Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado que la tortura es una práctica generalizada en México y que es utilizada por corporaciones federales, estatales y locales de seguridad, especialmente en el marco de investigaciones criminales1–3.

Las quejas han aumentado en los últimos años4–6. Entre diciembre de 2006 y junio de 2018 se registraron 10.534 quejas7. Entre 2010 y 2018, solo 22 investigaciones fueron judicializadas por la Procuraduría General de la República (PGR)7. En los Estados de la República los datos son similares: de 2006 a 2018 se tenían registradas 16.555 denuncias7 y solo ocho causas penales judicializadas. Es decir, la impunidad en los casos de tortura es generalizada8.

En un reciente informe realizado por peritos independientes9 se analizaron 50 dictámenes médico-psicológicos basados en el Protocolo de Estambul y se observó que en el 42% de los casos la detención y la posible tortura se realizaron por policías estatales, en el 22% por policías de investigación y en el 8% por el ejército. La percepción de la población general es acorde con estos datos10.

México fue el primer país en adoptar un medio interno de documentación e investigación basado en el Protocolo de Estambul en el año 2003 y en desarrollar un programa de capacitación forense en colaboración con la organización Physicians for Human Rights. Sin embargo, esta organización concluyó 5 años después que «aunque se han adoptado algunas medidas para mejorar las evaluaciones forenses, persisten importantes deficiencias que impiden la documentación efectiva de la tortura y los malos tratos»11. En el año 2009, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas dedicó de modo específico un capítulo de su informe al uso inadecuado del Protocolo de Estambul por la PGR12. Esto queda corroborado por informes de otras organizaciones de derechos humanos13–15. Las quejas han seguido4,10,16–22, incluyendo un reciente informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos18.

En respuesta a estas denuncias de organismos nacionales e internacionales, en junio de 2017 se promulgó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que en diversos numerales específica las condiciones de buena práctica para la evaluación forense de la tortura.

El objetivo de este trabajo es realizar una auditoría del cumplimiento del Protocolo de Estambul en una muestra de 54 dictámenes médico-psicológicos para casos de posible tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, realizados por personal de la PGR, actual Fiscalía General de la República (FGR), y comparar la calidad de estos protocolos antes y después de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se presenta un análisis documental de 54 dictámenes médico-psicológicos realizados por 21 peritos médicos y 27 psicólogas/os de la PGR.

Los dictámenes fueron obtenidos, fundamentalmente, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, otros centros de derechos humanos y abogados litigantes en materia de derechos humanos, en lo referente a los peritados a quienes representan legalmente o les otorgan asesoría jurídica. Se incluyen los dictámenes de 10 mujeres y 44 hombres.

Se elaboró un instrumento de análisis con 26 criterios de eventual mala praxis a partir de la experiencia de análisis entre pares y de realización de peritajes y contraperitajes por parte del equipo. Se seleccionaron cinco peritajes aleatorios que fueron analizados por todos los/las peritos/as de modo independiente y ciego. El análisis de fiabilidad entre jueces mostró un coeficiente kappa de 0.79. Se discutieron los ítems en que se producían divergencias, derivadas principalmente de la forma en que se habían redactado los ítems, más que del concepto subyacente. Se modificaron o eliminaron los elementos que disminuían la fiabilidad entre pares. El instrumento final tiene 20 criterios (tablas 1 y 3), con elevada fiabilidad (kappa=0.89).

Estos criterios están organizados en dos bloques. El primero contiene cuatro criterios generales de buena práctica en investigaciones sobre seres humanos: independencia, confidencialidad, consentimiento informado y seguridad. El segundo bloque contiene 16 criterios que están dirigidos a reconocer la evidencia de tortura mediante la integración del relato oral y literal de la persona peritada, la no inclusión de otros relatos o de relatos obtenidos bajo tortura, la realización de un análisis de consistencia del relato y no de credibilidad de la persona, la triangulación con información de posibles víctimas relacionadas con los hechos investigados, la integración con los exámenes previos cuando estos existen, el uso correcto de los test de inteligencia y personalidad, la no invisibilización de las lesiones físicas, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, adjuntando un listado completo de métodos de tortura, atendiendo a todos los síntomas manifestados durante el relato o no interpretando que no están cuando sí son referidos, no considerando contradicciones en el relato como errores, no analizando la tipicidad de las respuestas, no cometiendo errores de criterio concurrente entre el examen médico y el examen psicológico, o realizando un dictamen sobre la consistencia o inconsistencia de la evidencia con la tortura.

Siete de los 54 dictámenes fueron realizados después de junio 2017, lo que permite algunas comparaciones entre los periodos anterior y posterior a la aprobación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada en junio de 2017.

Todas las víctimas otorgaron su consentimiento para la incorporación de los peritajes a este estudio.

El lugar donde se informó que ocurrió la tortura fue, en 14 casos, la Ciudad de México; en 11 casos en Estados de la República con traslado posterior a Ciudad de México (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada [SEIDO]); en 26 casos en los Estados de Guerrero, San Luis de Potosí, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Baja California y Estado de México; y en 3 casos no se pudo determinar dónde ocurrió la tortura.

