A propósito del reciente posicionamiento de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria en el que se insta a sopesar el voto en clave de salud1, parece conveniente hacer también una mención a cómo actuamos en el ámbito del trabajo. Sirvan de ejemplo la actual huelga indefinida del personal técnico de contratas y subcontratas y autónomos/as de Telefónica, o el conflicto de Coca-Cola. En el primer caso, la huelga se debe a la renegociación a la baja del contrato de los servicios de instalación y mantenimiento que vincula a la empresa principal con sus contratas, y con repercusiones indirectas sobre las subcontratas. En el segundo, el cierre de cuatro plantas junto con un expediente de regulación de empleo (ERE) llevó a la huelga a la plantilla de Fuenlabrada, que fue boicoteada por la empresa. La vulneración del derecho de huelga fue denunciada por los/as trabajadores/as y fue uno de los motivos para sustentar la nulidad del ERE (recientemente confirmada).

Ambos ejemplos guardan más relación de la que parece con la salud pública. Todos ellos incluyen reivindicaciones vinculadas a condiciones de trabajo y de empleo, un conocido determinante social y de la equidad en salud2. En los últimos años, aun con beneficios, estas multinacionales han destruido empleo. En el caso de Telefónica, a costa de ampliar el personal de contratas y subcontratas, con peores condiciones laborales, como salarios más bajos (600 euros netos era el máximo salario estimado para el personal de subcontratas en caso de aceptar los términos planteados por la empresa principal), jornadas más largas o menores posibilidades de rechazar trabajos inseguros. También en la huelga de Telefónica se interpela al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como por ejemplo disponer de dos personas en trabajos que requieran subirse a una escalera. Si bien actualmente las referencias a aspectos de salud son poco frecuentes en reivindicaciones laborales, tradicionalmente han formado parte más o menos explícitamente del nacimiento y desarrollo del movimiento obrero3,4, puesto que la movilización resulta un recurso central de la población trabajadora para incidir en la toma de decisiones laborales e introducir mejoras en sus condiciones de trabajo.

Ante la generalización de condiciones de trabajo y empleo cada vez más precarias, estas movilizaciones resultan una relevante noticia para la salud pública. Sobre todo, porque la población trabajadora en precario acostumbra a participar menos en acciones colectivas en los centros de trabajo debido a motivos como la menor seguridad laboral y el mayor miedo a perder el trabajo, la mayor rotación laboral o una menor vinculación con formas de representación de la población trabajadora5. A su vez, y con paso aún lento pero firme, parece que resurge el interés para estudiar los lazos entre la acción colectiva en las empresas y la salud laboral4. No es casual. En un momento en que la precariedad se convierte en la norma de empleo, y cuando los/las trabajadores/as en precario empiezan a reaccionar, es fundamental que nuestra investigación y la acción se adapten a los nuevos tiempos.