La población penitenciaria es un colectivo en el cual el consumo de sustancias supone uno de los mayores problemas de salud, tanto por su frecuencia como por su gravedad. La Encuesta sobre Salud y consumo de Drogas en Internados en instituciones Penitenciarias (ESDIP)1, llevada a cabo en 2011 sobre una muestra aproximada de 5000 internos, muestra que en las prisiones de España el consumo de sustancias psicoactivas es una realidad, y destaca el consumo de cannabis con un 21,3% seguido de los tranquilizantes sin prescripción médica con un 4,1%, coincidiendo con la edición de 2006, que halló un 27,7% y un 9,1%, respectivamente2. Esto concuerda con numerosas investigaciones internacionales que indican que Europa3,4, América del Sur5,6 y Asia7 tienen unas tasas de consumo que oscilan entre el 50% y el 79% entre el colectivo penitenciario. La mayor parte de las investigaciones en este campo se han realizado en prisiones de los Estados Unidos8–11, donde en la mayoría de los casos el consumo de marihuana era el predominante seguido de sustancias como la cocaína, el alcohol y la heroína.

Los factores de riesgo vinculados al consumo de sustancias psicoactivas en prisión ya han sido estudiados con anterioridad, y son la pobreza12, un bajo nivel educativo13, la situación de desempleo14,15, la ausencia de pareja estable5, sufrir violencia física durante la infancia16–18 y, finalmente, tener antecedentes de consumo previos al cumplimiento de la condena19–21.

En las personas privadas de libertad, además de los factores de riesgo mencionados pueden influir una serie de variables de carácter penitenciario y criminológico; cabe destacar la realización de delitos violentos respecto a los no violentos5,22 y aquellos que suponen condenas de mayor duración, que muestran mayores frecuencias de consumo7. Algunos autores sugieren que el tipo de prisión y su volumen pueden estar asociados con el consumo entre su población23, debido a la falta de control y de atención personalizada en este tipo de instituciones penitenciarias.

Durante los últimos 10 años, la política penitenciaria en España se ha transformado con el fin de aliviar la sobrepoblación penitenciaria y los problemas derivados24,25. Este cambio puede observarse en la creación de establecimientos penitenciarios de nueva construcción, denominados «centros tipo», que otorgan una mayor flexibilidad a la hora de realizar la clasificación penitenciaria, debido a la existencia de un mayor número de módulos y recursos26. A comienzos del año 2014, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) contaba con 68 Centros Penitenciarios de cumplimento, de los cuales 11 son centros tipo27.

El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en prisión y analizar su asociación con factores sociodemográficos y penitenciarios, además de determinar la influencia del mayor tamaño de la prisión como posible factor de riesgo vinculado a un consumo más alto, respecto a las prisiones tradicionales.

Se analizó la información de 2484 hombres privados de libertad distribuidos en ocho centros penitenciarios de España. La tabla 1 muestra las variables sociodemográficas, penitenciarias y de consumo en los 6 meses previos en prisión. Como se observa, más de la mitad de los participantes consumió alguna de las sustancias analizadas (59,9%). El cannabis fue la sustancia psicoactiva predominante en prisión (43,0%), seguida del alcohol (38,0%), y en el extremo contrario se sitúa el crack (11,9%), durante los 6 meses previos a la encuesta.

En la tabla 2 se compara la prevalencia del consumo de drogas durante los 6 meses previos según el tamaño de la prisión (menos de 100 celdas, 101 a 450 celdas y más de 450 celdas). Las frecuencias de consumo varían significativamente en función de la prisión, con frecuencias que oscilan del 38,3% (IC95%: 34,0-42,6) al 74,6% (IC95%: 70,3-78,1). En general, las prisiones medianas son las que muestran una menor prevalencia de consumo (45,0%; IC95%: 41,6-48,0), y en el polo opuesto se encuentran las prisiones con mayor capacidad para acoger internos (71,5%; IC95%: 69,1-74,0).

