Se ha estimado que, en el año 2012, casi medio millón de personas perdieron la vida en el mundo por homicidios intencionados. El 79% de las víctimas y el 95% de los homicidas fueron hombres1. Sin embargo, el homicidio asociado a la violencia de pareja o análogo y la violencia intrafamiliar afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Concretamente, en el año 2012 fueron asesinadas 43.600 mujeres por esta causa, frente a 20.000 hombres, lo que representa el 47% de los homicidios en las mujeres frente al 6% de los homicidios en los hombres1. En España, la tasa de homicidios en el año 2012 fue de 0,8 muertes por 100.000 habitantes (264 muertes). El 65,7% fueron hombres y el 34,4% mujeres1. Con respecto a los casos ocurridos en el contexto de la relación de pareja o análogo, en el año 2011, 69 hombres y mujeres fueron asesinados/as, y el 89,9% fueron feminicidios por violencia de pareja2, esto es, mujeres asesinadas por su pareja o análogo por razones de género3.

En las últimas décadas, distintos estudios han tratado de desarrollar marcos teóricos que permitan avanzar en el conocimiento, los factores de riesgo y la prevención de la violencia de pareja contra la mujer (VPM), que tiene como resultado más extremo el feminicidio4. El Modelo Ecológico Integral de Lory Heise5, revisado por la Organización Mundial de la Salud en 20036, ha sido ampliamente utilizado en el ámbito de la salud pública. Dicho modelo conceptualiza la VPM como un fenómeno multidimensional en el que interactúan variables individuales y relacionales, y factores comunitarios y sociales.

En relación con los factores de riesgo individuales, se ha observado que el riesgo de feminicidio se asocia con ser inmigrante7, pertenecer a una minoría étnica7,8, tener una pareja o ex pareja desempleada9, y el consumo de alcohol o drogas por uno o ambos miembros de la pareja8. Entre los factores de riesgo relacionales destacan la convivencia sin una unión legal10, la presencia de hijos/as de uniones anteriores8,9, la decisión de ruptura de la relación por parte de la mujer8, la existencia de violencia previa en la pareja8, la VPM durante el embarazo11, los celos9 y la diferencia de edad en la pareja11. En cuanto a los factores comunitarios, se encuentran, entre otros, la oferta, el acceso, el uso y la respuesta de los recursos legales dirigidos a las mujeres expuestas a la VPM12,13. Entre estos, la denuncia al agresor es un instrumento ampliamente priorizado por las instituciones públicas14, ya que permite al Estado adoptar medidas penales o civiles, así como prestar asistencia y protección social a las mujeres15,16. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no existen estudios que analicen la efectividad de las denuncias en la reducción del riesgo de feminicidio por VPM.

Se plantea este estudio con el objetivo de analizar las características asociadas al riesgo de feminicidio en España en mujeres expuestas a la VPM y su posible asociación con las denuncias a los agresores.

Se realizó un estudio de casos y controles retrospectivo para el periodo comprendido entre 2010 y 2011.

Los casos fueron las mujeres de 18 años y más de edad, asesinadas por su pareja o análogo, durante el periodo 2010-2011. La información de los feminicidios en los cuales, con anterioridad a la muerte, se había tramitado un procedimiento judicial, se obtuvo de los informes 2010-2011 publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)2,17. Estos informes incluyen un extracto de cada mujer mayor de 15 años asesinada por su pareja o análogo que había tramitado una denuncia con anterioridad a la muerte. Además, describen de forma agregada el total de los feminicidios por VPM en el año correspondiente. La información individualizada de los feminicidios en que no había denuncia previa se obtuvo de las noticias de prensa, localizadas a través de los enlaces que facilita la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas18. El proceso de selección de los casos queda descrito en la figura 1. El número total de casos incluidos fue de 135.

Figura 1.

Descripción del proceso de selección de los casos.

(0.34MB).

