La crisis que padecemos desde hace ya unos años ha generado una justificada indignación –y también mucho miedo– en amplias capas de la población que han visto recortadas muchas de las prestaciones del estado del bienestar. Desde el ámbito de la sanidad, bastantes de las protestas han tenido un carácter corporativo, en defensa de los derechos laborales, casi siempre legítimas aunque a menudo sesgadas. Los análisis críticos bajo una perspectiva más global han sido menos, aunque algunos de ellos se han publicado en el último Informe SESPAS1, incluido en las referencias de este comentario al opúsculo que aquí se comenta, un folleto de la colección ¿Qué hacemos? cuyo propósito es, en palabras del colectivo editorial, «contribuir a la construcción de la sociedad que queremos con denuncias, pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas»2.

En apenas 85 páginas, los autores repasan brevemente la evolución del sistema sanitario público español desde la Ley de 28 de noviembre de 1855, en pleno bienio progresista, hasta el tristemente célebre Real Decreto 16/2012 que pone en cuestión el modelo propugnado en 1986. Un excelente resumen que no se limita a informar de los cambios organizativos y de las prestaciones, sino que incluye también una valoración epidemiológica bajo la perspectiva de la equidad, lo que facilita la comprensión del segundo capítulo, que se pregunta hacia dónde va nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) en diez apartados sobre aspectos estratégicos cruciales, desde la orientación misma del modelo hasta la salud en todas las políticas, pasando por el catálogo de prestaciones, la gestión pública y privada, el papel de las profesiones y el de la ciudadanía, el copago y los servicios de salud pública. El tercer capítulo, más breve, recoge las propuestas de los autores, siguiendo el criterio de clasificación del decálogo del anterior capítulo; propuestas para la viabilidad de un modelo universal y equitativo de la sanidad pública española que demanda, según los autores, «un profundo cambio cultural, profesional y democrático en nuestras instituciones, incluidas las sanitarias». Dos páginas de conclusiones, seguidas de un anexo legislativo y bibliográfico muy selecto, completan el volumen.

Es de destacar, en un texto militante desde una ideología colectivista e igualitarista, el predominio de los argumentos y la perspectiva autocrítica que incluye al mismo SNS que defiende, lo que proporciona criterios que, más que convencer a los ya convencidos, tal vez sean útiles a muchas de las personas que, más o menos desconcertadas, asisten cada vez más desconfiadas a las ceremonias de la confusión en las que se han convertido las confrontaciones partidistas. Esto es posible gracias a la competencia de los autores, profesionales prestigiosos y experimentados en los ámbitos más poblacionales de la sanidad, como son la salud pública, la atención primaria y la economía de la salud.

Aunque no hay un desarrollo ético explícito, los valores morales en los que se basan los autores resultan obvios. En todo caso, una aportación puede verse en el reciente cuaderno editado conjuntamente por el Grupo de trabajo de Ética y Salud Pública de SESPAS y la Fundación Grífols3. Sin embargo, no se abordan algunas cuestiones que me parecen sustantivas, como la persistencia de dos sistemas sanitarios paralelos financiados públicamente, el del SNS y el dedicado a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que 40 años de democracia y casi 30 de la Ley General de Sanidad no han conseguido siquiera coordinar; ni tampoco el caso de las mutualidades funcionariales, con la consiguiente inequidad. Sin embargo, el futuro de una sanidad universal y equitativa puede depender, más de lo que parece, de los cambios en el sistema laboral que están disminuyendo drásticamente los compromisos de protección social que tanto había costado establecer4.