La prevalencia del consumo de drogas según las características sociodemográficas y penitenciarias se muestra en la tabla 3. Fue significativamente superior entre los internos con estudios inferiores a la ESO (64,8%; IC95%:62,4-67,0), victimización física en la infancia (67,7%; IC95%:63,0-72,2), consumo previo al ingreso en prisión (68,9%; IC95%:67,0-70,9) e internamientos previos (71,2%; IC95%:68,4-73,8).

En la tabla 4 se muestran las RP ajustadas por las variables sociodemográficas y penitenciarias estudiadas tras el análisis de modelos lineales generalizados. En función de las variables sociodemográficas y penitenciarias introducidas en el análisis de RP, la variable que tuvo una mayor significación para el consumo en prisión fue el consumo previo al ingreso (7,40; IC95%: 5,98-9,15), seguida de las prisiones con capacidad superior a 450 celdas (2,08; IC95%: 1,51-2,88).

A pesar de los esfuerzos realizados por los organismos penitenciarios para impedir la entrada de sustancias psicoactivas en sus establecimientos cerrados, los resultados muestran que gran parte de los internos en prisión habían consumido alguna droga. Durante los últimos 6 meses en prisión, más de la mitad de los encuestados había consumido alguna sustancia. Son varios los factores relacionados con el consumo en prisión: entre los sociodemográficos destacan, por su mayor magnitud, haber sufrido violencia física en la infancia y el antecedente de consumo previo al ingreso en prisión, y entre los factores penitenciarios destacan las prisiones con mayor capacidad de alojamiento.

Los resultados de prevalencia del consumo son superiores a los obtenidos en estudios similares realizados en España1,2 y en otros países, como el Reino Unido3 y Portugal6. Sin embargo, estas cifras están por debajo de las halladas en Irán7. Respecto a Europa, nuestros resultados coinciden con la media de consumo, pues se estima que en Europa la mitad de la población penitenciaria son consumidores en prisión, y la mayoría de ellos se encuentran afectados por problemas de salud ligados a este comportamiento4. Esta disparidad de resultados puede estar relacionada con los datos de prevalencia en la población general y con la metodología con que se ha recogido la información.

En cuanto a las sustancias predominantes, destaca el consumo de cannabis, en coincidencia con la literatura nacional1 e internacional8,9,11. En lo que a variables sociodemográficas se refiere, encontramos que, en términos de victimización, aquellos internos con antecedentes de violencia física durante su infancia muestran mayores frecuencias de consumo que sus homólogos sin antecedentes de violencia. Los resultados expuestos avalan las investigaciones realizadas en población general sobre esta cuestión17,18 respecto a la influencia como factor de riesgo para el consumo durante la vida adulta el ser víctima en la infancia de diferentes tipos de maltrato físico. Otras variables sociodemográficas predictoras de consumo fueron el estado civil (materializado en la ausencia de pareja estable, coincidiendo con investigaciones previas5), un bajo nivel educativo alcanzado13 y la situación de desempleo previa al ingreso en prisión15. Sin embargo, a pesar de la relevancia de las variables sociodemográficas antes citadas, la asociación entre los antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas previo al internamiento y el consumo en prisión es significativamente mayor que las asociaciones entre el resto de las variables analizadas.

Un 68,9% de los consumidores fuera de prisión había consumido también durante la condena; por el contrario, un 24,3% de los que indicaron no haber consumido con anterioridad al ingreso en prisión han iniciado o recuperado el consumo. La importancia de este descubrimiento pone de manifiesto la alta exposición al consumo de drogas durante el cumplimento de la condena, con independencia de los antecedentes de consumo. La prolongación del consumo de sustancias una vez en prisión ha sido sustentada por recientes investigaciones nacionales1,2 e internacionales6,11,20,21, que destacan la necesidad de replantear el diseño de los programas de tratamiento y mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria.

Respecto a las variables penitenciarias, observamos que los internos por delitos violentos se encuentran mayoritariamente asociados al consumo de sustancias en prisión, tal como sostienen investigaciones anteriores6,22. Un estudio29ha vinculado el consumo de drogas entre estos agresores con la finalidad de evadir los códigos morales y neutralizar la sensación de vergüenza experimentada después de cometer delitos violentos. En función de la duración de la condena, y de nuevo coincidiendo con investigaciones previas7, un mayor tiempo de estancia en prisión se asocia a un mayor consumo.