Los controles analizados proceden de la Macroencuesta de Violencia de Género 2011, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el marco de un convenio establecido con el actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La encuesta incluye mujeres de 18 y más años de edad que residen en España. El ámbito de la encuesta es nacional, si bien se excluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se incluyeron como controles aquellas mujeres que declararon haber sido maltratadas en el último año por su pareja o análogo. La exposición a la VPM durante el último año se recogió mediante las siguientes preguntas: 1) «Durante el último año, ¿en alguna ocasión ha sufrido alguna situación por la que usted se haya considerado maltratada por su pareja/marido?, y 2) «Durante el último año, ¿en alguna ocasión ha sufrido alguna situación por la que usted se haya considerado maltratada por su ex pareja/ex marido? La información metodológica detallada, los microdatos y el cuestionario de la Macroencuesta están disponibles en la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas19. El proceso de selección de las mujeres controles se muestra en la figura 2. El número total de controles fue de 185.

Figura 2.

Descripción del proceso de selección de los controles.

(0.37MB).

En el periodo 2010-2011 fueron asesinadas 135 mujeres por su pareja o análogo, 74 en el año 2010 y 61 en el año 2011. En 37 casos hubo una denuncia previa a la muerte. Las variables disponibles, tanto en casos como en controles, se describen en la tabla 1.

La edad media de las mujeres asesinadas fue de 41 años (IC95%: 39,1-43,0). El lugar de origen más frecuente fue España (60,3%), seguido de América (17,6%). El 19,2% de las mujeres inmigrantes asesinadas procedía de Ecuador, el 17,3% de Marruecos y el 9,6% de Bolivia. Las mujeres inmigrantes asesinadas eran mayoritariamente (57,7%) menores de 35 años, mientras que entre las mujeres españolas asesinadas las menores de 35 años constituían un 25,4%.

De las 75 mujeres en las que se conoce la existencia o no de hijos/as menores de edad, 49 (65,3%) tenían hijos/as menores en el momento de su asesinato. Este porcentaje fue mayor en las mujeres inmigrantes (82,3%) que en las españolas (54,3%).

La diferencia de edad entre las mujeres y sus agresores fue de 7 años de media (IC95%: 6-8 años), siendo la edad de los hombres mayor que la de las mujeres. El lugar de origen más frecuente entre los agresores, recogido en 130 asesinatos, fue España (60,8%), seguido de América (19,2%).

De las 98 mujeres asesinadas de las que conocemos su situación de convivencia, el 63,3% convivía con su agresor en el momento del asesinato. De 17 mujeres pudo conocerse el tiempo de convivencia con su agresor, siendo la mediana de 8 años y el rango intercuartílico (RIC) de 6-21 años.

De todas las mujeres asesinadas en 2010 y 2011, 37 (27,4%) habían interpuesto previamente al menos una denuncia por VPM. En concreto, 13 mujeres presentaron más de una denuncia (35,1%). El tiempo transcurrido desde la primera denuncia hasta su asesinato presenta una gran heterogeneidad (mediana: 154 días; RIC: 43-444). La relación de ex pareja con el asesino es mayor entre las mujeres denunciantes que entre las no denunciantes (69,9% frente a 33,0%). En relación a las medidas penales de protección, el 54% de las mujeres denunciantes tenían vigente dicha medida en el momento de la muerte. De los 26 casos (70,3% de las denunciantes) de los que se conoce información sobre la VPR tras la denuncia, en uno (3,8%) el protocolo calificó de riesgo extremo la situación de la mujer y en dos (7,7%) de riesgo alto. La mayoría de los casos fueron catalogados de riesgo medio (23,1%) o bajo (34,6%). En tres casos (11,5%) no se apreció riesgo alguno y en cinco casos (19,2%) no se realizó dicha valoración.

No se encontró asociación entre denunciar al agresor y el riesgo de ser asesinada (OR: 1,38; IC95%: 0,68-2,79) (tabla 2). Las mujeres inmigrantes expuestas a VPM registraron una mayor probabilidad de ser asesinadas por su pareja o análogo que las mujeres españolas (OR: 5,38; IC95%: 2,41-11,99). También se observó una mayor probabilidad de feminicidio en las mujeres expuestas a VPM que vivían en zonas rurales en comparación con las que vivían en municipios mayores de 10.000 habitantes (OR: 2,94; IC95%: 1,36-6,38).

