La gestión sanitaria estuvo marcada en los años 1990 en España por el «Informe Abril», que diagnosticaba un agotamiento del modelo sanitario vigente e incluía, entre otras recomendaciones, la de crear estructuras asistenciales más flexibles y autónomas, así como separar la financiación y la provisión de servicios, lo que llevó a las diferentes comunidades autónomas a poner en marcha iniciativas conocidas como nuevos modelos de gestión.

Dentro de esta dinámica, la Junta de Andalucía creó un modelo de hospitales, denominado «empresas públicas», cuyo primer centro fue el Hospital Costa del Sol (Marbella, Málaga), inaugurado en 1993, al que siguieron el Hospital de Poniente, el Hospital Alto Guadalquivir y la empresa pública Bajo Guadalquivir.

Las empresas públicas tenían, entre otras particularidades, las del modelo laboral en la contratación de profesionales, la selección del personal mediante examen seguido de entrevista, una parte importante del sueldo ligada a la consecución de objetivos, convenio colectivo propio, un sistema de control de gestión con cuentas de resultados para los servicios y la existencia de tesorería propia.

Durante sus primeros años de funcionamiento, las empresas públicas se pusieron como ejemplo de eficiencia por la Junta y se llegó a plantear que todos los hospitales que se fueran inaugurando lo hicieran conforme a este modelo organizativo, como así ocurrió hasta 2016. Los informes de aquella época, como las auditorías de la Cámara de Cuentas, destacaban el valor del nuevo modelo organizativo1.

En 2011, dentro de la reordenación del sector público de Andalucía, se cambió el nombre a las empresas públicas por el más complicado de «Agencias Públicas Empresariales Sanitarias», y en 2013 se decretó su adscripción funcional al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los trabajos académicos sobre el funcionamiento de las agencias y otros hospitales con personalidad jurídica propia han concluido mayoritariamente que dichos modelos organizativos mejoran la eficiencia del modelo sanitario público y han recomendado su extensión2–4.

A comienzos de 2019 se produjo un cambio político en el gobierno de la Junta de Andalucía. En 2020, el nuevo gobierno contrató a empresas auditoras privadas para evaluar lo que se denominó «sector instrumental de la Junta», en el que se incluyeron las agencias sanitarias. Los informes de dichas auditorías especificaban que «el modelo de gestión que están realizando las Agencias ha mostrado ser más ágil y flexible que el modelo que siguen los hospitales tradicionales», pero a la vez se recomendaba que «se integren dentro del SAS pasando a ser de régimen administrativo»5.

En julio de 2021 se publicó el decreto por el que se inició el proceso de extinción de las agencias sanitarias y su integración en el SAS, que debe concluir a principios de 2022, por lo que las agencias sanitarias de Andalucía pronto serán historia.

Los historiadores saben de la importancia del relato para plasmar y transmitir a la posteridad lo que ocurrió en un episodio histórico. Las agencias sanitarias de Andalucía merecen pasar a la historia como un modelo organizativo que permitió durante casi tres décadas atender a los pacientes con efectividad clínica, calidad asistencial y eficiencia en el uso de los recursos públicos.