La tortura se practicó en centros de detención irregular (casa, bodega, domicilio particular de la propia víctima, predio u otro), la SEIDO de la PGR, instalaciones de la Policía Federal y el Cuartel de la Secretaría de Marina. En ocasiones, la misma persona fue torturada en más de un lugar. Por último, en 14 de los casos no consta el lugar en el informe de peritaje.

Diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad fueron acusados de cometer las torturas: SEIDO-PGR/FGR (7 casos), Policía Federal (18 casos), Secretaría de la Defensa Nacional (5 casos) y Secretaría de Marina (11 casos). En dos casos hubo más de un cuerpo de los anteriores acusados de cometer las torturas. Finalmente, en 11 casos no consta en el informe qué cuerpo de las fuerzas de seguridad estuvo implicado en los hechos.

La finalidad que tiene principalmente esta tortura es la autoinculpación en casos de secuestro u homicidio (32 casos), seguida de la obtención de información o de reconocimiento de pertenencia a grupos de delincuencia organizada o narcotráfico (8 casos), la represión política (6 casos) y la tortura punitiva o intimidación de testigos (4 casos). En los 4 casos restantes no es posible delimitar, con la información existente, la finalidad de la tortura.

Como se mencionó en la introducción, existe abundante documentación sobre las serias deficiencias en la elaboración de dictámenes médico-psicológicos por parte de médicos/as y psicólogos/as de la PGR/FGR, llevando a que estos, lejos de ser herramientas de acceso a la justicia, se hayan convertido en un método de ocultación de casos de malos tratos o de tortura1,3,8,9,11–13,18–22.

En concreto, las anteriores evaluaciones respecto a la implementación del Protocolo de Estambul como una obligación contraída por el Estado mexicano concluyeron: 1) falta de equipos multidisciplinarios que documenten los casos de manera colegiada, lo cual es indispensable por la naturaleza de los hechos que se investigan; 2) falta de rigor técnico y análisis con mínimas bases periciales, lo que en sí mismo descalifica los resultados obtenidos; 3) falta de una voluntad política para una evaluación responsable y veraz de la tortura; y 4) el testimonio de profesionales que aceptan presiones para alterar el contenido de los informes médicos1,3,11,19.

En el presente estudio hemos documentado que dichas deficiencias se mantienen: en 38 casos no se cumplió ninguno de los cuatro criterios generales de buena praxis deontológica y en 15 casos solo se cumplió uno. En más del 95% de los casos se cumplieron menos de la mitad de los criterios de buena práctica deontológica, y ninguno de los dictámenes incluidos en esta investigación cumplió con estos cuatro criterios esenciales para una buena práctica de investigación en seres humanos. Por otro lado, solo 2 de los 54 dictámenes cumplen con 9 de los 16 criterios de buena práctica técnica, y el 50% de los dictámenes cumplen menos de 5 de los 16 criterios.

Además, no se constata ninguna mejoría significativa en los siete dictámenes realizados después de la aprobación de la Ley contra la Tortura en junio de 2017 ni en relación con los criterios de buena práctica deontológica.

Los anteriores elementos indican que el uso del dictamen médico-psicológico como herramienta de ocultación de la tortura y de cierre de procesos de investigación es, en efecto, una política institucional de la PGR/FGR. Los resultados de esta investigación reflejan que: 1) existe una secuencia de hechos que van desde la detención, la tortura como forma de resolución de casos, la falta de adecuada certificación de las lesiones y hasta el dictamen médico-psicológico como cierre del proceso; 2) en los casos analizados hay un determinado patrón de errores que aparecen en la mayoría de los/las peritos/as, con independencia de la época y de la oficina de la PGR/FGR en que se realice la evaluación; y 3) hay una persistencia a lo largo de los años en el tipo de errores y en el modo en que se realizan, pese a las recomendaciones y guías antes referidas.

La ausencia de diferencias entre los dictámenes anteriores y posteriores a la aprobación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sugiere que esta ley no ha contribuido, al menos hasta finales de 2018, a mejorar las prácticas forenses de la PGR/FGR, algo que se corrobora también en los escasos informes realizados de forma posterior a dicha ley17.

Las periciales analizadas en este trabajo han sido elaboradas por un gran número de profesionales de la medicina (21) y la psicología (27). Esto evidencia de nuevo1,2,11 que las prácticas forenses documentadas están institucionalizadas. Estas prácticas no cumplen los criterios éticos propios de las investigaciones en seres humanos ni los criterios de calidad en la documentación de la tortura recogidos en el Protocolo de Estambul.

La responsabilidad colectiva de la PGR/FGR no exonera a sus peritos/as, quienes en última instancia son los/las que firman y se hacen responsables de estos dictámenes, ni a los Directores y Coordinadores institucionales, que tendrían que rendir cuentas por las prácticas de ocultamiento y connivencia con tortura evidenciadas en esta investigación. Se deben exigir responsabilidades a cada uno de los/las profesionales implicados/as en sus diferentes niveles jerárquicos y responsabilidad colectiva a la institución, con depuración y reforma de los servicios forenses, para garantizar el derecho de las víctimas a la aplicación de las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul, como el estándar mínimo para una adecuada documentación e investigación en el ámbito forense.

Datos disponibles a petición debido al carácter altamente sensible de los datos recogidos en esta base.

Javier García Amez.

El autor principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Todas las personas firmantes han contribuido de manera sustancial en todos los procesos de elaboración del presente trabajo.

Ninguna.

Ninguno.