Tras comparar, con una prueba de ji al cuadrado, la distribución de los asesinatos en nuestra muestra con la información agregada de los asesinatos publicada en los informes del CGPJ2,17 no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la edad y la nacionalidad de las mujeres, el tamaño del municipio de residencia, la existencia de alguna denuncia previa y su relación con el agresor.

Durante el periodo 2010-2011, aproximadamente una de cada cuatro mujeres asesinadas había presentado una denuncia contra su agresor. Entre las mujeres denunciantes y asesinadas, el 54% tenía vigente una medida penal de protección en el momento del asesinato. En cinco de cada siete mujeres asesinadas y denunciantes hay información de la VPR a la que estaba expuesta la mujer. En el 11,5% de los casos, dicho protocolo consideró que el riesgo era extremo o alto, y en el 46,1% se consideró bajo o inexistente. No se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre denunciar al agresor y el riesgo de ser asesinada. Se ha encontrado un mayor riesgo de feminicidio en las mujeres inmigrantes (ref.: mujeres españolas) y en las mujeres que viven en zonas rurales (ref.: municipios >10.000 habitantes).

En línea con nuestros resultados, Vives-Cases et al.20 no encontraron asociación en el ámbito de una comunidad autónoma entre la tasa de mortalidad por VPM y la tasa de denuncias, a pesar de identificar una correlación positiva entre la tasa de denuncias por VPM y la prevalencia de VPM21. No observar asociación entre la denuncia y el riesgo de muerte es un hecho paradójico que requiere un abordaje en profundidad, ya que la denuncia es la puerta de entrada para la adopción de medidas legales de protección a las mujeres. Para la interpretación de este resultado, cabe tener en cuenta que, en este estudio, el 54% de las mujeres asesinadas que había denunciado previamente tenía una medida de protección penal vigente en el momento de su asesinato, y sólo el 11,5% de las mujeres denunciantes se encontraba, según el protocolo de VPR, en una situación de riesgo alto o extremo. Este aspecto podría tener importantes implicaciones en la prevención del feminicidio, puesto que cada nivel de riesgo obtenido en dicho protocolo lleva implícitas unas medidas policiales de protección de obligado cumplimiento22. Dada la baja sensibilidad de este instrumento para identificar a las mujeres en riesgo de feminicidio, los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Justicia e Interior de España anunciaron, en 2014, la reforma y la mejora del mismo, implementación que está actualmente pendiente23. En España, hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe ningún estudio sobre la efectividad de las órdenes de protección en la prevención del feminicidio. Por otra parte, los estudios internacionales sobre la efectividad de medidas judiciales concretas, como son las órdenes de protección sobre la reexposición de las mujeres a la VPM24, son difícilmente extrapolables a la realidad española, dada la heterogeneidad existente tanto en el tipo órdenes de protección como en su aplicación25.

Las mujeres inmigrantes expuestas a la VPM tienen un riesgo cinco veces mayor de ser asesinadas que las mujeres españolas. Este resultado es coherente con lo ya observado hace casi una década en un estudio publicado en esta revista por Vives-Cases et al.26, que muestra cómo la tasa de feminicidio por VPM durante el periodo 1999-2006 en España fue 5,3 veces mayor en las mujeres inmigrantes que en las españolas. Las mujeres inmigrantes en España tienen un mayor riesgo de sufrir VPM27,28 y también tienen un mayor riesgo de ser asesinadas cuando se encuentran expuestas a dicha violencia. En este sentido, un artículo publicado por Sanz et al.28 describe que, entre las mujeres que tienen hijos/as menores, ser inmigrante aumenta 1,9 veces el riesgo de sufrir VPM en comparación con las mujeres españolas. En nuestro trabajo, así como se ha referido en estudios previos27,28, la prevalencia de hijos/as menores en las mujeres expuestas a la VPM es mayor en la población inmigrante que en la población española. A pesar de ser esta una variable incluida en los modelos de regresión, el alto porcentaje de falta de respuesta podría estar dificultando el correcto ajuste por la misma.

Trabajos previamente publicados muestran cómo las mujeres inmigrantes expuestas a la VPM tienen más barreras para acceder y utilizar los recursos legales, y por tanto podrían tener una menor protección29. El desconocimiento de los recursos, la percepción de discriminación, las diferencias culturales, el miedo a la deportación y el racismo han sido identificados como barreras que disminuyen el uso de los recursos formales de ayuda dirigidos a mujeres expuestas a la VPM, lo que dificulta la puesta en marcha de medidas que protejan a estas mujeres29,30.

