¿Puede considerarse política pública aquello que no dispone de los medios para ejecutarse? Los hallazgos recientes del estudio de Health4EUKids, publicado en Gaceta Sanitaria1, reflejan la realidad en la que nos encontramos y no debemos ignorar. La obesidad infantil se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden, no solo por su impacto clínico, sino también por sus importantes consecuencias psicosociales, tales como discriminación, acoso escolar y estigma social, que comprometen la calidad de vida y el bienestar de quienes la padecen.

Resulta sorprendente que el 92% de las políticas europeas analizadas en este estudio declaren un enfoque integral. Sin embargo, es profundamente preocupante la gigantesca «brecha de implementación»: solo el 41% de estos programas confirman una financiación suficiente y solo el 29% una asignación adecuada de recursos humanos para su ejecución. Más que una limitación concreta, estos datos revelan un fallo estructural: sin inversión real, las políticas pierden su capacidad transformadora para convertirse en simples declaraciones simbólicas2.

La precariedad de recursos es un escenario que se traduce directamente en carencias tangibles en la práctica clínica diaria, convirtiéndola así en insuficiente y frágil. Es alarmante que el 80% de los programas no implementen acciones de soporte a la salud mental y el bienestar emocional, dejando al equipo médico sin herramientas para abordar y tratar la situación psicológica del paciente. La ausencia de componentes de salud mental en los programas de obesidad infantil resulta angustiante, dado que los niños con obesidad tienen un 32% más de probabilidades de tener o desarrollar depresión en comparación con los niños con un peso saludable1,2.

Por otro lado, la labor educativa en la consulta se ve limitada y dificultada externamente, ya que solo el 13% de las políticas regulan o controlan la publicidad y el marketing de alimentos poco saludables dirigidos a los niños, siendo las regulaciones sobre los medios digitales las menos comunes y las restricciones en televisión las más comunes3.

Si esta discrepancia entre el discurso político y la implementación real no se corrige, la obesidad infantil se convertirá en un evidente indicador del fracaso estructural de nuestras políticas públicas. Reconocer el problema y mantener políticas sin recursos no es suficiente si de verdad queremos revertir la obesidad infantil. Es imprescindible transformar los compromisos y las declaraciones teóricas en intervenciones y acciones efectivas respaldadas por recursos reales. En salud pública, las políticas que no se implementan no son insuficientes, son fallidas.