. Por otra parte, la tendencia global a que los medios de comunicación queden en propiedad de pocos propietarios tiene efectos negativos en la libertad de prensa, mientras que la dependencia de la publicidad da a las corporaciones una estimable capacidad de influencia. Las noticias sobre salud en los medios de comunicación (en general instando a la medicalización, definiendo los problemas de salud como asuntos de elección individual, etc.) no suelen ser fruto de la casualidad sino consecuencia de quién define la agenda (por ejemplo organizando el día del colesterol o un simposio sobre una nueva vacuna), de quién controla la publicidad y quién tiene la propiedad de los medios de comunicación36.

En conjunto, cabe esperar que en términos generales la crisis facilite la vulnerabilidad de las políticas públicas a la acción de las corporaciones en todos los ámbitos en que se ejerce esta influencia.

Los dos autores del presente artículo han contribuido en la concepción y el diseño del trabajo, la escritura del artículo y su revisión crítica, así como en la aprobación de la versión final para su publicación. Las opiniones vertidas en el artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Ninguna.

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