El consumo de sustancias no fue uniforme en las diferentes prisiones. Las prisiones con mayor capacidad (prisiones polivalentes) se asociaron con un mayor consumo de drogas durante el periodo de tiempo analizado. El caso contrario fueron las prisiones con una capacidad mediana (de 100 a 450 celdas), donde su población mostró menores frecuencias de consumo. En los establecimientos penitenciarios de menor tamaño (menos de 100 celdas) la prevalencia de consumo fue más similar a la encontrada en las prisiones medianas. El intervalo de consumo en las prisiones más grandes respecto a las más pequeñas fue de un 26,5%, pasando de un 45% al 71,5%, y con diferencias de un 36,3% en determinados establecimientos.

Se observa que las prisiones de nueva construcción, caracterizadas por una mayor capacidad, muestran significativamente frecuencias de consumo superiores a las del resto de las prisiones, así como diferencias significativas en función del tamaño de la prisión. Desde nuestro punto de vista, las investigaciones futuras deberían prestar más atención a la capacidad de la prisión, con el fin de poder explicar en profundidad esta variación, teniendo en cuenta variables de interés como el estado civil, la violencia física previa, los antecedentes de consumo y el tipo de delito.

Las principales limitaciones a tener en cuenta en la investigación que se presenta fueron, en primer lugar, que al tratarse de cuestionarios autocumplimentados por los propios participantes y en relación al consumo de sustancias prohibidas en prisión, los internos pueden no haber respondido algunas preguntas para evitar posibles consecuencias6,11. El uso de pruebas biológicas para determinar el consumo de alcohol y drogas, y la inclusión de diferentes informantes, podrían ser medios fiables, pero debemos considerar las dificultades de la realización de este tipo de pruebas en la población penitenciaria. En segundo lugar, la mayor parte del trabajo de campo se realizó en prisiones ubicadas en el sureste y en el centro de la península, con el fin de optimizar los recursos económicos y personales existentes, de modo que no podemos generalizar los resultados obtenidos al conjunto de la población penitenciaria en España.

A pesar de las limitaciones expuestas, y desde el punto de vista de los autores, la principal fortaleza reside en ser el primer estudio realizado en España que pretende analizar y determinar los factores internos y externos vinculados al consumo de drogas en la población penitenciaria. La información aportada puede servir como base para la realización de posteriores estudios, ya que los resultados apuntan en unas direcciones muy determinadas, así como para la elaboración de estrategias preventivas ante este tipo de conductas en el ámbito penitenciario en función de la dimensión de la prisión.

En conclusión, los resultados de la presente investigación muestran que las frecuencias de uso de drogas ilícitas entre personas privadas de libertad son muy altas, y que están relacionadas con características sociodemográficas previas y penitenciarias. La alta proporción de reclusos con antecedes de consumo de drogas y sus características deberían ser valorados e implicados en mayor medida en los programas de tratamiento contra el consumo de drogas que se realizan en prisión, con el fin de mejorar las condiciones de salud durante el cumplimento de la condena. De este modo, la prisión debería proporcionar la primera oportunidad para que las personas con problemas de consumo reciban un tratamiento adecuado, facilitando su posterior reinserción social tras el cumplimento de la condena.

El/la autor/a principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Alberto Ruano-Ravina.

F.C. Sánchez y M. Falcón prepararon el protocolo de actuación y realizaron el trabajo de campo, así coma la informatización y el análisis de los datos, además de elaborar el marco teórico en función de la literatura previa. A. Luna definió el trabajo y la muestra, y contribuyó sustancialmente a su análisis y orientación introduciendo importantes contribuciones y orientaciones al contenido del presente trabajo. La primera versión del manuscrito fue preparada por F.C. Sánchez y M. Falcón. Todos los autores contribuyeron a las sucesivas versiones y aprobaron la versión final del manuscrito.

A la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al Área de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia, y especialmente a los internos que participaron de manera totalmente voluntaria y desinteresada en este estudio.

Ninguna.

Ninguno.