Hace un año se publicó un artículo que proponía implementar en España un programa de compensación de daños por acontecimientos adversos relacionados con vacunas1. Identificaba la existencia de programas similares en 19 países, exponía las razones que lo justifican y efectuaba recomendaciones para acometerlo1. Cinco meses después, el 25 de noviembre de 2013, se presentó al pleno del Congreso de Diputados la propuesta de un grupo parlamentario cuyo contenido es una versión extractada del mencionado artículo2. Fue formulada en primera instancia como proposición no de ley y, posteriormente, como pregunta al gobierno con solicitud de respuesta escrita.

El hecho inusual de que un texto científico llegue al Congreso sorprende menos que la respuesta dada por el gobierno: «En relación con el asunto interesado hay que considerar que las vacunas han pasado por diferentes procesos de producción hasta hacerse más seguras y hoy en día se asocian en menor medida a problemas de calidad. Por otro lado, la experiencia adquirida en campañas (por ejemplo, durante la vacunación de la gripe) en las que millones de personas reciben al mismo tiempo el medicamento ha reforzado la capacidad de farmacovigilancia. Los antecedentes existentes en España y los mecanismos jurídicos de responsabilidad de las empresas productoras se consideran garantía suficiente»3. Una elusiva contestación que rechaza la propuesta y deriva hacia la industria farmacéutica la responsabilidad de afrontar posibles daños.

El carpetazo gubernamental podría considerarse una anécdota si no fuera porque refleja las erráticas políticas públicas sobre vacunación desarrolladas en España desde hace años, caracterizadas por su fragmentación y descoordinación. La consecuencia directa es una pérdida de credibilidad de las vacunas como medida preventiva y como valor social que allana el terreno a la especulación y la inequidad. Baste como muestra el calendario vacunal “único”, que al final ha sido “común” e ignorado por las comunidades autónomas, que mantienen sus propios esquemas vacunales.

Por el contrario, en Francia, país con tradición legisladora sobre vacunas que implantó su programa de indemnización de daños hace 50 años1, se compensa tanto a las victimes de vaccinations obligatorias como a las de la gripe A (H1N1) 09 a través de su Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM, www.oniam.fr). Su gobierno interviene de forma activa dando valor a la vacunación mediante grupos de estudio en la Asamblea Nacional. Disponen además de una oficina encargada de facilitar la acción del Parlamento en materia científica y tecnológica, formada por 18 miembros de la Asamblea Nacional y otros tantos del senado, que el pasado mes de mayo celebró un debate abierto, prensa incluida, sobre la controversia de los adyuvantes vacunales y donde participaron la comunidad científica y los actores críticos, discutiendo alternativas o la posibilidad de una moratoria4.

La defensiva respuesta de nuestro gobierno manifiesta la polarización de la crisis sobre las vacunas en España orientada hacia su seguridad, calidad o eficacia, con una clara indiferencia hacia los aspectos relacionados con la vacunología social, esto es, los factores psicológicos, sociales y políticos que afectan a la confianza pública sobre las vacunas5.