Las mujeres que viven en entornos rurales tienen mayor riesgo de ser asesinadas que las que viven en entornos urbanos. Recientemente, un gran número de trabajos han tratado de identificar el efecto del contexto geográfico y social sobre el riesgo de feminicidio por VPM31. Estudios realizados en los Estados Unidos muestran cómo en el medio rural la VPM es más prevalente y se caracteriza por presentar una mayor severidad32. En España, la información es escasa y heterogénea. Un estudio publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad muestra cómo la desigualdad de género, la presión y el control social, así como la dificultad para acceder a los recursos legales en una situación de VPM, son mayores en el medio rural33. Una mayor tolerancia y normalización de la VPM en el medio rural podría explicar por qué, en dicho contexto, actualmente no se aprecia un incremento de la prevalencia de la VPM34, pero sí un mayor riesgo de feminicidio, tal como indican nuestros resultados.

Sobre las limitaciones de este trabajo cabe comentar, en primer lugar, en relación a la calidad de la información obtenida a través de las noticias publicadas en prensa, que ninguna de las variables incluidas en nuestro análisis presenta diferencias significativas con la información publicada por el CGPJ. La única variable que en los medios de comunicación registró un número de valores perdidos elevado fue la existencia de hijos/as menores en la pareja, variable no recogida por el CGPJ. Por otra parte, cabe señalar, dado que la exposición a la VPM en los controles es una variable referida por las mujeres, que los controles pueden estar expuestos a sesgos de selección y de información. En relación a los sesgos de selección, es posible que mujeres maltratadas no se perciban como tales; ahora bien, ser consciente del maltrato es una condición necesaria para decidir denunciar o no al agresor, y de ahí la necesidad de trabajar con la VPM percibida. Por otra parte, podría existir un sesgo de información, concretamente un sesgo de deseabilidad social, y que el porcentaje de mujeres que se declaren maltratadas sea inferior al porcentaje de mujeres que se perciben maltratadas. Si las mujeres que se perciben maltratadas, pero no lo declaran en la encuesta, hubiesen realizado un menor uso de la denuncia que el resto de los controles, nuestros resultados podrían estar sesgados hacia la nulidad. La Macroencuesta no da información sobre el agresor, el tipo de convivencia ni el nivel de conflictividad en la pareja, variables que podrían asociarse con el riesgo de feminicidio. En relación con el ámbito geográfico donde ocurren los feminicidios, la Macroencuesta no incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este sentido es importante señalar que, durante el periodo de tiempo estudiado, en estas ciudades autónomas no se produjo ningún feminicidio por VPM. Finalmente, hay que indicar que en la Macroencuesta podría haber una infrarrepresentación de las mujeres inmigrantes35, que tienen un mayor riesgo de VPM27,28, y posiblemente mayores barreras de acceso a los servicios policiales29.

A modo de conclusión, según los resultados de este estudio, cabe destacar que la denuncia judicial al agresor no parece modificar el riesgo de feminicidio entre las mujeres expuestas a VPM. Las medidas de protección deberían extremarse en las mujeres inmigrantes y las mujeres que viven en el medio rural, dada la vulnerabilidad detectada en estos grupos.

Napoleón Pérez-Farinós.

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Ninguna.

B. Sanz Barbero diseñó el estudio, lo dirigió y realizó, junto con J. Heras-Mosterio, la recogida de datos y su análisis, y redactó el manuscrito. J. Heras-Mosterio participó en el diseño del estudio, realizó junto con B. Sanz Barbero la recogida de datos y su análisis, y escribió un primer borrador del artículo. L. Otero García participó en la concepción del trabajo e hizo importantes aportaciones intelectuales en el proceso de discusión de los borradores del artículo. C. Vives-Cases participó en la concepción y el diseño del estudio e hizo importantes aportaciones intelectuales en el proceso de elaboración y discusión de los borradores del artículo. Las autoras y el autor de este manuscrito han dado su aprobación a la versión final para su publicación.

Ninguno.