Pero otros intereses económicos detrás del Tratado de Libre Comercio son los de la industria de servicios, incluyendo los servicios sanitarios, que han sido un área de dominio público (en cuanto a su financiación y gestión) en la mayoría de los países de la Unión Europea. Una característica del modelo estadounidense ha sido la comodificación de tales servicios, con su consecuente mercantilización. Las consecuencias de esta situación son múltiples, pero destacan: 1) la enorme carestía del sector sanitario (ningún otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] gasta tanto en su sector sanitario como los Estados unidos, un 16% de su producto interior bruto); 2) sus enormes costes administrativos, siendo el sistema estadounidense el que tiene mayor carga administrativa (que representa el 31% de todo el gasto sanitario); 3) su elevado coste personal, siendo la inviabilidad para pagar las facturas médicas la causa del 60% de todas las bancarrotas familiares, que alcanza su máxima expresión en que el 39% de los pacientes terminales declaran estar preocupados o muy preocupados sobre cómo ellos o sus familiares pagarán sus facturas; 4) su insuficiente cobertura sanitaria, proveída por los aseguramientos privados; 5) su alto grado de insatisfacción con el sistema de financiación y gestión de la atención sanitaria, siendo el país de la OCDE que tiene mayor grado de descontento, con un alto porcentaje de la población (32%) que desearía una renovación total del sistema2.

Estos indicadores negativos han ido aumentando en la medida en que también se ha ido extendiendo la mercantilización de la sanidad, lo cual ha forzado una intervención pública, con la aprobación del programa, coloquialmente definido como Obamacare (The Patient Protection and Afordable Care Act [PPACA]). Estas reformas han corregido algunas de las situaciones más dramáticas sin resolver, sin embargo, el problema mayor, que es la insuficiente cobertura sanitaria, consecuencia de no tocar el núcleo del sistema sanitario, que es el control de la financiación y de la gestión sanitaria por parte de las compañías de aseguramiento sanitario privado, tal como podría ocurrir en España si se aprobara el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea.

No hay duda de que el Tratado de Libre Comercio extenderá esta mercantilización de los servicios sanitarios, pues es, ni más ni menos, que el intento de expansión del modelo sanitario estadounidense a Europa, donde en la gran mayoría de los sistemas nacionales de salud la financiación y la gestión públicas tienen un protagonismo inexistente en los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio intenta la comercialización y la mercantilización del sector sanitario, transformándolo de un derecho humano a una mercancía, gestionada por las compañías de seguros. Esto ya está ocurriendo en Cataluña, donde la privatización del sector ha conseguido, bajo un gobierno liberal, su máxima expresión. Hemos visto cómo empresas de capital riesgo están expandiendo su inversión en centros privados, como Teknon, Quirón, Sagrat Cor y otros.

Pero, además de los indicadores que he señalado, hay otros que merecen ser destacados en este análisis de las consecuencias de tal mercantilización de la sanidad: el deterioro de la calidad de la atención sanitaria. La evidencia acumulada sobre tal deterioro, intrínseco en su comercialización, es robusta y convincente. Los trabajos del fundador del movimiento de la «medicina basada en la evidencia», el Dr. Gordon Guyatt, Catedrático de Medicina de la McMaster University, de Hamilton, en Canadá, han mostrado claramente que la dinámica mercantil de poner como prioridad aumentar los beneficios económicos entra en conflicto con la calidad de la atención médica, pues las empresas mercantiles, en su intento de optimizar los beneficios de sus gestores y accionistas, hacen ahorros, como en personal y en infraestructuras, que afectan negativamente la calidad de la atención3. Es más, tales empresas mercantiles tienden a escoger los pacientes, seleccionando los más rentables a costa de los menos rentables, que se remiten al sector público.

De tal manera, esta mercantilización va inevitablemente acompañada de un deterioro del sector público –como es también obvio en Cataluña–, poniendo a este en una situación subsidiaria respecto del sector privado, polarizándose así todavía más el sector sanitario por clase social, con el 20% de la población de renta superior atendido por servicios privados gestionados por compañías de seguros privados, y el resto, el 80%, cubierto por la sanidad pública, polarización que, como también muestra la experiencia en Cataluña, desfavorece tanto a los unos como a los otros, pues el aseguramiento privado es insuficiente para cubrir todas las necesidades sanitarias, y tiene que parasitar el sistema público cuando la enfermedad es crónica o especialmente cara y costosa en su atención sanitaria.

Una última observación: hay que concienciarse de que la experiencia de los mal llamados tratados de libre comercio genera unas dinámicas mercantiles que pueden afectar negativamente los servicios públicos tales como la sanidad. De ahí la urgencia de que los profesionales sanitarios se movilicen para demandar una plena transparencia (hoy inexistente) en el proceso de elaboración de tales tratados, exigiendo además a las autoridades públicas, representantes de la ciudadanía, que antepongan los intereses generales del país a los intereses particulares de carácter económico y financiero que tienen un impacto negativo en la salud y el bienestar de la población.

Autor único.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.